Fiscal archiva investigaciones sobre esterilizaciones forzadas

ALERTA DEMUS (01/09/09)

El pasado 26 de mayo de 2009, el Fiscal Jaime José Schwartz Azpur de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, determinó NO formular denuncia penal contra los presuntos implicados y archivar definitivamente el caso que investigaba las esterilizaciones forzadas; las que fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.

Con esta resolución se pondría fin a la investigación fiscal, que se inició en el año 2002 y que involucra a 2, 074 mujeres denunciantes a nivel nacional, que incluye por lo menos 18 casos de fallecidas como consecuencia de la esterilización. Además esta investigación incluía a altas autoridades del Ministerio de Salud, como los ex Ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra entre otros involucrados.

Las mujeres afectadas en sus derechos reproductivos son en su mayoría campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza. Estas características, fueron aprovechadas por personal médico para lograr las metas de las esterilizaciones, vulnerando el derecho al consentimiento informado, a la libertad, a la salud, a la integridad y a la vida.

El archivamiento incluye también el caso emblemático del fallecimiento de la señora Mamerita Mestanza Ch. a consecuencia de una esterilización en Cajamarca, que fue objeto de un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1); en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar y sancionar a los responsables en este caso así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa antes mencionado.

La resolución señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos. Con esta resolución, desconoce que existió una política estatal, que mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, se llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas.

En este sentido, la resolución deja de lado que, por las características antes señaladas, los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos.
(1) Este caso fue copatrocinado por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el CRR.

Lima,1 de junio de 2009.

Elaboración de Alerta: Diana Portal
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
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