María Alejandra González Luna
IDL - Justicia Viva
(03/09/09)
En un acertado cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional de Madre de Dios ha declarado de interés regional la prevención, atención y protección de la población, frente al hostigamiento sexual, mediante la Ordenanza Regional Nº 018-2009-GRMDD/CR. Asimismo, ha creado el Comité Regional para la prevención, atención y protección de la población frente al hostigamiento sexual en la región Madre de Dios.
Este Comité tiene entre sus funciones la de distribuir información entre los trabajadores públicos y privados; realizar talleres de capacitación y módulos que promuevan la toma de conciencia y cambios en los patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual; implementar y promover acciones afirmativas para la prevención, atención y protección de la población frente a la violencia de género y hostigamiento sexual; elaborar un registro sobre denuncias, trámites y sanciones que sobre hostigamiento sexual se hayan realizado; y difundir información en los medios de comunicación a nivel regional.
El hostigamiento sexual típico consiste, de acuerdo a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley Nº 27942), en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía, o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Esta conducta es considerada como una forma de violencia hacia la mujer en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia - "Convención de Belém do Pará". Como sabemos, es la mujer quien generalmente es víctima de estos actos, lo que no significa que no haya varios varones agredidos de esta manera.
En el año 2007, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través del Plan anual de transferencias de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales del año 2007 (anexo del Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM), transfirió algunas funciones a los gobiernos regionales; entre ellas, las de formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual. Esta función también esta contemplada en el artículo 60, inciso “c” de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867.
Sin embargo, a pesar de las normas señaladas, varios gobiernos regionales prefieren invertir sólo en infraestructura, debido a que el resultado de estas obras se ve a corto plazo y por toda la población de la región, de tal manera que aumenta la aprobación de la gestión del gobierno regional de turno. No perciben la importancia de las obras de desarrollo humano, las que mejoran no sólo la calidad de vida de la víctima, sino también la de toda la población, ya que al reducir las cifras de violencia mejoran los lazos de confianza entre las personas, con lo que tenemos una sociedad cuyos miembros se relacionan mejor y tienen herramientas para ello.
Es por ello que felicitamos la iniciativa del Gobierno Regional de Madre de Dios, que toma un especial interés por combatir el hostigamiento sexual. Sobre todo, teniendo en cuenta que el presidente de la Corte de Madre de Dios, Tony Changaray Segura, se encuentra suspendido por la OCMA, como medida preventiva debido a que dos servidoras judiciales lo acusan de haberlas acosado sexualmente aprovechándose de su cargo.
Invitamos a que los demás gobiernos regionales sigan este ejemplo, el que esperemos no quede en el papel sino que sea implementado adecuadamente.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Emblemático. Magistratura está obligada a actuar con celeridad y diligencia para evitar impunidad
Sanción por retardo de la administración de justicia. Ocma suspende a jueza por no dictar medidas de protección oportuna
Dicha renuencia ponía a víctimas de violencia familiar en grave riesgo
Aissa Tejada
Abogada (*)
El Peruano, (28/08/2009)
En una resolución ejemplar, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial sancionó con 30 días de suspensión sin goce de haber a la Jueza del Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho (Queja Nº 7043-2008-OCMA) por el retardo en la administración de justicia en un proceso por violencia familiar que inició la señora E.B.B. en el 2006.
Pese a que, en dicho proceso, la ciudadana afectada solicitó, en reiteradas ocasiones, el otorgamiento de medidas de protección, la decisión judicial se produjo nueve meses después de haber sido solicitadas. Sin embargo, además de esta demora, las medidas fueron ejecutadas 10 meses después de dictarse la sentencia.
Según el consenso internacional, la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de sus DDHH, pero afecta a la sociedad en su conjunto. En razón de ello, los Estados deben prevenirla y sancionarla tanto en lo público como en lo privado.
En el Perú, la problemática de la violencia familiar contra la mujer es abordada en el TUO de la Ley Nº 26260, de protección frente a la violencia familiar, y su reglamento, aprobado mediante el DS Nº 002-98-JUS. Estas normas prescriben, entre otras, la obligación de jueces y fiscales de dictar las medidas de protección necesarias para proteger la integridad física y/o psicológica de la víctima, a su solicitud o de oficio.
Al establecer expresamente dicha obligación se procura evitar que se produzcan nuevos actos de violencia familiar y que, de ese modo, se generen mayores daños a la integridad física y/o psicológica de la víctima, o se le mantenga en situación de riesgo frente a posibles futuras agresiones. Sin embargo, a pesar de la existencia del referido marco normativo internacional y nacional, aún no se ha logrado el cumplimiento cabal y efectivo de las normas sin que se apliquen las sanciones que correspondan a los operadores y operadoras de justicia que se muestran renuentes a proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar.
(*) Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Dicha renuencia ponía a víctimas de violencia familiar en grave riesgo
Aissa Tejada
Abogada (*)
El Peruano, (28/08/2009)
En una resolución ejemplar, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial sancionó con 30 días de suspensión sin goce de haber a la Jueza del Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho (Queja Nº 7043-2008-OCMA) por el retardo en la administración de justicia en un proceso por violencia familiar que inició la señora E.B.B. en el 2006.
Pese a que, en dicho proceso, la ciudadana afectada solicitó, en reiteradas ocasiones, el otorgamiento de medidas de protección, la decisión judicial se produjo nueve meses después de haber sido solicitadas. Sin embargo, además de esta demora, las medidas fueron ejecutadas 10 meses después de dictarse la sentencia.
Según el consenso internacional, la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de sus DDHH, pero afecta a la sociedad en su conjunto. En razón de ello, los Estados deben prevenirla y sancionarla tanto en lo público como en lo privado.
En el Perú, la problemática de la violencia familiar contra la mujer es abordada en el TUO de la Ley Nº 26260, de protección frente a la violencia familiar, y su reglamento, aprobado mediante el DS Nº 002-98-JUS. Estas normas prescriben, entre otras, la obligación de jueces y fiscales de dictar las medidas de protección necesarias para proteger la integridad física y/o psicológica de la víctima, a su solicitud o de oficio.
Al establecer expresamente dicha obligación se procura evitar que se produzcan nuevos actos de violencia familiar y que, de ese modo, se generen mayores daños a la integridad física y/o psicológica de la víctima, o se le mantenga en situación de riesgo frente a posibles futuras agresiones. Sin embargo, a pesar de la existencia del referido marco normativo internacional y nacional, aún no se ha logrado el cumplimiento cabal y efectivo de las normas sin que se apliquen las sanciones que correspondan a los operadores y operadoras de justicia que se muestran renuentes a proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar.
(*) Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
7 de setiembre: “Día de los Derechos Cívicos de la Mujer"
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
Fecha conmemorativa en recuerdo del día en que se reconoció el derecho al voto a las mujeres en el Perú, vía la Ley Nº 12391 publicada el 7 de setiembre de 1955.
La conquista del derecho al voto para las mujeres fue el resultado del trabajo y la acción de muchas mujeres como Clorinda Matto de Turner, María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres quien proclamó el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad jurídica, entre otras.
Las mujeres que fueron por primera vez elegidas en 1956 para el Parlamento fueron las diputadas, Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco de Montesinos, María Eleonora Silva Silva, María Colina de Gotuzzo, Manuela Billinghurst, Matilde Pérez Palacio Carranza, Juana Ubilluz de Palacios y Carlota Ramos de Santolalla. Irene Silva de Santolalla fue elegida como senadora.
Desde esa fecha, las mujeres han ido ganado más posiciones en las esferas del poder formal y en las instancias de toma de decisiones, pese a ello, aun se constata la subrepresentació n en materia política. Reconociendo esta situación, la Organización de las Naciones Unidas alienta a los Estados miembros que adopten medidas para favorecer la mayor participación de las mujeres y a su vez eliminen las barreras para el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegidas. A nivel regional, el año 2007, en la X Conferencia Regional de la Mujer, Perú suscribió el "Consenso de Quito" que contiene el compromiso de avanzar hacia la paridad en la participación política de las mujeres. Existen compromisos expresos y vinculantes que el Estado peruano debe recordar y dar cuenta de su cumplimiento.
Hoy en el Perú, tenemos alrededor de 30% de mujeres en los tres niveles de gobierno. Para el Congreso 2006-2011, fueron elegidas 35 (29%) de mujeres. Para los municipios 28% de regidoras y para los gobiernos regionales, 28% de consejeras regionales. Este significativo incremento es resultado de la aplicación de la cuota electoral de género equivalente al 30%, adoptada en el Perú en 1997, también por impulso y acción de las mujeres. Pese a este incremento, aun estamos subrepresentadas en las instancias donde se toman decisiones que impactan en la vida de hombres y mujeres por lo que días como el 7 de setiembre, sirven para recordar que tenemos que seguir trabajando por mejorar los mecanismos para garantizar la efectiva participación política de las mujeres de todas las diversidades así como vigilar que las autoridades cumplan con los mandatos legales en esta materia.
Ad portas de los nuevos procesos electorales de los años 2010 y 2011, las mujeres tenemos que seguir trabajando porque se respete lo ya ganado y se sigan mejorando los mecanismos para lograr la igualdad real en materia política. El 7 de setiembre de cada año es una oportunidad para reconocer los avances, refirmarnos como ciudadanas y comprometernos con la agenda pendiente para el desarrollo con justicia, paz, democracia e igualdad de género que nos plantea nuestro país.
Lima, 7 de setiembre de 2009.
Programa Participación Política y Ciudadanía
Movimiento Manuela Ramos
Fecha conmemorativa en recuerdo del día en que se reconoció el derecho al voto a las mujeres en el Perú, vía la Ley Nº 12391 publicada el 7 de setiembre de 1955.
La conquista del derecho al voto para las mujeres fue el resultado del trabajo y la acción de muchas mujeres como Clorinda Matto de Turner, María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres quien proclamó el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad jurídica, entre otras.
Las mujeres que fueron por primera vez elegidas en 1956 para el Parlamento fueron las diputadas, Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco de Montesinos, María Eleonora Silva Silva, María Colina de Gotuzzo, Manuela Billinghurst, Matilde Pérez Palacio Carranza, Juana Ubilluz de Palacios y Carlota Ramos de Santolalla. Irene Silva de Santolalla fue elegida como senadora.
Desde esa fecha, las mujeres han ido ganado más posiciones en las esferas del poder formal y en las instancias de toma de decisiones, pese a ello, aun se constata la subrepresentació n en materia política. Reconociendo esta situación, la Organización de las Naciones Unidas alienta a los Estados miembros que adopten medidas para favorecer la mayor participación de las mujeres y a su vez eliminen las barreras para el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegidas. A nivel regional, el año 2007, en la X Conferencia Regional de la Mujer, Perú suscribió el "Consenso de Quito" que contiene el compromiso de avanzar hacia la paridad en la participación política de las mujeres. Existen compromisos expresos y vinculantes que el Estado peruano debe recordar y dar cuenta de su cumplimiento.
Hoy en el Perú, tenemos alrededor de 30% de mujeres en los tres niveles de gobierno. Para el Congreso 2006-2011, fueron elegidas 35 (29%) de mujeres. Para los municipios 28% de regidoras y para los gobiernos regionales, 28% de consejeras regionales. Este significativo incremento es resultado de la aplicación de la cuota electoral de género equivalente al 30%, adoptada en el Perú en 1997, también por impulso y acción de las mujeres. Pese a este incremento, aun estamos subrepresentadas en las instancias donde se toman decisiones que impactan en la vida de hombres y mujeres por lo que días como el 7 de setiembre, sirven para recordar que tenemos que seguir trabajando por mejorar los mecanismos para garantizar la efectiva participación política de las mujeres de todas las diversidades así como vigilar que las autoridades cumplan con los mandatos legales en esta materia.
Ad portas de los nuevos procesos electorales de los años 2010 y 2011, las mujeres tenemos que seguir trabajando porque se respete lo ya ganado y se sigan mejorando los mecanismos para lograr la igualdad real en materia política. El 7 de setiembre de cada año es una oportunidad para reconocer los avances, refirmarnos como ciudadanas y comprometernos con la agenda pendiente para el desarrollo con justicia, paz, democracia e igualdad de género que nos plantea nuestro país.
Lima, 7 de setiembre de 2009.
Programa Participación Política y Ciudadanía
Movimiento Manuela Ramos
Fiscal archiva investigaciones sobre esterilizaciones forzadas
ALERTA DEMUS (01/09/09)
El pasado 26 de mayo de 2009, el Fiscal Jaime José Schwartz Azpur de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, determinó NO formular denuncia penal contra los presuntos implicados y archivar definitivamente el caso que investigaba las esterilizaciones forzadas; las que fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Con esta resolución se pondría fin a la investigación fiscal, que se inició en el año 2002 y que involucra a 2, 074 mujeres denunciantes a nivel nacional, que incluye por lo menos 18 casos de fallecidas como consecuencia de la esterilización. Además esta investigación incluía a altas autoridades del Ministerio de Salud, como los ex Ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra entre otros involucrados.
Las mujeres afectadas en sus derechos reproductivos son en su mayoría campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza. Estas características, fueron aprovechadas por personal médico para lograr las metas de las esterilizaciones, vulnerando el derecho al consentimiento informado, a la libertad, a la salud, a la integridad y a la vida.
El archivamiento incluye también el caso emblemático del fallecimiento de la señora Mamerita Mestanza Ch. a consecuencia de una esterilización en Cajamarca, que fue objeto de un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1); en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar y sancionar a los responsables en este caso así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa antes mencionado.
La resolución señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos. Con esta resolución, desconoce que existió una política estatal, que mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, se llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas.
En este sentido, la resolución deja de lado que, por las características antes señaladas, los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos.
(1) Este caso fue copatrocinado por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el CRR.
Lima,1 de junio de 2009.
Elaboración de Alerta: Diana Portal
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
El pasado 26 de mayo de 2009, el Fiscal Jaime José Schwartz Azpur de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, determinó NO formular denuncia penal contra los presuntos implicados y archivar definitivamente el caso que investigaba las esterilizaciones forzadas; las que fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Con esta resolución se pondría fin a la investigación fiscal, que se inició en el año 2002 y que involucra a 2, 074 mujeres denunciantes a nivel nacional, que incluye por lo menos 18 casos de fallecidas como consecuencia de la esterilización. Además esta investigación incluía a altas autoridades del Ministerio de Salud, como los ex Ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra entre otros involucrados.
Las mujeres afectadas en sus derechos reproductivos son en su mayoría campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza. Estas características, fueron aprovechadas por personal médico para lograr las metas de las esterilizaciones, vulnerando el derecho al consentimiento informado, a la libertad, a la salud, a la integridad y a la vida.
El archivamiento incluye también el caso emblemático del fallecimiento de la señora Mamerita Mestanza Ch. a consecuencia de una esterilización en Cajamarca, que fue objeto de un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1); en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar y sancionar a los responsables en este caso así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa antes mencionado.
La resolución señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos. Con esta resolución, desconoce que existió una política estatal, que mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, se llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas.
En este sentido, la resolución deja de lado que, por las características antes señaladas, los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos.
(1) Este caso fue copatrocinado por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el CRR.
Lima,1 de junio de 2009.
Elaboración de Alerta: Diana Portal
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
Las Mujeres y la Memoria: A seis años de la entrega del Informe Final de la CVR
ALERTA DEMUS (27/08/09)
A fines de marzo del presente año se formalizó la creación de una Comisión que presidirá el proyecto del Museo de la Memoria. Sin embargo, nos encontramos en un contexto adverso a los procesos de justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado interno. En ese sentido, nos preguntamos por las intenciones políticas del Gobierno cuando asume la construcción de este proyecto pero por otro lado da señales claras de no tener un compromiso real con las víctimas del conflicto armado interno, cumpliéndose ya seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Muestras de ello son: el uso asistencialista que el gobierno le da a las reparaciones colectivas, desvirtuando su fin reparador; un Ministerio de Defensa que se niega a dar los nombres de los responsables directos de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, dificultando así los procesos de justicia; un recorte permanente al presupuesto que se asigna al Consejo de Reparaciones, llevándolo a una lenta extinción que no le permite terminar con la tarea que le fue asignada: registrar y acreditar a todos los afectados y afectadas, entre otros.
¿Tendremos algún día el tan esperado “Museo de la Memoria”?, ¿en un contexto como el que nos brinda este gobierno, ese museo será inclusivo de todos y todas?, tenemos algunas dudas.
A lo largo de estos años se viene intentando desvirtuar la importancia de recordar y seguir esclareciendo la verdad sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú. Se aduce que como sociedad no estamos preparados para ver la verdad, que se necesita que pasen muchas décadas para poder tener espacios de memoria o que esto sólo recrudecería conflictos que ya son parte del pasado. Consideramos éste y otros argumentos del mismo tipo como intentos por soslayar la intención política de negar la historia de los últimos 30 años de nuestro país y las consecuentes responsabilidades.
El Informe Final de la CVR, en su Plan Integral de Reparaciones, señala que "es importante ubicar espacios destinados a la memoria y el recuerdo del proceso"(1). Esto implica que el Estado Peruano tiene la obligación de construir espacios de memoria que tengan, además, el sentido de reparar simbólicamente a todos los peruanos y peruanas.
Nos preocupa entonces qué habrá en ese lugar destinado a mantener viva la memoria, y en ese sentido, nos adelantamos a posibles omisiones y a la invisibilización y la negación de un sector de la población y, por ende, de una parte de la historia de nuestro país.
La creación de memoria y los procesos de historización están inmersos en las relaciones de poder que subyacen a todos los vínculos en nuestra sociedad, por lo tanto siempre corremos el riesgo de reproducir, en el intento de reconstruir la memoria, dinámicas de exclusión y discriminación que niegan un lugar a sectores de la población y a procesos históricos complejos.
Sabemos que recordar y repensar la historia es también una forma de recobrar la identidad. Éste es un proceso doloroso y es frecuente el argumento de que es mejor “olvidar” como una forma de protegerse del dolor. Sin embargo la violencia emerge y aparece a través de síntomas, comportamientos y fenómenos sociales que muchas veces no pueden ser entendidos ni explicados a menos que se establezca un continuo con nuestro pasado y se sitúe los hechos dentro de una historia y un contexto social, cultural y político.
Como señala Costa(2) lo paradójico es que, desde la perspectiva de la salud mental, sabemos que es a través del recuerdo que se logra la elaboración del trauma, el cual de otra manera se conservaría intacto y llevaría a una repetición. La vía para el olvido, entendido en términos saludables, pasaría, necesariamente, por el procesamiento de las vivencias dolorosas, de lo indecible, lo incontable, transformándolo en una historia posible de ser narrada.
Exigimos respuestas a preguntas centrales: qué lugar tendrán en él las mujeres y las diferentes formas de afectación que sufrieron durante el conflicto armado, así como sus agencias y recursos, los cuales fueron también desplegados en tan difícil contexto.
Las mujeres fueron víctimas de tortura, violaciones sexuales, embarazos y abortos forzados, tocamientos y desnudamientos, trabajo forzado, esclavitud sexual. También hicieron frente a una serie de situaciones complejas como asumir la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las mujeres llegaron a constituir y liderar importantes organizaciones, impulsaron procesos de justicia y reparación, afrontaron el cuidado de sus hijos e hijas y asumieron la responsabilidad total de sus hogares cuando sus hombres fueron asesinados, desaparecidos; así como asumieron roles de liderazgo al interior de sus comunidades.
Las mujeres, sus diferentes vivencias, afectaciones e historias tienen que estar contenidos en dicho proyecto si es que realmente queremos una memoria de lo sucedido. Esta vez ¿desde quiénes y para quiénes se contará la historia de ellas?, ¿qué rol tendrán ellas en la construcción de su propia historia?
No olvidemos que en una sociedad machista como la nuestra, muchas veces las mujeres son invisibilizadas y este proyecto del Museo de la Memoria es una oportunidad para reivindicar el importante rol que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado, así como brindarles un espacio de reconocimiento en tanto víctimas de diferentes formas de violaciones a los derechos humanos por su condición de mujeres.
Si no queremos que este espacio se convierta sólo en un lugar que cumpla con ciertos parámetros estéticos, sino que realmente aporte al proceso de reconstrucción de nuestro país y en ese sentido a la salud mental de la sociedad debemos estar atentos y hacer un seguimiento a todo el proceso de construcción del mismo.
(1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IX, página 166.
(2) Costa, MP. (1998) “La elaboración: una tarea posible”, en Frente al espejo vacío. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Lima.
Lima,27 de agosto de 2009.
Elaboración de Alerta: Paula Escribens Pareja
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
A fines de marzo del presente año se formalizó la creación de una Comisión que presidirá el proyecto del Museo de la Memoria. Sin embargo, nos encontramos en un contexto adverso a los procesos de justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado interno. En ese sentido, nos preguntamos por las intenciones políticas del Gobierno cuando asume la construcción de este proyecto pero por otro lado da señales claras de no tener un compromiso real con las víctimas del conflicto armado interno, cumpliéndose ya seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Muestras de ello son: el uso asistencialista que el gobierno le da a las reparaciones colectivas, desvirtuando su fin reparador; un Ministerio de Defensa que se niega a dar los nombres de los responsables directos de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, dificultando así los procesos de justicia; un recorte permanente al presupuesto que se asigna al Consejo de Reparaciones, llevándolo a una lenta extinción que no le permite terminar con la tarea que le fue asignada: registrar y acreditar a todos los afectados y afectadas, entre otros.
¿Tendremos algún día el tan esperado “Museo de la Memoria”?, ¿en un contexto como el que nos brinda este gobierno, ese museo será inclusivo de todos y todas?, tenemos algunas dudas.
A lo largo de estos años se viene intentando desvirtuar la importancia de recordar y seguir esclareciendo la verdad sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú. Se aduce que como sociedad no estamos preparados para ver la verdad, que se necesita que pasen muchas décadas para poder tener espacios de memoria o que esto sólo recrudecería conflictos que ya son parte del pasado. Consideramos éste y otros argumentos del mismo tipo como intentos por soslayar la intención política de negar la historia de los últimos 30 años de nuestro país y las consecuentes responsabilidades.
El Informe Final de la CVR, en su Plan Integral de Reparaciones, señala que "es importante ubicar espacios destinados a la memoria y el recuerdo del proceso"(1). Esto implica que el Estado Peruano tiene la obligación de construir espacios de memoria que tengan, además, el sentido de reparar simbólicamente a todos los peruanos y peruanas.
Nos preocupa entonces qué habrá en ese lugar destinado a mantener viva la memoria, y en ese sentido, nos adelantamos a posibles omisiones y a la invisibilización y la negación de un sector de la población y, por ende, de una parte de la historia de nuestro país.
La creación de memoria y los procesos de historización están inmersos en las relaciones de poder que subyacen a todos los vínculos en nuestra sociedad, por lo tanto siempre corremos el riesgo de reproducir, en el intento de reconstruir la memoria, dinámicas de exclusión y discriminación que niegan un lugar a sectores de la población y a procesos históricos complejos.
Sabemos que recordar y repensar la historia es también una forma de recobrar la identidad. Éste es un proceso doloroso y es frecuente el argumento de que es mejor “olvidar” como una forma de protegerse del dolor. Sin embargo la violencia emerge y aparece a través de síntomas, comportamientos y fenómenos sociales que muchas veces no pueden ser entendidos ni explicados a menos que se establezca un continuo con nuestro pasado y se sitúe los hechos dentro de una historia y un contexto social, cultural y político.
Como señala Costa(2) lo paradójico es que, desde la perspectiva de la salud mental, sabemos que es a través del recuerdo que se logra la elaboración del trauma, el cual de otra manera se conservaría intacto y llevaría a una repetición. La vía para el olvido, entendido en términos saludables, pasaría, necesariamente, por el procesamiento de las vivencias dolorosas, de lo indecible, lo incontable, transformándolo en una historia posible de ser narrada.
Exigimos respuestas a preguntas centrales: qué lugar tendrán en él las mujeres y las diferentes formas de afectación que sufrieron durante el conflicto armado, así como sus agencias y recursos, los cuales fueron también desplegados en tan difícil contexto.
Las mujeres fueron víctimas de tortura, violaciones sexuales, embarazos y abortos forzados, tocamientos y desnudamientos, trabajo forzado, esclavitud sexual. También hicieron frente a una serie de situaciones complejas como asumir la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las mujeres llegaron a constituir y liderar importantes organizaciones, impulsaron procesos de justicia y reparación, afrontaron el cuidado de sus hijos e hijas y asumieron la responsabilidad total de sus hogares cuando sus hombres fueron asesinados, desaparecidos; así como asumieron roles de liderazgo al interior de sus comunidades.
Las mujeres, sus diferentes vivencias, afectaciones e historias tienen que estar contenidos en dicho proyecto si es que realmente queremos una memoria de lo sucedido. Esta vez ¿desde quiénes y para quiénes se contará la historia de ellas?, ¿qué rol tendrán ellas en la construcción de su propia historia?
No olvidemos que en una sociedad machista como la nuestra, muchas veces las mujeres son invisibilizadas y este proyecto del Museo de la Memoria es una oportunidad para reivindicar el importante rol que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado, así como brindarles un espacio de reconocimiento en tanto víctimas de diferentes formas de violaciones a los derechos humanos por su condición de mujeres.
Si no queremos que este espacio se convierta sólo en un lugar que cumpla con ciertos parámetros estéticos, sino que realmente aporte al proceso de reconstrucción de nuestro país y en ese sentido a la salud mental de la sociedad debemos estar atentos y hacer un seguimiento a todo el proceso de construcción del mismo.
(1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IX, página 166.
(2) Costa, MP. (1998) “La elaboración: una tarea posible”, en Frente al espejo vacío. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Lima.
Lima,27 de agosto de 2009.
Elaboración de Alerta: Paula Escribens Pareja
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
miércoles, 12 de agosto de 2009
Clinton Presents Plan to Fight Sexual Violence in Congo
New York Times
(11/08/2009)
The fetus died, Mrs. Clinton said, the woman was gravely injured and since there was no hospital nearby, villagers stuffed the woman’s wound with grass to keep her from bleeding to death.
“I’ve been in a lot of very difficult and terrible settings,” Mrs. Clinton said later. “And I was just overwhelmed by what I saw.”
“It is almost impossible to describe the level of suffering,” she said. Eastern Congo’s rape epidemic, she added, “is just horrific.”
Mrs. Clinton used her unprecedented visit — she is the first secretary of state to venture into the war zone here — to unveil a $17 million plan to fight Congo’s stunning levels of sexual violence, a problem she called “evil in its basest form.”
She announced that the American government would train doctors, supply rape victims with video cameras to document violence, send American military engineers to help build facilities and train Congolese police officers, especially female police officers, to crack down on rapists.
“This problem is too big for one country to solve alone,” Mrs. Clinton said after meeting with Congo’s president, Joseph Kabila. Her visit was part of a seven-nation Africa tour intended to strengthen relations with strategic African countries and to use American influence to stop Africa’s wars. She arrived Tuesday night in Abuja, Nigeria, and planned talks Wednesday with Nigerian officials.
Eastern Congo is home to the worst war on the continent right now, an intensely predatory conflict driven by a mix of ethnic, commercial, nationalist and criminal interests, in which various armed groups often vent their rage against women. The United Nations calls Congo the rape capital of the world and says hundreds of thousands of women have been raped in the past decade. Nothing so far — not 18,000 peacekeepers, not various regional peace treaties, not other high-level diplomatic visits — have stemmed the violence.
Recent Congo-Rwanda military operations along the volatile border may be making things worse. The operations have spawned revenge attacks that have driven more than 500,000 people from their homes. Dozens of villages of have been burned. Hundreds of villagers have been massacred. And countless women, and recently many men, have been raped. Often the rapists are Congolese soldiers.
Mrs. Clinton said she urged the Congolese government to do a better job of protecting its own people and to prosecute offenders in the Congolese military, which is notorious as one of the least disciplined, poorest paid armies anywhere.
“I spoke at length with President Kabila about the steps needed to be taken to protect civilians,” she said. “We believe there should be no impunity for the sexual and gender based violence, and there must be arrests and punishment because that runs counter to peace.”
Mrs. Clinton also addressed some of the conflict’s root causes, including Congo’s illicit mineral trade. In the words of Congo’s foreign minister, who also met with Mrs. Clinton on Tuesday, the country, with its rich trove of diamonds, gold, copper, tin, coltan and other minerals, is a “geological scandal.”
But Congo’s mines are often the unlawful prize of armed groups, and Mrs. Clinton said the world needed to take more steps to regulate the mineral trade to make sure the profits do not end up “in the hands of those who fuel the violence.”
After the official meetings, Mrs. Clinton and her heavily guarded entourage toured a refugee camp on the outskirts of Goma where 18,000 people are camped out on a field of volcanic rock. One of the first people she met was an aid worker who rattled off the problems: malaria, diarrhea, hunger, difficulties breathing because of all the dust, and of course, constant insecurity. The aid worker told Mrs. Clinton that an 8-year-old boy who had strayed out of the camp was raped the other day.
“Really?” Mrs. Clinton asked.
“Really,” he answered.
Then she met Chantal Mapendo, mother of six, who stepped forward from the corridors of long drawn faces that had instantly formed to look at the important white lady with all the sunglassed security guards. Mrs. Clinton visited the camp for 20 minutes. Mrs. Mapendo, whose home area has been plagued by fighting, has been living here for three years.
“Our life is very bad,” Mrs. Mapendo said. “We get raped when we go out and look for food. We want to leave this place and go home.”
Mrs. Clinton nodded. “Thank you for talking with me,” she replied. “I just met with President Kabila and told him we want to help you return home.”
After the camp, she spoke with two rape survivors, including the woman who lost her fetus and nearly bled to death in the bush. Mrs. Clinton then talked with a group of doctors and advocates who specialize in treating victims of sexual violence. Many said they felt abandoned.
“Children are killed, women are raped and the world closes its eyes,” said one woman.
Another called Congo the “soft belly” of Africa, a huge, rugged place with a notoriously inept army that has become a magnet for all the rogue groups in Africa.
A third woman, Christine Schuler-DeSchryver, a well-known anti-rape activist, vented about all the empty promises from the stream of high-ranking visitors who have recently come to eastern Congo, “one more important than the next.”
“In the end, all we got was a pile of business cards,” she said.
She pressed Mrs. Clinton to do more to end the criminally-controlled mineral trade.
“Madame Secretary,” she said, “we want you to be our spokesperson, our voice.”
After five hours on the ground in Goma, Mrs. Clinton climbed back on the plane, this time bound for Nigeria. She seemed drained.
“It was an incredibly emotional experience,” she said.
Ver: http://www.nytimes.com/2009/08/12/world/africa/12diplo.html
(11/08/2009)
The fetus died, Mrs. Clinton said, the woman was gravely injured and since there was no hospital nearby, villagers stuffed the woman’s wound with grass to keep her from bleeding to death.
“I’ve been in a lot of very difficult and terrible settings,” Mrs. Clinton said later. “And I was just overwhelmed by what I saw.”
“It is almost impossible to describe the level of suffering,” she said. Eastern Congo’s rape epidemic, she added, “is just horrific.”
Mrs. Clinton used her unprecedented visit — she is the first secretary of state to venture into the war zone here — to unveil a $17 million plan to fight Congo’s stunning levels of sexual violence, a problem she called “evil in its basest form.”
She announced that the American government would train doctors, supply rape victims with video cameras to document violence, send American military engineers to help build facilities and train Congolese police officers, especially female police officers, to crack down on rapists.
“This problem is too big for one country to solve alone,” Mrs. Clinton said after meeting with Congo’s president, Joseph Kabila. Her visit was part of a seven-nation Africa tour intended to strengthen relations with strategic African countries and to use American influence to stop Africa’s wars. She arrived Tuesday night in Abuja, Nigeria, and planned talks Wednesday with Nigerian officials.
Eastern Congo is home to the worst war on the continent right now, an intensely predatory conflict driven by a mix of ethnic, commercial, nationalist and criminal interests, in which various armed groups often vent their rage against women. The United Nations calls Congo the rape capital of the world and says hundreds of thousands of women have been raped in the past decade. Nothing so far — not 18,000 peacekeepers, not various regional peace treaties, not other high-level diplomatic visits — have stemmed the violence.
Recent Congo-Rwanda military operations along the volatile border may be making things worse. The operations have spawned revenge attacks that have driven more than 500,000 people from their homes. Dozens of villages of have been burned. Hundreds of villagers have been massacred. And countless women, and recently many men, have been raped. Often the rapists are Congolese soldiers.
Mrs. Clinton said she urged the Congolese government to do a better job of protecting its own people and to prosecute offenders in the Congolese military, which is notorious as one of the least disciplined, poorest paid armies anywhere.
“I spoke at length with President Kabila about the steps needed to be taken to protect civilians,” she said. “We believe there should be no impunity for the sexual and gender based violence, and there must be arrests and punishment because that runs counter to peace.”
Mrs. Clinton also addressed some of the conflict’s root causes, including Congo’s illicit mineral trade. In the words of Congo’s foreign minister, who also met with Mrs. Clinton on Tuesday, the country, with its rich trove of diamonds, gold, copper, tin, coltan and other minerals, is a “geological scandal.”
But Congo’s mines are often the unlawful prize of armed groups, and Mrs. Clinton said the world needed to take more steps to regulate the mineral trade to make sure the profits do not end up “in the hands of those who fuel the violence.”
After the official meetings, Mrs. Clinton and her heavily guarded entourage toured a refugee camp on the outskirts of Goma where 18,000 people are camped out on a field of volcanic rock. One of the first people she met was an aid worker who rattled off the problems: malaria, diarrhea, hunger, difficulties breathing because of all the dust, and of course, constant insecurity. The aid worker told Mrs. Clinton that an 8-year-old boy who had strayed out of the camp was raped the other day.
“Really?” Mrs. Clinton asked.
“Really,” he answered.
Then she met Chantal Mapendo, mother of six, who stepped forward from the corridors of long drawn faces that had instantly formed to look at the important white lady with all the sunglassed security guards. Mrs. Clinton visited the camp for 20 minutes. Mrs. Mapendo, whose home area has been plagued by fighting, has been living here for three years.
“Our life is very bad,” Mrs. Mapendo said. “We get raped when we go out and look for food. We want to leave this place and go home.”
Mrs. Clinton nodded. “Thank you for talking with me,” she replied. “I just met with President Kabila and told him we want to help you return home.”
After the camp, she spoke with two rape survivors, including the woman who lost her fetus and nearly bled to death in the bush. Mrs. Clinton then talked with a group of doctors and advocates who specialize in treating victims of sexual violence. Many said they felt abandoned.
“Children are killed, women are raped and the world closes its eyes,” said one woman.
Another called Congo the “soft belly” of Africa, a huge, rugged place with a notoriously inept army that has become a magnet for all the rogue groups in Africa.
A third woman, Christine Schuler-DeSchryver, a well-known anti-rape activist, vented about all the empty promises from the stream of high-ranking visitors who have recently come to eastern Congo, “one more important than the next.”
“In the end, all we got was a pile of business cards,” she said.
She pressed Mrs. Clinton to do more to end the criminally-controlled mineral trade.
“Madame Secretary,” she said, “we want you to be our spokesperson, our voice.”
After five hours on the ground in Goma, Mrs. Clinton climbed back on the plane, this time bound for Nigeria. She seemed drained.
“It was an incredibly emotional experience,” she said.
Ver: http://www.nytimes.com/2009/08/12/world/africa/12diplo.html
martes, 11 de agosto de 2009
Dictan la primera sentencia de cárcel por no pagar pensión de alimentos
Perú.21
(11/08/2009)
Manuel Arteaga Cárdenas fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de omisión de asistencia familiar. Desde el 2005 había dejado de pasarle los 200 soles de manutención a su hija de siete años.
Arteaga Cárdenas se negaba a pagar 200 soles para la manutención de su pequeña. (Frecuencia Latina)
La Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a un año de prisión efectiva a un padre irresponsable que no le pagaba la pensión por alimentos a su hija de siete años de edad, en lo que es la primera condena de cárcel en este tipo de casos.
Manuel Antonio Arteaga Cárdenas, de 26 años, fue hallado culpable por el Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa del delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que dejó de pagar los 200 soles para la manutención de su menor hija desde el 2005, informó Última Hora.
“Esta es una sentencia ejemplar para todos aquellos que tiene obligación alimentaria ya sea con descendientes o ascendientes, para que cumplan con pagar las pensiones”, aseguró el fiscal Eufracio Ticona.
De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal las personas que no cumplan con pagar la pensión de alimentos pueden tener una pena de prisión efectiva. Arteaga Cárdenas se convirtió en el primer sentenciado por falta de pago.
Hace unos meses el Poder Judicial publicó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en el cual se registran los nombres de los padres irresponsables para conminarlos a efectuar el pago correspondiente.
Ver: http://peru21.pe/noticia/326383/carcel-no-pasarle-pension-su-hija-arequipa
(11/08/2009)
Manuel Arteaga Cárdenas fue condenado a un año de prisión efectiva por el delito de omisión de asistencia familiar. Desde el 2005 había dejado de pasarle los 200 soles de manutención a su hija de siete años.
Arteaga Cárdenas se negaba a pagar 200 soles para la manutención de su pequeña. (Frecuencia Latina)
La Corte Superior de Justicia de Arequipa sentenció a un año de prisión efectiva a un padre irresponsable que no le pagaba la pensión por alimentos a su hija de siete años de edad, en lo que es la primera condena de cárcel en este tipo de casos.
Manuel Antonio Arteaga Cárdenas, de 26 años, fue hallado culpable por el Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa del delito de omisión a la asistencia familiar, debido a que dejó de pagar los 200 soles para la manutención de su menor hija desde el 2005, informó Última Hora.
“Esta es una sentencia ejemplar para todos aquellos que tiene obligación alimentaria ya sea con descendientes o ascendientes, para que cumplan con pagar las pensiones”, aseguró el fiscal Eufracio Ticona.
De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal las personas que no cumplan con pagar la pensión de alimentos pueden tener una pena de prisión efectiva. Arteaga Cárdenas se convirtió en el primer sentenciado por falta de pago.
Hace unos meses el Poder Judicial publicó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) en el cual se registran los nombres de los padres irresponsables para conminarlos a efectuar el pago correspondiente.
Ver: http://peru21.pe/noticia/326383/carcel-no-pasarle-pension-su-hija-arequipa
La escandalosa prohibición total del aborto en Nicaragua niega tratamiento que salva vidas de niñas y mujeres
Amnistía Internacional
La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en peligro las vidas de niñas y mujeres, negándoles tratamiento para salvar sus vidas, impidiendo a profesionales de la salud de practicar la medicina eficaz y contribuyendo así a un aumento de las muertes maternas en todo el país, concluye un nuevo informe emitido por Amnistía Internacional el 27 de julio de 2009.
Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía Internacional considera que estas cifras son sólo un mínimo ya que el propio gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.
El informe La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el impacto en los derechos humanos de la negación del aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando ella es víctima de violación o incesto.
La revisión del Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y mujeres que quieran que se les practique un aborto y para los profesionales de la salud que prestan servicios asociados con el aborto. Sólo el 3 por ciento de los países del mundo tienen una prohibición total del aborto.
El nuevo código introduce sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que tratan a una mujer embarazada o niña por enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/sida o en situaciones de emergencia cardiaca cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto.
Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.
Esta nueva ley está en conflicto con las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas de Nicaragua, emitidos por el Ministerio de Salud, que autorizan el aborto terapéutico como una respuesta clínica a casos específicos. Sin embargo, no hay garantías por parte de las autoridades de que los médicos no serán procesados si se respetan estas reglas.
"La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas embarazadas y mujeres", ha dicho Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, al regresar de una visita a Nicaragua.
"El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico, resultado de los tratos políticos durante las elecciones en el país en 2006. Hoy, sin embargo, se castiga a las mujeres y las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a los médicos por proporcionarlos."
En Nicaragua, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones de derechos humanos, profesionales médicos, miembros de la Asamblea Nacional y con el ministro de Salud. A pesar de las reiteradas peticiones, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional al igual que el presidente Ortega y el Instituto de la Mujer de su gobierno se negaron a reunirse con la organización para discutir el impacto de la ley sobre las niñas, las mujeres y las víctimas de violación e incesto.
La delegación de Amnistía Internacional se reunió con jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares cercanos o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos, dando a luz -en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les niega el acceso a alternativas. Es profundamente preocupante el aumento de suicidios por consumo de veneno registrado entre adolescentes embarazadas en 2008.
Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que, legalmente, en virtud de este Código Penal, ya no pueden proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida en mujeres embarazadas y niñas debido al potencial riesgo para el feto.
Una médico le dijo a Amnistía Internacional que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico (una enfermedad que significa que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, a pesar de los devastadores efectos fisiológicos y psicológicos.
"Sólo hay una manera de describir lo que hemos visto en Nicaragua: un gran horror", ha añadido Kate Gilmore. "Las niñas se ven obligadas a tener bebés y a las mujeres embarazadas se les niega atención médica esencial incluso cuando sus vidas están en riesgo."
"¿Qué alternativas le ofrece el gobierno a una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación? Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega tratamiento para salvar su vida sólo porque está embarazada, mientras tiene otros hijos esperando en casa?", se preguntaba Kate Gilmore.
"Niñas embarazadas como resultado de incesto tuvieron el coraje de reunirse con nosotros para hablar en contra de la situación, pero el presidente Ortega no lo hizo. Al parecer, las autoridades nicaragüenses no podían defender la ley, no podían responder de la ley, ni comprometerse a su urgente derogación.”
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a:
* Derogar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
* Garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.
* Proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.
Amnistía Internacional pide asimismo a la Corte Suprema de Nicaragua adoptar una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley como cuestión de máxima urgencia.
27 julio 2009.
Ver: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/escandalosa-prohibici%C3%B3n-total-del-aborto-niega-tratamiento-20090727
La prohibición total del aborto en Nicaragua está poniendo en peligro las vidas de niñas y mujeres, negándoles tratamiento para salvar sus vidas, impidiendo a profesionales de la salud de practicar la medicina eficaz y contribuyendo así a un aumento de las muertes maternas en todo el país, concluye un nuevo informe emitido por Amnistía Internacional el 27 de julio de 2009.
Según cifras oficiales, 33 niñas y mujeres han muerto este año durante el embarazo, en comparación con 20 en el mismo período el año pasado. Amnistía Internacional considera que estas cifras son sólo un mínimo ya que el propio gobierno ha reconocido que no todos los casos de muertes maternas han sido registrados.
El informe La prohibición total de aborto en Nicaragua: La vida y la salud de las mujeres en peligro; los profesionales de la medicina, criminalizados es el primer estudio de Amnistía Internacional que examina el impacto en los derechos humanos de la negación del aborto cuando la vida o la salud de una mujer o niña está en riesgo, incluso cuando ella es víctima de violación o incesto.
La revisión del Código Penal en Nicaragua establece penas de prisión para niñas y mujeres que quieran que se les practique un aborto y para los profesionales de la salud que prestan servicios asociados con el aborto. Sólo el 3 por ciento de los países del mundo tienen una prohibición total del aborto.
El nuevo código introduce sanciones penales para los profesionales de la medicina y la enfermería que tratan a una mujer embarazada o niña por enfermedades como el cáncer, la malaria, el VIH/sida o en situaciones de emergencia cardiaca cuando el tratamiento está contraindicado en el embarazo y puede causar lesiones o muerte del embrión o feto.
Incluso llega a castigar a niñas y mujeres que han sufrido un aborto involuntario, ya que en muchos casos es imposible distinguir el aborto espontáneo del aborto inducido.
Esta nueva ley está en conflicto con las Normas y Protocolos para la Atención de Complicaciones Obstétricas de Nicaragua, emitidos por el Ministerio de Salud, que autorizan el aborto terapéutico como una respuesta clínica a casos específicos. Sin embargo, no hay garantías por parte de las autoridades de que los médicos no serán procesados si se respetan estas reglas.
"La prohibición del aborto terapéutico en Nicaragua es una vergüenza. Es un escándalo de derechos humanos que ridiculiza la ciencia médica y distorsiona la ley al ser un arma en contra de la prestación de servicios esenciales de atención médica a niñas embarazadas y mujeres", ha dicho Kate Gilmore, secretaria general adjunta de Amnistía Internacional, en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, al regresar de una visita a Nicaragua.
"El Código Penal de Nicaragua es un artefacto cruel y cínico, resultado de los tratos políticos durante las elecciones en el país en 2006. Hoy, sin embargo, se castiga a las mujeres y las niñas por buscar tratamientos médicos que salvarían sus vidas y a los médicos por proporcionarlos."
En Nicaragua, la delegación de Amnistía Internacional se reunió con organizaciones de derechos humanos, profesionales médicos, miembros de la Asamblea Nacional y con el ministro de Salud. A pesar de las reiteradas peticiones, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional al igual que el presidente Ortega y el Instituto de la Mujer de su gobierno se negaron a reunirse con la organización para discutir el impacto de la ley sobre las niñas, las mujeres y las víctimas de violación e incesto.
La delegación de Amnistía Internacional se reunió con jóvenes que, habiendo sido objeto de violencia sexual a manos de familiares cercanos o amigos, fueron obligadas a llevar a término sus embarazos, dando a luz -en muchos casos a sus propios hermanos o hermanas- porque se les niega el acceso a alternativas. Es profundamente preocupante el aumento de suicidios por consumo de veneno registrado entre adolescentes embarazadas en 2008.
Obstetras, ginecólogos y médicos de familia en Nicaragua le dijeron a Amnistía Internacional que, legalmente, en virtud de este Código Penal, ya no pueden proporcionar un tratamiento médico eficaz para enfermedades que amenazan la vida en mujeres embarazadas y niñas debido al potencial riesgo para el feto.
Una médico le dijo a Amnistía Internacional que reza por no recibir a una paciente con un embarazo anencefálico (una enfermedad que significa que el feto no puede sobrevivir), debido a la necesidad de tener que decirle a la mujer que se verá obligada a llevar el embarazo a término, a pesar de los devastadores efectos fisiológicos y psicológicos.
"Sólo hay una manera de describir lo que hemos visto en Nicaragua: un gran horror", ha añadido Kate Gilmore. "Las niñas se ven obligadas a tener bebés y a las mujeres embarazadas se les niega atención médica esencial incluso cuando sus vidas están en riesgo."
"¿Qué alternativas le ofrece el gobierno a una niña de 10 años embarazada como consecuencia de una violación? Y a una mujer que sufre cáncer a quien se le niega tratamiento para salvar su vida sólo porque está embarazada, mientras tiene otros hijos esperando en casa?", se preguntaba Kate Gilmore.
"Niñas embarazadas como resultado de incesto tuvieron el coraje de reunirse con nosotros para hablar en contra de la situación, pero el presidente Ortega no lo hizo. Al parecer, las autoridades nicaragüenses no podían defender la ley, no podían responder de la ley, ni comprometerse a su urgente derogación.”
Amnistía Internacional insta a las autoridades nicaragüenses a:
* Derogar inmediatamente la ley que prohíbe toda forma de aborto.
* Garantizar servicios de aborto seguro y accesible para víctimas de violación y mujeres cuya vida o salud están en riesgo si continúan con el embarazo.
* Proteger la libertad de expresión de los que hablan en contra de la ley y ofrecer apoyo a las mujeres y niñas afectadas por la ley.
Amnistía Internacional pide asimismo a la Corte Suprema de Nicaragua adoptar una decisión sobre la legalidad y la constitucionalidad de la ley como cuestión de máxima urgencia.
27 julio 2009.
Ver: http://www.amnesty.org/es/news-and-updates/report/escandalosa-prohibici%C3%B3n-total-del-aborto-niega-tratamiento-20090727
jueves, 2 de julio de 2009
Alicia y Abencia. Lo que no se nombra
miércoles, 01 de julio de 2009
Rosa Montalvo Reinoso
Mientras el mundo lloraba la muerte de Michael Jackson tan ampliamente difundida por la prensa, en el Perú otra muerte conmocionaba al país, y especialmente a los fieles seguidores de la cantante Alicia Delgado. La “Princesa del Folklor” fue encontrada en su departamento con signos de haber sido brutalmente asesinada.
El crimen podría ser uno de los 14 feminicidios que se producen en el Perú cada mes, en su mayoría cometidos por hombres contra sus esposas, amantes, e incluso a mujeres que no los aceptan, que llaman poca atención de la gran prensa y suelen ser presentados como crímenes pasionales en las páginas policiales, quedándose rápidamente en el olvido.
Pero en este caso, hay dos factores que hacen que se mantenga durante días en los medios y que compita con las informaciones sobre el astro del pop e incluso con el golpe de Estado en Honduras. Además de la fama que en amplios sectores tenía Alicia Delgado en amplios sectores, cuyo reciente éxito “Cáncer de amor” parece ser una premonición de lo que le sucedería, estaba la relación que mantenía con otra famosa cantante de música andina, Abencia Meza, de quien se sospecha tendría que ver en el asesinato.
La relación de ambas era vox populi en su medio y en el ambiente farandulero limeño, en especial los programas televisivos y la prensa chicha que aprovechaban cualquier espacio para hacerla noticia y elevar su rating. Y ambas se prestaban para ello, dicen como una forma de mantener y elevar su fama, utilizando su relación no nombrada, en una especie de juego ambiguo que sugería, casi decía, pero no se terminaba por admitir de manera pública.
Un punto de quiebre fue la denuncia por violencia física que Alicia le puso a Abencia hace aproximadamente un mes, y que fue trasmitida por los programas de farándula y generó que los animadores de Enemigos Íntimos, las convocara a ambas buscando ser los artífices de la “reconciliación”. No se cuestionaba para nada en el programa, la violencia que existía entre ellas.
La situación más bien abonaba al show, a la puesta en escena que se desarrollaba entre las huellas moradas que mostraba Alicia, su negación a perdonar la ofensa, y las disculpas de Abencia a ella y a su público. ¿Cuánto subiría el rating del programa esa noche??
“Yo nací así fuerte, aunque tengo que medir las consecuencias,” decía Abencia, como si eso pudiera excusar la violencia. Mientras tanto, Alicia planteaba, sin así decirlo, que mientras no se visibilicen determinadas situaciones, traerían menos consecuencias: “yo no sabía que se iba a hacer público, lo hubiera resuelto de otra manera.” ¿Cómo lo habría resuelto? nos preguntamos. ¿Cómo podría haber roto el círculo de la violencia ante el acoso de la prensa que se dio cuando inició la ruta crítica, al atreverse a denunciar la golpiza?“La violencia entre lesbianas no es una violencia sistemática: es un medio de asegurar el control personal de una individua sobre su compañera. Ella no está sostenida y reforzada por el matrimonio y la familia, la dependencia económica, la división sexual del trabajo, la desigualdad salarial estatutaria entre los sexos y un sistema judicial más tolerante hacia el agresor," señala Irene Demczuk (1). Y no parece equivocarse en este caso según el testimonio de Raquel Calderón Martel, amiga de Alicia, quien exige que se investigue a Abencia, porque según señala: “La torturaba física y psicológicamente.
“Yo nací así fuerte, aunque tengo que medir las consecuencias,” decía Abencia, como si eso pudiera excusar la violencia. Mientras tanto, Alicia planteaba, sin así decirlo, que mientras no se visibilicen determinadas situaciones, traerían menos consecuencias: “yo no sabía que se iba a hacer público, lo hubiera resuelto de otra manera.” ¿Cómo lo habría resuelto? nos preguntamos. ¿Cómo podría haber roto el círculo de la violencia ante el acoso de la prensa que se dio cuando inició la ruta crítica, al atreverse a denunciar la golpiza?“La violencia entre lesbianas no es una violencia sistemática: es un medio de asegurar el control personal de una individua sobre su compañera. Ella no está sostenida y reforzada por el matrimonio y la familia, la dependencia económica, la división sexual del trabajo, la desigualdad salarial estatutaria entre los sexos y un sistema judicial más tolerante hacia el agresor," señala Irene Demczuk (1). Y no parece equivocarse en este caso según el testimonio de Raquel Calderón Martel, amiga de Alicia, quien exige que se investigue a Abencia, porque según señala: “La torturaba física y psicológicamente.
Su vida junto a Abencia fue un infierno. Celaba a Alicia, no la dejaba en paz.”La violencia en las relaciones de pareja entre mujeres es algo de lo que casi no se habla, menos aún en el espacio público, y si en este caso se expone tan crudamente es por la fama de las protagonistas y ahora por el aderezo que le agrega el crimen.
Por otra parte, es muy interesante como la prensa se refiere a la relación entre ambas artistas: “intima amiga” así entre comillas, la “mejor amiga”, los “nueve años de relación amical” la “inseparable amiga”, y en el mejor de los casos la “supuesta pareja sentimental”.
“Todo lo que no es nombrado, no descrito en imágenes, todo lo que se omite en las biografías, lo censurado en las colecciones de cartas, todo lo que se disfraza con un nombre falso, lo que se ha hecho de difícil alcance y todo cuanto está enterrado en la memoria por haberse desvirtuado su significado con un lenguaje inadecuado o mentiroso, se convertirá no solamente en lo no dicho sino en lo inefable.” (2)
Abencia, con el dolor a cuestas luego del descubrimiento del asesinato de su compañera, lo ha nombrado abiertamente. “Ella era la mitad de mi vida, dejé a mi familia, a mi hijo para darle todo,” dice frente a las cámaras, debiendo exponer su amor como intentando con ello eliminar la carga de sospecha que sobre ella se cierne.
Alicia fue despedida por sus familiares, por sus cientos de admiradores y admiradoras al ritmo de sus canciones más conocidas y de las canciones que más apreciaba. La única que no pudo asistir al entierro, por prohibición expresa de la familia de Alicia, fue Abencia, quien intentó rendirle homenaje a lo lejos y no resistió la emoción, terminando internada en un hospital. Si elimináramos por un instante la sospecha que se cierne sobre Abencia y la violencia que existió en la relación, si pensáramos en una relación en que estos dos elementos no hubieran existido ¿no sería injusta esta situación? ¿No sería injusto que no haya ninguna ley que hubiera posibilitado a Abencia el derecho a enterrar, a despedir a su pareja de nueve años?
Luego de las declaraciones del chofer y del hermano de Alicia, quien en una entrevista telefónica ha acusado abiertamente a Abencia, aprovechando además para enfatizar que la familia se sentía avergonzada por la relación con “no se si será señor o señora, yo la veo como un monstruo”, queda mucho aún por dilucidar en este juego de imágenes, de espectáculo trágico por el tratamiento que hace la prensa de un doloroso hecho.
Aquí vale mencionar como el rating, amo y señor del espectáculo, disemina cualquier escrúpulo, rompe cualquier código, viola todas las fronteras. En la última entrevista realizada a Abencia Meza en Enemigos Íntimos, ella empieza a hablar de situaciones muy íntimas y pregunta “oye, ¿no estás grabando, no?” escuchándose en off que no, y ella confiada sigue haciendo confidencias a los entrevistadores, para que luego se difunda como gran noticia lo que les contó. Espectáculo, crimen, lesbianismo, fama y falta de ética se conjugan en esta historia que esconde e invisibiliza lo que es el asunto central, la violencia -que vale decir no es patrimonio de las relaciones lesbicas u homosexuales como algunos están sugiriendo-, el feminicidio, la intolerancia que existe en la sociedad y que en este caso apenas se disimula entre las bambalinas.
Notas
(1) Demczuk, Irene. 1993. La violence entre femmes ; une violence non-systèmique. Article soumis pour publication à la revue Labrys.(2) Rich Adrienne1983. Sobre secretos. Mentiras y silencios. Editorial Icaria
martes, 12 de mayo de 2009
Premian las mejores y peores decisiones judiciales, relacionadas con la equidad de género en España, Latinoamérica y el Caribe
El 11 de mayo de 2009, un jurado internacional -integrado por: Juan Méndez, Presidente del Centro para la Justicia Transicional, ex-miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Rosa Montero, periodista y escritora, y Kavita N. Ramdas, Presidente y Directora Ejecutiva del Fondo Global para las Mujeres- consideró los casos postulados a los Premios Género y Justicia al Descubierto 2009 y seleccionó las mejores y peores decisiones hechas dentro de un proceso judicial, relacionados con la equidad de género en España, Latinoamérica y el Caribe.
En total, se nominaron 33 decisiones hechas en cortes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y una hecha por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las ganadoras de los premios GARROTE fueron aquellas decisiones que tuvieron el peor efecto sobre la equidad de género.
- El Garrote de BRONCE fue otorgado a una decisión de la corte de primera instancia de Murcia, España, en la que se le niega la custodia parental a una mujer porque es lesbiana.
- El Garrote de PLATA fue otorgado a una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en la que se dice que las trabajadoras domésticas no deben recibir las mismas protecciones laborales que el resto de las personas trabajadoras.
- El Garrote de ORO fue dado a una decisión de la Corte Constitucional de Chile, que prohibió la distribución de anticoncepción de emergencia en hospitales públicos.
Las decisiones ganadoras de los premios MALLETE fueron aquellas que más promovieron la equidad de género.
- El Mallete de BRONCE se le dio al caso Karen Llantoy vs. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró que el Estado peruano violó los derechos de una mujer a quien le impidieron tener un aborto, a pesar de que el feto era anencefálico y moriría al nacer.
- El Mallete de PLATA fue otorgado a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en la que ordena al gobierno tomar medidas para proteger a las mujeres desplazadas, cuyos derechos han sido violados de forma sistemática, extensa y masiva.
- El Mallete de ORO fue para la Corte Suprema de México, que establece que la ley del Distrito Federal que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo, es constitucional, en tanto garantiza los derechos fundamentales de las mujeres.
Premios del público
Se recibieron más de 1.500 votos del público, que en la categoría GARROTE para la peor decisión, otorgó el premio al Tribunal Constitucional de Ecuador por suspender indefinidamente el registro farmacéutico de la anticoncepción de emergencia y así prevenir su venta y distribución.
Y en la categoría MALLETE a la mejor decisión, ganó, por un amplio margen, la de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo.
Para ver un resumen de las decisiones ir a: http://uncovered.womenslinkworldwide.org/es/nominations
En total, se nominaron 33 decisiones hechas en cortes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y una hecha por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Las ganadoras de los premios GARROTE fueron aquellas decisiones que tuvieron el peor efecto sobre la equidad de género.
- El Garrote de BRONCE fue otorgado a una decisión de la corte de primera instancia de Murcia, España, en la que se le niega la custodia parental a una mujer porque es lesbiana.
- El Garrote de PLATA fue otorgado a una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en la que se dice que las trabajadoras domésticas no deben recibir las mismas protecciones laborales que el resto de las personas trabajadoras.
- El Garrote de ORO fue dado a una decisión de la Corte Constitucional de Chile, que prohibió la distribución de anticoncepción de emergencia en hospitales públicos.
Las decisiones ganadoras de los premios MALLETE fueron aquellas que más promovieron la equidad de género.
- El Mallete de BRONCE se le dio al caso Karen Llantoy vs. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró que el Estado peruano violó los derechos de una mujer a quien le impidieron tener un aborto, a pesar de que el feto era anencefálico y moriría al nacer.
- El Mallete de PLATA fue otorgado a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en la que ordena al gobierno tomar medidas para proteger a las mujeres desplazadas, cuyos derechos han sido violados de forma sistemática, extensa y masiva.
- El Mallete de ORO fue para la Corte Suprema de México, que establece que la ley del Distrito Federal que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo, es constitucional, en tanto garantiza los derechos fundamentales de las mujeres.
Premios del público
Se recibieron más de 1.500 votos del público, que en la categoría GARROTE para la peor decisión, otorgó el premio al Tribunal Constitucional de Ecuador por suspender indefinidamente el registro farmacéutico de la anticoncepción de emergencia y así prevenir su venta y distribución.
Y en la categoría MALLETE a la mejor decisión, ganó, por un amplio margen, la de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo.
Para ver un resumen de las decisiones ir a: http://uncovered.womenslinkworldwide.org/es/nominations
La Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez
Por Mariana Carbajal
En los últimos 15 años se calcula que desaparecieron unas 15 mil mujeres; la mayoría no fue encontrada.La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará por primera vez sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los femicidios ocurridos en la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en la última década y media. La sentencia se conocerá en las próximas semanas: probablemente haya una condena contra el país por no proteger a las mujeres de la violencia de género. El fallo sentará importante jurisprudencia en la región. “El problema no es exclusivo de Ciudad Juárez. De lo que estamos hablando es de violencia contra las mujeres, donde todas las mujeres estamos expuestas a sufrirla”, señaló la abogada mexicana Andrea Medina Rosas, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una de las organizaciones que representan a familiares de las víctimas en la demanda. “Aquí también sucede y en otros países también. Tenemos varias ciudades Juárez”, advirtió la socióloga e investigadora Silvia Chejter, directora del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (Cecym), en un panel en el que se analizó el emblemático caso.
La demanda contra el gobierno de México fue presentada en 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de analizar la denuncia que elevaron a ese órgano las madres de tres jóvenes –dos de ellas adolescentes– cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 con signos de violencia y tortura sexual enterrados en un terreno baldío que había sido un campo algodonero. Junto a los restos de Claudia Ivette González, de 21 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monarrez, de 17, se hallaron cinco cadáveres femeninos más. El equipo argentino de antropología forense trabajó en la identificación de las víctimas. “Uno de los cuerpos sigue todavía sin tener identificación”, destacó Medina Rosas, quien vino a la Argentina para participar de una serie de actividades académicas y de difusión del caso junto a la abogada Andrea de la Barrera, también mexicana y de Cladem. Medina Rosas y De la Barrera llegaron al país desde Santiago, Chile, donde tuvo lugar el 28 y 29 de abril la última audiencia pública convocada por la Corte Interamericana antes de que se conozca el fallo.
Según registros que llevan organizaciones civiles mexicanas, unas 450 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han sido identificadas desde 1993, muchas de las cuales fueron violadas. Y hay más de cinco mil que permanecen aún desaparecidas. De manera casi sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, con frecuencia manifestaron que las víctimas tenían la culpa por sus homicidios y trataron a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos asesinatos fueron llevados a la justicia, “lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres”, apuntó Medina Rosas.
El caso de “Campo Algodonero” es importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez. La demanda que enfrenta el Estado mexicano es por la violación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en particular por la desaparición, tortura y homicidio de las tres muchachas. Concretamente se les imputa a las autoridades mexicanas que no cumplieron con su obligación de prevenir y castigar con eficacia la constante violencia que padecen allí las mujeres, un compromiso asumido al suscribir la Convención Interamericana de Belem do Pará.
El caso que analiza la Corte Interamericana es muy parecido a otros que han sucedido en Ciudad Juárez, destacó Chejter: en dos semanas la policía tenía las “confesiones” de los presuntos responsables de los crímenes. Pero hay dudas fundadas de que realmente sean ellos: “Los inculpados inmediatamente denunciaron torturas: las irregularidades que se comenzaron a ver respondían a un patrón de cómo estaban respondiendo las autoridades”, señaló Medina Rosas. “Uno de los imputados murió en la cárcel y el otro, al año siguiente de dictarle una sentencia de 50 años de prisión lo absolvieron porque las pruebas en su contra no eran suficientes”, explicó De la Barrera. En 2006 se inicia otra investigación. A ocho años del hallazgo de los cuerpos, las muertes de Claudia, Esmeralda y Laura siguen impunes.
También es paradigmático el caso porque como en otros de Ciudad Juárez, las madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas han recibido múltiples amenazas para que silencien su reclamo y se abstengan de difundirlo, destacaron las abogadas. Al punto de que una de ellas, la madre de Laura, tuvo que pedir asilo en Estados Unidos y acaban de otorgárselo. También las defensoras han sido blanco de amedrentamientos y amenazas.
Las autoridades mexicanas han sostenido que en los últimos años se tomaron medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en el país y para investigar con eficacia los asesinatos. “El Estado dice que hizo reformas legislativas y que incorporó la perspectiva de género en el Presupuesto. ¿Cuál es el indicador de que la situación no ha cambiado en Ciudad Juárez? Que siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo asesinadas, continúa la violencia contra las madres, con un daño social muy grande por la impunidad”, indicó Medina Rosas.
El panel en el que participaron las abogadas mexicanas fue organizado por Cladem.
Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha identificado al menos a 177 funcionarios estatales, posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos.
“Se han creado muchas leyendas urbanas en torno de Ciudad Juárez. No sabemos qué pasa. Pero el gobierno local, los empresarios y los medios de comunicación han tomado las denuncias de los asesinatos de mujeres como un ataque a la ciudad. Y responsabilizan a las mujeres por la violencia que viven. La jerarquía de la Iglesia Católica no se ha pronunciado ni una vez. Pero sí ha dicho que las mujeres sufren violencia porque usan minifalda”, observó Medina Rosas. Chejter recordó que diversas investigaciones sobre los femicidios de Ciudad Juárez determinaron que no existe un patrón determinado en las muertes. “Sólo el 16 por ciento de las mujeres trabajan en las maquilas. Hay muchos cuerpos que aparecen mutilados y otros no. Aquí sucede y en otros países del mundo también. En la Argentina cada dos días es asesinada una mujer como consecuencia de violencia de género. En nuestro país el homicidio conyugal es altísimo: casi el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres. Hay varias ciudades Juárez”, concluyó.
En: "Página 12" del 11/05/2009
En los últimos 15 años se calcula que desaparecieron unas 15 mil mujeres; la mayoría no fue encontrada.La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará por primera vez sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los femicidios ocurridos en la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en la última década y media. La sentencia se conocerá en las próximas semanas: probablemente haya una condena contra el país por no proteger a las mujeres de la violencia de género. El fallo sentará importante jurisprudencia en la región. “El problema no es exclusivo de Ciudad Juárez. De lo que estamos hablando es de violencia contra las mujeres, donde todas las mujeres estamos expuestas a sufrirla”, señaló la abogada mexicana Andrea Medina Rosas, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una de las organizaciones que representan a familiares de las víctimas en la demanda. “Aquí también sucede y en otros países también. Tenemos varias ciudades Juárez”, advirtió la socióloga e investigadora Silvia Chejter, directora del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (Cecym), en un panel en el que se analizó el emblemático caso.
La demanda contra el gobierno de México fue presentada en 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de analizar la denuncia que elevaron a ese órgano las madres de tres jóvenes –dos de ellas adolescentes– cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 con signos de violencia y tortura sexual enterrados en un terreno baldío que había sido un campo algodonero. Junto a los restos de Claudia Ivette González, de 21 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monarrez, de 17, se hallaron cinco cadáveres femeninos más. El equipo argentino de antropología forense trabajó en la identificación de las víctimas. “Uno de los cuerpos sigue todavía sin tener identificación”, destacó Medina Rosas, quien vino a la Argentina para participar de una serie de actividades académicas y de difusión del caso junto a la abogada Andrea de la Barrera, también mexicana y de Cladem. Medina Rosas y De la Barrera llegaron al país desde Santiago, Chile, donde tuvo lugar el 28 y 29 de abril la última audiencia pública convocada por la Corte Interamericana antes de que se conozca el fallo.
Según registros que llevan organizaciones civiles mexicanas, unas 450 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han sido identificadas desde 1993, muchas de las cuales fueron violadas. Y hay más de cinco mil que permanecen aún desaparecidas. De manera casi sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, con frecuencia manifestaron que las víctimas tenían la culpa por sus homicidios y trataron a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos asesinatos fueron llevados a la justicia, “lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres”, apuntó Medina Rosas.
El caso de “Campo Algodonero” es importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez. La demanda que enfrenta el Estado mexicano es por la violación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en particular por la desaparición, tortura y homicidio de las tres muchachas. Concretamente se les imputa a las autoridades mexicanas que no cumplieron con su obligación de prevenir y castigar con eficacia la constante violencia que padecen allí las mujeres, un compromiso asumido al suscribir la Convención Interamericana de Belem do Pará.
El caso que analiza la Corte Interamericana es muy parecido a otros que han sucedido en Ciudad Juárez, destacó Chejter: en dos semanas la policía tenía las “confesiones” de los presuntos responsables de los crímenes. Pero hay dudas fundadas de que realmente sean ellos: “Los inculpados inmediatamente denunciaron torturas: las irregularidades que se comenzaron a ver respondían a un patrón de cómo estaban respondiendo las autoridades”, señaló Medina Rosas. “Uno de los imputados murió en la cárcel y el otro, al año siguiente de dictarle una sentencia de 50 años de prisión lo absolvieron porque las pruebas en su contra no eran suficientes”, explicó De la Barrera. En 2006 se inicia otra investigación. A ocho años del hallazgo de los cuerpos, las muertes de Claudia, Esmeralda y Laura siguen impunes.
También es paradigmático el caso porque como en otros de Ciudad Juárez, las madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas han recibido múltiples amenazas para que silencien su reclamo y se abstengan de difundirlo, destacaron las abogadas. Al punto de que una de ellas, la madre de Laura, tuvo que pedir asilo en Estados Unidos y acaban de otorgárselo. También las defensoras han sido blanco de amedrentamientos y amenazas.
Las autoridades mexicanas han sostenido que en los últimos años se tomaron medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en el país y para investigar con eficacia los asesinatos. “El Estado dice que hizo reformas legislativas y que incorporó la perspectiva de género en el Presupuesto. ¿Cuál es el indicador de que la situación no ha cambiado en Ciudad Juárez? Que siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo asesinadas, continúa la violencia contra las madres, con un daño social muy grande por la impunidad”, indicó Medina Rosas.
El panel en el que participaron las abogadas mexicanas fue organizado por Cladem.
Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha identificado al menos a 177 funcionarios estatales, posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos.
“Se han creado muchas leyendas urbanas en torno de Ciudad Juárez. No sabemos qué pasa. Pero el gobierno local, los empresarios y los medios de comunicación han tomado las denuncias de los asesinatos de mujeres como un ataque a la ciudad. Y responsabilizan a las mujeres por la violencia que viven. La jerarquía de la Iglesia Católica no se ha pronunciado ni una vez. Pero sí ha dicho que las mujeres sufren violencia porque usan minifalda”, observó Medina Rosas. Chejter recordó que diversas investigaciones sobre los femicidios de Ciudad Juárez determinaron que no existe un patrón determinado en las muertes. “Sólo el 16 por ciento de las mujeres trabajan en las maquilas. Hay muchos cuerpos que aparecen mutilados y otros no. Aquí sucede y en otros países del mundo también. En la Argentina cada dos días es asesinada una mujer como consecuencia de violencia de género. En nuestro país el homicidio conyugal es altísimo: casi el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres. Hay varias ciudades Juárez”, concluyó.
En: "Página 12" del 11/05/2009
Cusco: Estado, sociedad y políticas pro mujeres (Revista Ideele Nº 192)
Roxana Vergara Rodríguez
Coordinadora local en Cusco IDL – CBC
Coordinadora local en Cusco IDL – CBC
Los temas centrales para las mujeres en el Cusco o en cualquier parte son el de la violencia, el de la salud sexual y reproductiva, la generación de trabajo y el de su participación ciudadana. La novedad no es que estos temas se discutan, como ocurrió en el Encuentro Provincial de Mujeres del Cusco, sino que no se queden pintados en el papel. Y eso es lo que está ocurriendo: se han plasmado en programas y propuestas de alcance regional.
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Desde hace aproximadamente dos años, el Gobierno Regional, a iniciativa de organizaciones de mujeres e instituciones que trabajan con ellas, implementa políticas públicas en favor de las mujeres. Se ha formado una gerencia de desarrollo social, un consejo de la mujer, y se ha aprobado un plan regional de igualdad de oportunidades. Todo el peso y preocupación que se merecen las mujeres lo tienen ahora, pero no fue con varita mágica ni por influencias chamánicas. Casi se quedan en el tintero y en bonitos enunciados la aprobación el plan de igualdad de oportunidades y la gerencia de la mujer. Pero el movimiento de mujeres hizo presión y luego de diversas marchas, manifestaciones, pronunciamientos y la sustentación de propuestas ante el Consejo Regional del Gobierno Regional, el mes pasado se aprobó este señor plan que abarca hasta el año 2015.
También debemos decir que hubo una intención y un esfuerzo de instituciones como el Centro Bartolomé de las Casas y el Instituto de Defensa Legal que estuvieron detrás, como pulga en la oreja.
Un parto difícil que ha demorado dos años y que ya tiene varios hijos en su haber: Para empezar, se ha aprobado y lanzado el Allin Kausay que en castellano es el Programa Regional Contra la Violencia Hacia la Mujer del Cusco, adaptado a la realidad de ese departamento donde dos de cada tres mujeres son maltratadas. En él participa el estado y la sociedad civil, con su paquete de iniciativas.
Además, ya se inició uno de los proyectos centrales del Programa, que busca mejorar la atención que brindan los servicios comunitarios de justicia a las mujeres campesinas víctimas de violencia. Para esto la justicia comunitaria es el punto medular y debe ser apoyada en varios aspectos; uno de ellos es que debe mejorar su coordinación con la justicia estatal: Todo para beneficiar a las mujeres del campo.
Tampoco se han olvidado de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, sobre todo de la prevención de los embarazos y el contagio del VIH. Para ellos funciona el Plan Regional por la Niñez y la Adolescencia (PRANA).
Esta persistencia y compromiso han permitido que casi la totalidad de los programas y proyectos mencionados hayan sido elaborados y aprobados. Luego, cuando se ejecuten, deben tener una característica esencial: deberán ser participativos. Como consecuencia, el contenido de los mismos resulta bastante innovador, pues incluye como ejes transversales y centrales las perspectivas interculturales y de género, no incluidas en otros planes similares. Es un desafío si consideramos el contexto, caracterizado por la discriminación, el machismo y la violencia institucionalizados. Otro desafío es el del proceso, que debe mantener su carácter participativo y consensuado entre la población, las instancias estatales y los gobiernos regional y locales. ¿Es entonces posible que logren implementar una política pública con estas características? Pues será un proceso sumamente interesante, cuyos logros y dificultades merecen seguir siendo observados.
(Ver: http://www.revistaideele.com/node/436)Un sistema de justicia para los que nunca lo tuvieron (Revista Ideele Nº 192)
Christine Benoit y María Alejandra González
El trabajo sostenido en comunidades campesinas del Cusco a lo largo de los 10 últimos años permitió al IDL acompañar procesos novedosos de coordinación entre actores comunitarios de justicia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y niños. En este articulo, presentamos parte de los avances conseguidos en el desarrollo de un sistema local de justicia que responda de manera más adecuada a las necesidades de la población vulnerable y víctima de violencia.
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¿Qué diferencias hay entre las mujeres víctimas de violencia del campo y la ciudad? La diferencia fundamental no se encuentra en los índices de violencia, sino en la lejanía del sistema de justicia estatal y de los programas sociales del Estado, acompañada de altos índices de pobreza y de diferencias culturales. Cuando las mujeres deciden sacar el problema de la violencia del ámbito familiar que incluye a la familia nuclear, familia extensa y padrinos, el primer espacio para resolver estos casos es la justicia comunitaria, en la cual confluyen la junta directiva, la asamblea comunal, la ronda campesina, la defensoría comunitaria y el juez de paz. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de esta realidad y de las competencias que les asigna la Constitución a las comunidades campesinas, sin saber que cada una es un mundo diferente a otro, lleva a que los actores comunitarios de justicia sean denunciados por usurpación de funciones, tal como ocurrió con los ronderos de Anansaya Puna Nuñoa, en Puno. Ellos detuvieron a tres presuntos ladrones por cinco días y determinaron que debían pagar una indemnización a los agraviados. Solo así les darían libertad. Pero la tortilla se les volteó y la fiscalía de Puno formalizó una denuncia penal contra los ronderos por el delito de secuestro.
Las Defensorías
Los primeros años de la intervención fueron de sangre, sudor y lágrimas para poder consolidar el servicio de defensorías en zonas rurales y zonas urbano-marginales. De repente un día, personas voluntarias empiezan a brindar servicios gratuitos. Atienden, promocionan, protegen y vigilan sin ningún otro interés que el bien común. La vida de ellas da un giro de cien grados: “Para mí ser defensora ha significado dejar atrás los temores, dejar de pensar que la violencia que existía de niña era natural, que yo también era una persona que tenía derechos y obligaciones. Doy gracias a las defensorías comunitarias porque me han servido para ver el sufrimiento de otras personas y que yo las puedo ayudar”, explica la señora Justina.
En el año 2005, se comenzaron a notar ciertos vacíos. Las demandas hacia el servicio así como la complejidad de los casos evidenciaron la necesidad de ampliar el trabajo para llegar a la tan ansiada meta de tener el sistema de administración de justicia que se necesita: uno respetuoso de la pluralidad cultural y sensible a las necesidades de protección de las niñas y mujeres víctimas de violencia.
Por ejemplo, la señora Libertad, defensora comunitaria comenta : “La mujer pone la denuncia, y nuevamente le pegan por denunciarlo. Mientras que pasa al médico legista o a la fiscalía, la golpean nuevamente. Quiere denunciarlo otra vez y la policía no la recibe: ‘Ya te he recibido, ya te he derivado, ya no tienes que venir’, le contestan” .
El año 2006 fue de cambios. Los directivos comunales, las rondas campesinas, los jueces de paz y los defensores comunitarios fueron incorporados, porque sin ellos la cosa no funciona. Sin un trabajo coordinado no puede haber beneficio para las víctimas de violencia.
A las defensoras les costó más de un dolor de cabeza entender todo el proceso. La señora Libertad comenta: “He malogrado informes tres, cuatro veces. Después recién he entendido que hay que recibir y dependiendo del caso, derivar y saber a qué institución derivar. Después hay que hacer seguimiento a la víctima y al proceso”.
Las rutas diversas
No existe una única ruta seguida por las mujeres víctimas de violencia familiar en las zonas rurales cusqueñas. Dependen de si tienen una defensoría cerca y cuán consolidada se encuentre.
En las comunidades con defensorías bien establecidas, que son las más antiguas, se observa mayor articulación entre actores de los sistemas de justicia estatal y comunal. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Huinchiri (distrito de Quehue, provincia de Canas), que cuenta con una defensoría comunitaria desde el año 2003, existe la práctica de reunirse con integrantes de la ronda campesina y con el teniente gobernador para analizar las medidas a tomar ante un caso de violencia familiar. Dependiendo de las particularidades de los casos, se derivan a instancias como el juez de paz o al juez mixto.
En estos lugares, la población tiene más claridad sobre las competencias de las autoridades dependiendo de la gravedad de los casos de violencia y de las funciones que le corresponden a la posta de salud, por ejemplo.
En cambio, en las comunidades campesinas que cuentan con defensorías comunitarias de reciente creación, el nivel de coordinación entre los actores de una misma comunidad es menor, y también la relación entre ellos y los operadores del sistema de justicia estatal.
Todavía en varias, los casos de violencia familiar son resueltos dentro de la familia, y sólo cuando esta no los resuelve, pasan a la asamblea. Prevalece la aplicación del castigo físico como sanción, sobre todo en los casos de reincidencia.
Y respecto de comunidades donde no existe el servicio de defensoría comunitaria, los casos se suelen resolver ahí mismo, con sanciones impuestas por la asamblea, que son a su vez las sanciones más severas (que incluyen expulsión y castigos físicos tales como rampear desnudos). Los directivos de una de ellas, que paradójicamente es la más cercana a las instancias del sistema de justicia estatal, mencionan que no suelen derivar los casos sino que los resuelven ellos mismos en la comunidad.
Al final
El trabajo y la lucha continúa. Se han desarrollado capacidades en los actores comunales de justicia, especialmente en aquellas comunidades donde ha dado frutos el trabajo de promoción de derechos. Si bien los operadores demuestran la voluntad de trabajar coordinadamente los casos que afectan particularmente a las mujeres en las comunidades, constatamos que, en no pocos casos, parten de una concepción errónea acerca de los causales de la violencia y de las consecuencias para las víctimas y sus familias. La defensora María sostiene: “Los varones hacen convencer fácilmente a los juzgados. Allí les creen más a los varones que a las mujeres. Realmente para las mujeres no hay justicia. A veces el juez el fiscal les dicen que tiene la culpa porque como mujer deberían atender”. Esto dificulta que se pueda encontrar solución satisfactoria a las expectativas de esas mujeres que se atreven a denunciar la situación de maltrato que están viviendo.
Por ello es primordial seguir promoviendo espacios de mujeres dentro de la organización de las rondas campesinas y en otras instancias. Asimismo, es necesario seguir buscando y fortaleciendo canales de coordinación y articulación para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer en las zonas rurales y reforzando el trabajo con los operadores jurídicos del sistema estatal, dado que sus prejuicios hacia la justicia comunitaria constituyen barreras que dificultan y hasta impiden la realización del diálogo en condición de igualdad.
(ver: http://www.revistaideele.com/node/435)
viernes, 8 de mayo de 2009
El 18% de partos en ex Maternidad de Lima corresponden a madres adolescentes
Alrededor de 3 mil 240 partos de madres adolescentes de hasta 18 años atiende al año el Instituto Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), lo que representa el 18 por ciento del total de partos anuales, tendencia que no ha variado en los últimos años.
Así lo señaló en diálogo con la agencia Andina el director institucional, Pedro Mascaró Sánchez, quien refirió que el Instituto Materno Perinatal atiende en general un promedio de 18 mil partos anuales.
Recordó que si la mujer tiene embarazos tempranos podría sufrir una serie de problemas de naturaleza obstétrica relacionados al puerperio, el aborto y hasta cáncer uterino, entre otras complicaciones.
Además, en casi todos los casos el parto de la madre adolescente es por cesárea, dado que su organismo no está preparado para un embarazo desde el punto de vista físico y emocional, dijo.
Un embarazo adolescente está asociado a alteraciones y malformaciones del bebé, nacimientos prematuros, problemas de bajo peso y otros que indican lo inconveniente de tener una embarazo a temprana edad.
“Esta casuística debería estar disminuyendo, pero se mantiene y no ha mejorado sustantivamente. Y lo que es más preocupante para nosotros es que hay adolescentes que tienen más de un embarazo antes de los 18 años”, manifestó.
Señaló que el Instituto Materno Perinatal se encarga de hacer el control y seguimiento del embarazo, así como atender el embarazo. Pero también se hace educación para la salud, prevención del embarazo a través de la difusión de métodos de planificación familiar, enfatizando en evitar que las adolescentes tengan varios embarazos.
“Nosotros vemos la parte recuperativa y preventiva, pero se requiere de todo un soporte de información en el que participen otros sectores como Educación, así como los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto para sumar esfuerzos y no tener que ver esta problemática sólo en su última etapa, sino con un enfoque preventivo integral”, expresó.
Mascaró Sánchez afirmó que en la parte recuperativa, el Instituto Materno Perinatal ofrece las condiciones necesarias para una atención de calidad a las gestantes adolescentes, con una dotación de 55 camas disponibles para atender a esta población.
Indicó que la atención de las madres adolescentes es diferenciada e involucra no sólo una intervención médica, sino también en los ámbitos psicológica, social y legal. “Es un grupo de madres que no se mezcla con el resto de la población que atendemos, sino que recibe una atención diferenciada”, anotó. (FIN) LZD/RRC
(Andina, 08/05/2009)
Más focos de explotación sexual fueron detectados
María Mosquera, directora de la ONG Acción por los Niños, informó que se detectaron focos de explotación sexual y laboral infantil en locales nocturnos y centros de abastos de Áncash. Las zonas analizadas fueron Huaraz, Chimbote, Huarmey, Huari y Yungay. En discotecas, bares y restaurantes de la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz, se detectó explotación sexual de menores. Y la explotación laboral se confirmó en minas de carbón así como en centros de abastos.
La Primera (08/05/2009)
La Primera (08/05/2009)
miércoles, 29 de abril de 2009
COMUNICADO DE LA COORDINACIÓN DE MUJERES DEL PARAGUAY (CMP)
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP), red de organizaciones que lleva 22 años trabajando por los derechos de las mujeres, ante los sucesos relacionados con la paternidad del presidente Fernando Lugo, expresa ante la opinión pública sus reflexiones y posturas:
• La paternidad responsable, un asunto de interés público: Los derechos de la infancia, así como los derechos de las mujeres, son un asunto público porque están reconocidos y deben ser garantizados, respetados, protegidos y promovidos por el Estado. Un lema feminista desde hace décadas es "lo personal es político": lo que aparentemente es una experiencia individual y sin transcendencia política, tiene carácter político porque es parte de un sistema general de dominio masculino y de subordinación femenina. La vigencia de derechos que rompen con este dominio es resultado de luchas ciudadanas, que deben ser conocidas y reconocidas por todas y todos.
• El poder de un hombre no está por encima de la ley: Como feministas, nos parece importante que el desarrollo de los hechos demuestre que existen mecanismos y herramientas para ejercer derechos, que deben ser cumplidos incluso por quienes tienen poder. El presidente, como ciudadano paraguayo, no está por encima de las leyes y debe cumplir con sus deberes de reconocimiento, cuidado y alimentación de quienes resulten ser sus hijos.
• La conducta del presidente Fernando Lugo refleja la persistencia del orden patriarcal: El presidente es parte de una cultura de dominio masculino con plena vigencia en la sociedad paraguaya. Mucho ya se ha hablado de las relaciones de poder de Lugo con algunas de las posibles madres de sus hijos, análisis que nos parece pertinente y que cuestiona el orden patriarcal. Al mismo tiempo nos preocupa que las referencias a estos casos refuercen otros estereotipos atribuidos a las mujeres: como pobres víctimas desprotegidas, como seres incompletos que precisan a un hombre que las proteja y como personas sujetas al dominio masculino en el marco de una heterosexualidad obligatoria. Es esta claudicación permanente de la autonomía la que perjudica a las mujeres frente a jefes, caudillos y diversos poderes de la cultura patriarcal.
• En un Estado laico no existen discriminaciones ni privilegios basados en la religión: Actualmente las hijas e hijos (de un presidente y de quien sea, nacidas/os en cualquier circunstancia) tienen iguales derechos ante las leyes. Antes existían clasificaciones basadas en el estado civil y la relación entre padres y madres. Por ejemplo, se consideraba como "hijos sacrílegos" a descendientes de curas, obispos y demás jerarcas de la iglesia católica. Era así porque el derecho canónico regía el pensamiento del derecho civil, influencia aún vigente aunque haya habido cambios. Por ello, es importante erradicar todo resto de derecho canónico de nuestras leyes, para que una religión no siga discriminando. Sólo un Estado laico puede garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su credo.
• La doble moral de la iglesia católica discrimina y perjudica a las mujeres: La presión cultural y política del catolicismo institucional sobre las leyes, las políticas y las costumbres de nuestro país es negativa para los derechos de las mujeres. La jerarquía católica ha protegido la doble moral reinante, usando el púlpito y su poder para recriminar y negar los derechos sexuales y reproductivos de las personas, protegiendo a la vez a sus propios miembros cuando éstos llevan una vida sexual irresponsable. Es tiempo de reconocer y cambiar esta situación.
• El modelo familiar nuclear y heterosexual no es el único válido para niñas y niños: Podemos obligar a través de leyes a que los hombres reconozcan a su descendencia y se hagan cargo económicamente de ella, y esto es necesario en un país de padres irresponsables como es el Paraguay. Sin embargo, no por ello debemos olvidar que el modelo tradicional de familia nuclear y heterosexual no es el único válido para la crianza de niñas y
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niños. Las leyes no resuelven la necesidad de afecto y cariño. Nos oponemos a que el reconocimiento paterno (más aún cuando fue inicialmente negado) vaya acompañado de un poder desproporcionado para hombres que, pese al reconocimiento, estarán ausentes frente a las demandas del cotidiano cuidado de hijas e hijos.
• El estupro, una burla penal a los derechos y la dignidad de las mujeres: Más allá de la posible prescripción de los hechos, nos preocupa que el presidente pudiera haber cometido hechos punibles contra la autonomía sexual de las personas. Pero ¿qué pasaría si Lugo fuera culpable? Según lo previsto por nuestro Código Penal machista y discriminatorio, tendría que pagar una multa y asunto terminado. Ésta es la seriedad con la que se toman nuestras leyes la dignidad de la vida de las mujeres. Nos molesta profundamente que personas y grupos políticos que desde sus cargos legislativos no atendieron nuestro reclamo sobre cambios a la ley penal (en éste y muchos otros aspectos), hoy hagan uso político de la supuesta falta presidencial.
• A las feministas se nos escucha cuando conviene: Nos llama la atención el reclamo generalizado de que las feministas nos pronunciemos frente al caso de las paternidades de Lugo, cuando en nuestra lucha cotidiana no se nos escucha y aunque de hecho varias organizaciones y mujeres feministas ya se han pronunciado, mostrando la diversidad de este movimiento social en Paraguay. No nos escucharon cuando hicimos sugerencias frente al proceso de modificación del Código Penal, cuando luchamos por la aprobación de una ley de protección a victimas de delitos contra la autonomía sexual, o por una ley de salud sexual y reproductiva. Las mismas personas que se opusieron a nuestras demandas, ahora denuncian y piden que hablemos para usar nuestra voz en contra del gobierno. La hipocresía, el oportunismo y la doble moral de gran parte de la clase política quedan patentes con estos hechos.
• Nos oponemos a la utilización política de la lucha de las mujeres: Como CMP rechazamos que los partidos políticos y los sectores dominantes y favorecidos a lo largo de la historia del país usen la victimización de las mujeres para sus propios intereses. Cuando estos sectores se comprometan realmente con nuestras luchas podrán hablar con credibilidad sobre estos temas. Mientras tanto, no busquen hacer de nuestras demandas "carne de cañón" para sus pretensiones políticas.
• Como feministas apoyamos la gestión de nuestras compañeras en el Estado: Las organizaciones que conformamos la CMP apoyamos la gestión y el esfuerzo que compañeras nuestras –Gloria Rubín y Liz Torres– desarrollan hoy al frente de la Secretaría de la Mujer y de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. La historia de lucha que poseen certifica su interés en mejorar la situación de mujeres y de la infancia, y no le deben nada a ningún poderoso por estar en el lugar que ocupan. Nos alegra que se queden allí para seguir trabajando, y no queremos que dejen esos espacios a quienes claman por su alejamiento de los mismos. Al contrario, creemos que es la oportunidad de posicionar con mayor firmeza la necesidad de cambios que coloquen en el centro de la gestión pública los derechos de las mujeres y de la niñez y adolescencia, en especial una fuerte campaña por la paternidad responsable.
Considerando todo esto, la CMP repudia la actitud irresponsable y machista del presidente Fernando Lugo y exige que asuma y repare sus errores, no sólo con un discurso y actuando con la verdad ante las denuncias que le atañen, sino además promoviendo políticas públicas sobre derechos sexuales y reproductivos, sin discriminaciones ni hipocresías.
Asunción, 26 de abril de 2009
La Coordinación de Mujeres del Paraguay (CMP) es una articulación feminista integrada por diez organizaciones: Aireana - Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Alter Vida – Centro de Formación y Estudios para el Ecodesarrollo, Asociación Trinidad, Base Educativa de Apoyo Comunitario (BECA), Centro de Documentación y Estudios (CDE), Círculo de Abogadas del Paraguay, Colectivo de Mujeres 25 de Noviembre, Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya (GEMPA), Kuña Róga y Mujeres por la Democracia.
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lunes, 27 de abril de 2009
Mujeres indígenas piden que Alan García se pronuncie contra la discriminación
EFE
Actualizado 25-04-2009 22:49 CET
Lima.- Una organización de mujeres indígenas de Perú pidió hoy al presidente Alan García que se pronuncie sobre una crítica de la prensa a una senadora quechua, lo que según el grupo, es un acto de discriminación contra los quechuahablantes en el país.
(EFE)
La Constitución de Perú señala que el español junto al quechua, aymara y otras lenguas aborígenes son lenguas oficiales. EFE/Archivo
La presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas y Asalariadas del Perú, Lourdes Huanca, dijo a Efe que esperan que "se manifieste el presidente de la república porque él es el representante de nuestro país y también las mujeres del campo tenemos que tener respeto".
Huanca participó hoy en un plantón convocado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en protesta contra el diario Correo de Lima por haber criticado a la legisladora por la región Cuzco, Hilaria Supa, por sus faltas de ortografía en el idioma español.
En su columna, el director de este diario, Aldo Mariátegui, criticó el jueves pasado que una persona con "un nivel cultural tan bajo" acceda al Congreso por considerar que un representante "que escribe peor que un niño de ocho años" afronta serias limitaciones a la hora de elaborar leyes o abordar casos de fiscalización complejos.
La lideresa de las mujeres campesinas en el país agregó que "si el Presidente de la República no se manifiesta, sigue estando en deuda con nosotros, porque este atropello no puede ser".
Además, Huanca exigió que Mariátegui pida disculpas públicas ante el Congreso de la República" porque al burlarse de la legisladora "no atropellaron solo a Hilaria, atropellaron a miles de mujeres quechuahablantes y aymaras, y eso no tiene perdón".
La publicación del diario generó un debate en el Congreso, tras lo cual el Parlamento expresó "su más enérgico rechazo y condena, en todos sus términos, respecto del contenido de la agraviante información publicada en el diario Correo (...) en la que se trasluce una actitud discriminatoria en perjuicio de la condición de quechua hablante".
Un pequeño grupo de activistas de la CNDDHH llegó este mediodía al local del diario para lanzar arengas contra su director y sus periodistas.
Los manifestantes cubrieron tres paneles con portadas del periódico y las pintaron de amarillo.
También escribieron sobre los paneles que "el Congreso es peruano y no castellano", "Aldo discúlpate" y "prensa amarilla, no comprar".
Huanca agregó que el ataque contra Supa les debe servir de lección para que las mujeres campesinas se sigan organizando y puedan ingresar en mayor número al Parlamento.
"Las mujeres campesinas ingresaremos a los 120 cupos (del Congreso) para demostrar que tenemos la universidad de la vida, que sabemos cómo se puede sobrevivir en este mundo", dijo la dirigente.
El primer ministro, Yehude Simon, anunció hoy que nombrará a un profesional quechuahablante en el manejo político del plan de desarrollo de la conflictiva zona del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), donde confluyen el terrorismo y el narcotráfico.
Sobre ese anuncio, Huanca saludó la decisión de elegir a un quechuahablante porque al Gobierno, dijo, le falta entender "qué está pasando desde el lado profundo de nuestras tierras".
"La capital no es nuestro país solamente, (sino también) las comunidades y todos esos lugares donde nos sentimos abandonados muchas veces", apuntó.
La Constitución de Perú señala que el español junto al quechua, aymara y otras lenguas aborígenes son lenguas oficiales.
viernes, 24 de abril de 2009
El plan regional de igualdad de oportunidades de Cusco: Implicancias para el sistema de justicia
Fuente: Roxana Vergara Rodríguez
Perú23-04-2009
Esta semana, el Gobierno Regional de Cusco publicó la Ordenanza Nº 051-2009-CR.GRC/CUSCO, del 18 de marzo del presente año, mediante la cual aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2009-2015. Esta decisión es una respuesta a las acciones de incidencia y concertación impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil y se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), del 08 de marzo de 2007.
Los planes de igualdad de oportunidades son instrumentos orientados a implementar políticas públicas con equidad de género en todas las instancias y sectores de gobierno. Esto significa que en Cusco, el mencionado Plan deberá tener impacto en las normas, decisiones y políticas de la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas a fin lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres.
En principio, en dos de los seis ejes se establecen lineamientos y acciones que involucran directamente al sector justicia. De un lado, el eje de participación política y ciudadana identifica como un problema central para la equidad de género, las limitaciones en la participación de mujeres en instancias estatales de gobierno. En ese sentido, propone proyectos orientados a la sensibilización y capacitación de autoridades así como la implementación de normas y resoluciones que aseguren cupos para las mujeres en altos puestos.
De otro lado, el eje de violencia hacia las mujeres establece como problemas centrales: 1) Los deficientes y escasos servicios de atención en violencia contra la mujer en zonas rurales y urbano – marginales, el desconocimiento de procedimientos, la poca sensibilidad frente al problema, la corrupción y el poco uso del idioma quechua. Frente a ello, propone proyectos orientados a la mejora de los servicios para la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia; 2) La discriminación a personas con otra opción sexual, para lo cual se establecen acciones de sensibilización a la población y operadores de justicia para eliminar la discriminación y el establecimiento de normas a nivel regional y local de protección.
Estas propuestas resultan interesantes, en tanto el mencionado plan no sólo ha considerado los problemas de inequidad de género en el acceso a la justicia sino también en el servicio de justicia mismo, es decir, respecto de quienes lo administran. Pero además de las medidas mencionadas, existen otras que también tendrán impacto en el Poder Judicial y que deberán ser determinadas en el diseño mismo de los proyectos propuestos.
Este nuevo panorama plantea tres interesantes desafíos a nivel local: 1) la identificación de las disposiciones relacionadas con el tema de justicia y las medidas concretas que deben tomarse para su implementación; 2) que las instancias implicadas –el gobierno regional y la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas– puedan ejercer el nivel de autonomía, respecto al Estado central, que se requerirá para implementar las medidas; y, 3) la implementación de una adecuada coordinación entre ambas instituciones, sin afectar su independencia. Y este desafío es relativamente complejo en tanto el plan establece como enfoques centrales: género, derechos, interculturalidad e inclusión social. De este modo, se coloca en manos del Poder Judicial la tarea de lograr una justicia más equitativa para mujeres y varones en un contexto particular y complejo como es la región de Cusco. Su ejecución podría resultar una interesante e innovadora experiencia, estaremos al tanto.
Perú23-04-2009
Esta semana, el Gobierno Regional de Cusco publicó la Ordenanza Nº 051-2009-CR.GRC/CUSCO, del 18 de marzo del presente año, mediante la cual aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2009-2015. Esta decisión es una respuesta a las acciones de incidencia y concertación impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil y se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), del 08 de marzo de 2007.
Los planes de igualdad de oportunidades son instrumentos orientados a implementar políticas públicas con equidad de género en todas las instancias y sectores de gobierno. Esto significa que en Cusco, el mencionado Plan deberá tener impacto en las normas, decisiones y políticas de la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas a fin lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres.
En principio, en dos de los seis ejes se establecen lineamientos y acciones que involucran directamente al sector justicia. De un lado, el eje de participación política y ciudadana identifica como un problema central para la equidad de género, las limitaciones en la participación de mujeres en instancias estatales de gobierno. En ese sentido, propone proyectos orientados a la sensibilización y capacitación de autoridades así como la implementación de normas y resoluciones que aseguren cupos para las mujeres en altos puestos.
De otro lado, el eje de violencia hacia las mujeres establece como problemas centrales: 1) Los deficientes y escasos servicios de atención en violencia contra la mujer en zonas rurales y urbano – marginales, el desconocimiento de procedimientos, la poca sensibilidad frente al problema, la corrupción y el poco uso del idioma quechua. Frente a ello, propone proyectos orientados a la mejora de los servicios para la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia; 2) La discriminación a personas con otra opción sexual, para lo cual se establecen acciones de sensibilización a la población y operadores de justicia para eliminar la discriminación y el establecimiento de normas a nivel regional y local de protección.
Estas propuestas resultan interesantes, en tanto el mencionado plan no sólo ha considerado los problemas de inequidad de género en el acceso a la justicia sino también en el servicio de justicia mismo, es decir, respecto de quienes lo administran. Pero además de las medidas mencionadas, existen otras que también tendrán impacto en el Poder Judicial y que deberán ser determinadas en el diseño mismo de los proyectos propuestos.
Este nuevo panorama plantea tres interesantes desafíos a nivel local: 1) la identificación de las disposiciones relacionadas con el tema de justicia y las medidas concretas que deben tomarse para su implementación; 2) que las instancias implicadas –el gobierno regional y la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas– puedan ejercer el nivel de autonomía, respecto al Estado central, que se requerirá para implementar las medidas; y, 3) la implementación de una adecuada coordinación entre ambas instituciones, sin afectar su independencia. Y este desafío es relativamente complejo en tanto el plan establece como enfoques centrales: género, derechos, interculturalidad e inclusión social. De este modo, se coloca en manos del Poder Judicial la tarea de lograr una justicia más equitativa para mujeres y varones en un contexto particular y complejo como es la región de Cusco. Su ejecución podría resultar una interesante e innovadora experiencia, estaremos al tanto.
El plan regional de igualdad de oportunidades de Cusco: Implicancias para el sistema de justicia
Fuente: Roxana Vergara Rodríguez
Perú23-04-2009
Esta semana, el Gobierno Regional de Cusco publicó la Ordenanza Nº 051-2009-CR.GRC/CUSCO, del 18 de marzo del presente año, mediante la cual aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2009-2015. Esta decisión es una respuesta a las acciones de incidencia y concertación impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil y se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), del 08 de marzo de 2007.
Los planes de igualdad de oportunidades son instrumentos orientados a implementar políticas públicas con equidad de género en todas las instancias y sectores de gobierno. Esto significa que en Cusco, el mencionado Plan deberá tener impacto en las normas, decisiones y políticas de la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas a fin lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres.
En principio, en dos de los seis ejes se establecen lineamientos y acciones que involucran directamente al sector justicia. De un lado, el eje de participación política y ciudadana identifica como un problema central para la equidad de género, las limitaciones en la participación de mujeres en instancias estatales de gobierno. En ese sentido, propone proyectos orientados a la sensibilización y capacitación de autoridades así como la implementación de normas y resoluciones que aseguren cupos para las mujeres en altos puestos.
De otro lado, el eje de violencia hacia las mujeres establece como problemas centrales: 1) Los deficientes y escasos servicios de atención en violencia contra la mujer en zonas rurales y urbano – marginales, el desconocimiento de procedimientos, la poca sensibilidad frente al problema, la corrupción y el poco uso del idioma quechua. Frente a ello, propone proyectos orientados a la mejora de los servicios para la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia; 2) La discriminación a personas con otra opción sexual, para lo cual se establecen acciones de sensibilización a la población y operadores de justicia para eliminar la discriminación y el establecimiento de normas a nivel regional y local de protección.
Estas propuestas resultan interesantes, en tanto el mencionado plan no sólo ha considerado los problemas de inequidad de género en el acceso a la justicia sino también en el servicio de justicia mismo, es decir, respecto de quienes lo administran. Pero además de las medidas mencionadas, existen otras que también tendrán impacto en el Poder Judicial y que deberán ser determinadas en el diseño mismo de los proyectos propuestos.
Este nuevo panorama plantea tres interesantes desafíos a nivel local: 1) la identificación de las disposiciones relacionadas con el tema de justicia y las medidas concretas que deben tomarse para su implementación; 2) que las instancias implicadas –el gobierno regional y la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas– puedan ejercer el nivel de autonomía, respecto al Estado central, que se requerirá para implementar las medidas; y, 3) la implementación de una adecuada coordinación entre ambas instituciones, sin afectar su independencia. Y este desafío es relativamente complejo en tanto el plan establece como enfoques centrales: género, derechos, interculturalidad e inclusión social. De este modo, se coloca en manos del Poder Judicial la tarea de lograr una justicia más equitativa para mujeres y varones en un contexto particular y complejo como es la región de Cusco. Su ejecución podría resultar una interesante e innovadora experiencia, estaremos al tanto.
Perú23-04-2009
Esta semana, el Gobierno Regional de Cusco publicó la Ordenanza Nº 051-2009-CR.GRC/CUSCO, del 18 de marzo del presente año, mediante la cual aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2009-2015. Esta decisión es una respuesta a las acciones de incidencia y concertación impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil y se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), del 08 de marzo de 2007.
Los planes de igualdad de oportunidades son instrumentos orientados a implementar políticas públicas con equidad de género en todas las instancias y sectores de gobierno. Esto significa que en Cusco, el mencionado Plan deberá tener impacto en las normas, decisiones y políticas de la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas a fin lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres.
En principio, en dos de los seis ejes se establecen lineamientos y acciones que involucran directamente al sector justicia. De un lado, el eje de participación política y ciudadana identifica como un problema central para la equidad de género, las limitaciones en la participación de mujeres en instancias estatales de gobierno. En ese sentido, propone proyectos orientados a la sensibilización y capacitación de autoridades así como la implementación de normas y resoluciones que aseguren cupos para las mujeres en altos puestos.
De otro lado, el eje de violencia hacia las mujeres establece como problemas centrales: 1) Los deficientes y escasos servicios de atención en violencia contra la mujer en zonas rurales y urbano – marginales, el desconocimiento de procedimientos, la poca sensibilidad frente al problema, la corrupción y el poco uso del idioma quechua. Frente a ello, propone proyectos orientados a la mejora de los servicios para la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia; 2) La discriminación a personas con otra opción sexual, para lo cual se establecen acciones de sensibilización a la población y operadores de justicia para eliminar la discriminación y el establecimiento de normas a nivel regional y local de protección.
Estas propuestas resultan interesantes, en tanto el mencionado plan no sólo ha considerado los problemas de inequidad de género en el acceso a la justicia sino también en el servicio de justicia mismo, es decir, respecto de quienes lo administran. Pero además de las medidas mencionadas, existen otras que también tendrán impacto en el Poder Judicial y que deberán ser determinadas en el diseño mismo de los proyectos propuestos.
Este nuevo panorama plantea tres interesantes desafíos a nivel local: 1) la identificación de las disposiciones relacionadas con el tema de justicia y las medidas concretas que deben tomarse para su implementación; 2) que las instancias implicadas –el gobierno regional y la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas– puedan ejercer el nivel de autonomía, respecto al Estado central, que se requerirá para implementar las medidas; y, 3) la implementación de una adecuada coordinación entre ambas instituciones, sin afectar su independencia. Y este desafío es relativamente complejo en tanto el plan establece como enfoques centrales: género, derechos, interculturalidad e inclusión social. De este modo, se coloca en manos del Poder Judicial la tarea de lograr una justicia más equitativa para mujeres y varones en un contexto particular y complejo como es la región de Cusco. Su ejecución podría resultar una interesante e innovadora experiencia, estaremos al tanto.
jueves, 23 de abril de 2009
Para las mujeres Argentina, es más peligroso el hogar que la calle
Publicado en "Página 12" el 22/04/2009
Por Raúl Kollmann
El acusado José Arce usó las cámaras de televisión hasta último momento antes de la detención para denigrar a su ex mujer.Un testigo clave aportó la evidencia decisiva para que la Justicia detuviera a José Arce por el asesinato de su ex esposa Rossana Galliano. El testigo les entregó a los investigadores policiales una vaina y una ojiva de un proyectil de los varios usados por los hermanos Leguizamón en una especie de práctica de tiro que hicieron cerca de su domicilio. La marca ya fue un primer impacto: Speed Bullet, justito la del proyectil que se usó en el homicidio. Las pruebas balísticas demostraron después que, por las estrías y demás elementos, el proyectil y la vaina salieron de la misma pistola calibre 45 con la que mataron a Rossana. Eso ya vinculó a los hermanos Leguizamón con el crimen. Pero después apareció un segundo testimonio decisivo, de la pareja de uno de los Leguizamón: admitió que la madre de Arce, Elsa Aguilar, le pagó por matar a Rossana. Algunas fuentes señalaron a Página/12 que alcanzó los 20.000 dólares; otras, que el pago fue de 10.000. En todo caso no fue una cifra chica, porque otra de las pruebas de la causa es la compra de electrodomésticos por parte de los Leguizamón enseguida después del homicidio. Todos los elementos convencieron finalmente al fiscal Marcelo Pernisi y luego a la jueza de Garantías de Zárate-Campana, Graciela Cione, de que Arce debía ser imputado y detenido. El caso es un símbolo de la violencia de género: las advertencias previas a la muerte de la mujer no fueron escuchadas por el Estado, después del homicidio el hombre denigró ante los medios a su ex esposa y mostró hasta con morbosidad su desprecio por ella, acusándola de su propia muerte. A fines de diciembre y principios de enero de este año, el testigo clave le aportó los elementos vitales a la pesquisa que encabezó el comisionado Rubén Lobos, de Investigaciones de la Bonaerense, quien fue enhebrando las piezas para concluir en la detención. Todos creen que el testigo de identidad reservada presenció el hecho, pero nunca se animó a declarar por temor a una represalia de Arce o de los hermanos Leguizamón. De todas maneras, al final entregó las dos pruebas objetivas de mayor importancia, el proyectil y la vaina. Ambos elementos provenían de una especie de práctica de tiro que hicieron los hermanos Leguizamón, según parece para probar el arma que después usarían en el crimen. El proyectil y la vaina se compararon con los proyectiles que se extrajeron en la autopsia de Ro-ssana y las vainas que se encontraron en El Remanso, la quinta en la que vivía la mujer con sus dos hijos y en la que fue asesinada. Hubo coincidencias plenas en la prueba balística: - En primer lugar en la marca, Speed Bullet. Y no es un dato menor, porque son proyectiles norteamericanos, muy inhabituales en la Argentina y caros. - En la vaina, la pericia indicó identidad en el golpe del percutor, en los rastros dejados por el resorte que lanza la vaina hacia fuera, en la marca de la uña extractora y en el espaldón. - En el proyectil, las estrías que se marcan cuando sale por el caño también resultaron idénticas en el aportado por el testigo y en las extraídas del cuerpo de Rossana. Esto ya indicaba con claridad que uno de los ejecutores del asesinato fue o Gabriel o Pablo Leguizamón. En noviembre pasado, en Capilla del Señor, se produjo un asalto en el casco de una estancia. Los delincuentes fueron interceptados por efectivos policiales. En la persecución tiraron sus armas. Resultaron detenidos Gabriel Leguizamón y su pareja. Ambos están presos desde entonces. Los hombres de Investigaciones recorrieron una y otra vez la ruta de escape de Leguizamón para ver si encontraban la pistola y si ésa era la que se usó en el homicidio de Rossana. El arma no se pudo encontrar, aunque también es probable que en el asalto no se hubiera usado la misma pistola del asesinato de El Remanso: un arma con tanto ruido como la del caso Rossana seguramente se tiró a algún río o fue enterrada. Sin embargo, muy poco tiempo después del asalto a la estancia, apareció en escena el testigo con el proyectil y la vaina. Cuando Investigaciones de la Bonaerense y el fiscal Pernisi recibieron los resultados de la prueba balística, todos los esfuerzos se pusieron en lograr alguna declaración, en especial de la pareja de Gabriel Leguizamón. Según han hecho trascender los investigadores, ésta terminó admitiendo que la madre de Arce les había pagado una suma de dinero por el homicidio. En la causa judicial ya figuraban algunos elementos que demostraban que los Leguizamón habían comprado cosas después del asesinato y se percibió –siempre según los investigadores– una mejora en sus condiciones de vida.Los abogados de la familia de Rossana Galliano, Roberto Babington y Víctor Stinfale, insistieron con que Arce debía ser imputado por el homicidio, teniendo en cuenta una numerosa cantidad de pruebas que están en el expediente desde los primeros meses. El fiscal Pernisi nunca consideró suficientes las evidencias hasta que el nuevo testigo cambió las cosas.El móvil del asesinato pareció claro desde un principio. Rossana, de 29 años, rompió su relación con Arce, de 59, y estaba en pleno trámite de divorcio. Además, había empezado a establecer otras relaciones. El ahora viudo empezó una escalada de violencia, sobre la que hay sobradas pruebas en el expediente, al punto que Arce tenía prohibido acercarse a la casa de El Remanso. Con Ro-ssana en vida la perspectiva era la de una división de bienes, algo que implicaba la pérdida de patrimonio por parte de Arce y de su madre, que había comprado parte de las propiedades; la tenencia de los dos hijos iba a corresponder a Rossana y, encima, Arce tenía una especie de fiebre por los celos. En el medio, se habló también de una historia relacionada con el robo y doblaje de autos. La familia de Rossana sostiene que ésta tenía registradas en su celular las patentes de autos robados que Arce y los hermanos Leguizamón, ambos mecánicos, doblaban después en el campo de Arce, llamado La Dulzura. Lo que se sugiere es que ella amenazaba a su ex marido con denunciarlo si no la dejaba tranquila. Muchos criminalistas afirman que un método elemental para esbozar el móvil de un delito es determinar a quién beneficia. El resultado de la muerte de Rossana fue el siguiente: Arce se fue a vivir a la casa de El Remanso, el lugar en el que ella vivía y donde la mataron, y, por supuesto, se quedó con los dos hijos. Es indudable que la defensa de Arce pedirá su excarcelación en forma casi inmediata. Alegarán que el viudo siempre estuvo a derecho y que tiene que ocuparse de sus dos pequeños hijos. Respecto de su madre, mayor de 70, los letrados Ramiro Rúa y Claudia Zakhem, sostendrán que tiene derecho a la prisión domiciliaria y que tampoco amagó nunca con evadir la Justicia. En Zárate-Campana dicen que los pedidos de la defensa tienen chance, tarde o temprano, de prosperar. Más allá de esa mirada a corto plazo, todo indica que en el juicio oral que inevitablemente se realizará, Arce afronta la perspectiva de una condena a reclusión perpetua.
Por qué es femicidio
Marcela Rodríguez, diputada y experta
Por Mariana Carbajal
“La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género”, sostiene la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, al analizar el homicidio de Ro-ssana Galliano, presuntamente encargado por su ex marido. Antes de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Marcela Rodríguez dirigió entre 1993 y 2001 el Centro Municipal de la Mujer de la localidad bonaerense de Vicente López, que se especializó en la atención de mujeres víctimas de malos tratos y se convirtió en un centro modelo: en 1998 fue distinguido con un premio de las Naciones Unidas a la Mejor Gestión de Derechos Humanos de las Mujeres. En diálogo con Página/12, la legisladora y abogada enmarca el caso en un sistema de administración de justicia que no presta la atención debida a las denuncias de violencia doméstica de las mujeres y abre así el camino para el peor desenlace. “Si no responde la Justicia, genera un escenario más proclive a la escalada de violencia. En la medida en que hay una respuesta inmediata, hay más posibilidades de prevenir”, opinó. Y destacó como imperiosa la implementación de políticas públicas desde el Poder Ejecutivo que apunten a consolidar una sociedad que “no fomente ni consienta la violencia de género”.
–¿Por qué el asesinato de Rossana Galliano se debe encuadrar como un femicidio, es decir, un homicidio de género?
–Tomando en cuenta la información que trasciende a la prensa a partir de la investigación de la fiscalía que interviene, el que la quiere muerta es el ex marido, por el manejo del dinero en la separación de bienes, en el marco del divorcio. Como en otros casos, existe una falta de reconocimiento del aporte que hacemos las mujeres a la sociedad conyugal, en términos de responsabilidades y tareas domésticas, que sigue invisibilizado. La violencia económica es una de las manifestaciones de la violencia de género. Esta violencia se incrementa y termina en la expresión más grave que puede tener y es el homicidio de la mujer. Lo que está en juego tiene que ver con un vínculo de pareja, aunque ya estuviera rota, y el manejo de ese dinero de ambos. La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género. Había un vínculo violento anterior, según surge de las denuncias que Rossana había presentado en la policía en varias oportunidades; que haya habido otras personas que participaron como autores por encargo no obsta la calificación de este asesinato como femicidio o resultado de la violencia de género. –No se trata de un caso aislado. Según relevamientos realizados por la Asociación Civil Casa de Encuentro, al menos en promedio, cada semana en el 2008 fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano. ¿Se pueden evitar esas muertes? –
Lamentablemente para las mujeres, en Argentina es más peligroso el hogar que la calle. Lo que sucede en la mayoría de los casos donde hay una escalada de la violencia, el sistema no protege a la víctima y ella queda en el desamparo. Es muy difícil evitar un crimen en todas las condiciones. Lo que se puede hacer es disminuir las posibilidades de que ocurra. Rossana, según la información periodística, lo había denunciado por amenazas y también después de recibir un golpe en el cuello. Las consecuencias de ese golpe fueron consideradas como “lesiones leves”. Es probable, se podría hipotetizar, que pudiera haber sido un intento de homicidio, dado que la agresión fue en el cuello. Si se lo hubiera juzgado y condenado por ese delito, aun cuando hubiese recibido una condena en suspenso, podría haber tenido algún tipo de poder disuasorio. Pero al no ser castigadas las lesiones, brinda la sensación de impunidad. En este como en otros resonantes como el de Carolina Aló, hubo hechos previos de violencia que no fueron tenidos en cuenta con la gravedad que tenían. Adriana García, cuyos dos hijos terminaron asesinados por su ex marido Ariel Bualo en Mar del Plata, había hecho varias denuncias por violencia familiar también. –Daría la sensación que el hombre violento va dando avisos... –Tiene que ver con la dinámica de la violencia. El ciclo empieza con un aumento de la tensión, que termina en golpe. Después viene la llamada luna de miel: él le dice que esa va a ser la última vez que le pega, que la ama, que si ella lo deja, se suicida, le regala bombones, etc, etc. La mujer, que está enamorada, quiere creerle. La rueda gira cada vez con más intensidad y velocidad. Y las manifestaciones de violencia son cada vez más graves. Por eso es tan importante la mano de la Justicia para ponerle un freno. –¿Qué efecto puede tener la aplicación de la nueva ley, que entró en vigencia una semana atrás, para prevenir otros femicidios? –La prevención, fundamentalmente, se puede realizar a través de políticas públicas que ponga en marcha el Poder Ejecutivo en términos de encaminar a la sociedad a una cultura que no fomente ni consienta la violencia de género. La ley prevé algunas medidas, que van desde la educación, la educación en derechos, que las mujeres cuenten con patrocinios jurídicos gratuitos, que tengan algún sistema que vaya más allá de los refugios, de acceso a créditos, para facilitarle que puedan mudarse e irse lejos de donde vive el agresor. Otras medidas dependen del funcionamiento de la administración de Justicia, una vez que reciben las denuncias.
Los casos que siguen sumando
La ausencia de registros oficiales de las muertes de mujeres por violencia de género empujó a distintas entidades a contar los femicidios en el país, a través de las noticias periodísticas que los reflejan. Los relevamientos dan distintos resultados, dado que se aplican diversos criterios teóricos para definir un femicidio y a la vez las fuentes consultadas varían. De todos modos, muestran una tendencia: el problema es grave. El conteo de la Asociación Civil Casa del Encuentro concluyó que a lo largo de 2008 hubo al menos 207 femicidios, teniendo en cuenta los casos publicados en diarios de distribución nacional, provincial y agencias de noticias. En promedio, cada semana fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano.
También llevan un registro Artemisa Comunicación y Amnistía Internacional. Según los números de Artemisa Comunicación, desde que comenzó el 2009 y hasta el lunes, fueron 46 los femicidios: “En lo que va de abril suman 8”, señaló a Página/12 la periodista Gabriela Barcaglione, encargada del relevamiento de las noticias de agencias y diarios nacionales para esa ONG
La inseguridad que no conmueve
Por Mariana Carbajal
Hace unos días en Pueblo San José, una pequeña localidad del partido de Coronel Suárez, la policía detuvo a Raúl Peña, de 42 años, acusado de haber matado a golpes a su ex esposa María Cristina Huber, de 41. Como José Arce, Peña también había sido denunciado por situaciones de violencia: fue acusado de abusar de dos hijas del matrimonio. La Justicia le había ordenado no acercarse a menos de 200 metros de la casa en la que vivían María Cristina y los seis hijos que habían tenido juntos. Pero en la mañana del 16 de abril, Peña habría violado la prohibición, se habría acercado a la vivienda y habría discutido con su ex mujer y uno de los chicos, de 14 años. Luego, habría descargado toda su furia contra ella, dándole golpes con una plancha de hierro. Y una vez que la vio rendida en el piso, la habría matado con un bate de béisbol.Arce no se podía acercar a menos de 300 metros de la casa de El Remanso, donde vivían Rossana Galliano y los dos hijos de ambos, de 4 y 3 años. Una jueza lo había dispuesto después de la cuarta denuncia que presentó Rossana por violencia doméstica. No fue necesario que violara la orden judicial. No apeló a una plancha de hierro ni a un bate de béisbol: Arce, según la investigación fiscal, habría contratado sicarios. Pudo mandarla a matar, siguiendo la acusación, porque tenía plata. Es la privatización de femicidio. Otros hombres estrangulan, disparan un arma con su propia mano o apuñalan a sus parejas o ex esposas para liquidarlas. Algunos, después se suicidan. Antes, casi siempre, hay otras manifestaciones violentas.Muchas mujeres viven con esa inseguridad de puertas adentro. Es una inseguridad histórica, eterna, real, palpable en rostros violáceos de moretones. Es una inseguridad que conmueve poco o nada a la clase política, salvo algunas excepciones. La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación y tal vez la violación más frecuente, silenciada e impune de los derechos humanos. Tiene su raíz en la desigualdad de género y en el status subordinado de las mujeres en relación con los hombres en las sociedades. En el país no se conoce la verdadera cantidad de femicidios. No hay estadísticas oficiales, a pesar de que el Estado tiene la obligación de llevar un registro por compromisos internacionales. La flamante Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, vuelve a encargarle la tarea, entre múltiples directivas, que apuntan a instaurar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo para frenar este flagelo. Es una deuda pendiente que se cobra alrededor de cuatro vidas por semana de mujeres a lo largo de cada año, de acuerdo con relevamientos de la sociedad civil, en base a noticias periodísticas. Y deja mujeres vivas, pero muertas por dentro hasta que pueden pedir ayuda y la consiguen efectivamente. “El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra es necesaria para comprender su significado político”, escribieron Diana Russell y Jill Radford casi dos décadas atrás (Femicide. The politics of woman killing, Revista Ms, Nueva York, 1990), para justificar el uso de “femicidio” para describir “los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas”. Es necesario un fuerte compromiso de todos los gobiernos (nacional, provinciales, municipales) para poder enfrentarlos: trabajar para desnaturalizar la violencia contra las mujeres es uno de los caminos.
Por Raúl Kollmann
El acusado José Arce usó las cámaras de televisión hasta último momento antes de la detención para denigrar a su ex mujer.Un testigo clave aportó la evidencia decisiva para que la Justicia detuviera a José Arce por el asesinato de su ex esposa Rossana Galliano. El testigo les entregó a los investigadores policiales una vaina y una ojiva de un proyectil de los varios usados por los hermanos Leguizamón en una especie de práctica de tiro que hicieron cerca de su domicilio. La marca ya fue un primer impacto: Speed Bullet, justito la del proyectil que se usó en el homicidio. Las pruebas balísticas demostraron después que, por las estrías y demás elementos, el proyectil y la vaina salieron de la misma pistola calibre 45 con la que mataron a Rossana. Eso ya vinculó a los hermanos Leguizamón con el crimen. Pero después apareció un segundo testimonio decisivo, de la pareja de uno de los Leguizamón: admitió que la madre de Arce, Elsa Aguilar, le pagó por matar a Rossana. Algunas fuentes señalaron a Página/12 que alcanzó los 20.000 dólares; otras, que el pago fue de 10.000. En todo caso no fue una cifra chica, porque otra de las pruebas de la causa es la compra de electrodomésticos por parte de los Leguizamón enseguida después del homicidio. Todos los elementos convencieron finalmente al fiscal Marcelo Pernisi y luego a la jueza de Garantías de Zárate-Campana, Graciela Cione, de que Arce debía ser imputado y detenido. El caso es un símbolo de la violencia de género: las advertencias previas a la muerte de la mujer no fueron escuchadas por el Estado, después del homicidio el hombre denigró ante los medios a su ex esposa y mostró hasta con morbosidad su desprecio por ella, acusándola de su propia muerte. A fines de diciembre y principios de enero de este año, el testigo clave le aportó los elementos vitales a la pesquisa que encabezó el comisionado Rubén Lobos, de Investigaciones de la Bonaerense, quien fue enhebrando las piezas para concluir en la detención. Todos creen que el testigo de identidad reservada presenció el hecho, pero nunca se animó a declarar por temor a una represalia de Arce o de los hermanos Leguizamón. De todas maneras, al final entregó las dos pruebas objetivas de mayor importancia, el proyectil y la vaina. Ambos elementos provenían de una especie de práctica de tiro que hicieron los hermanos Leguizamón, según parece para probar el arma que después usarían en el crimen. El proyectil y la vaina se compararon con los proyectiles que se extrajeron en la autopsia de Ro-ssana y las vainas que se encontraron en El Remanso, la quinta en la que vivía la mujer con sus dos hijos y en la que fue asesinada. Hubo coincidencias plenas en la prueba balística: - En primer lugar en la marca, Speed Bullet. Y no es un dato menor, porque son proyectiles norteamericanos, muy inhabituales en la Argentina y caros. - En la vaina, la pericia indicó identidad en el golpe del percutor, en los rastros dejados por el resorte que lanza la vaina hacia fuera, en la marca de la uña extractora y en el espaldón. - En el proyectil, las estrías que se marcan cuando sale por el caño también resultaron idénticas en el aportado por el testigo y en las extraídas del cuerpo de Rossana. Esto ya indicaba con claridad que uno de los ejecutores del asesinato fue o Gabriel o Pablo Leguizamón. En noviembre pasado, en Capilla del Señor, se produjo un asalto en el casco de una estancia. Los delincuentes fueron interceptados por efectivos policiales. En la persecución tiraron sus armas. Resultaron detenidos Gabriel Leguizamón y su pareja. Ambos están presos desde entonces. Los hombres de Investigaciones recorrieron una y otra vez la ruta de escape de Leguizamón para ver si encontraban la pistola y si ésa era la que se usó en el homicidio de Rossana. El arma no se pudo encontrar, aunque también es probable que en el asalto no se hubiera usado la misma pistola del asesinato de El Remanso: un arma con tanto ruido como la del caso Rossana seguramente se tiró a algún río o fue enterrada. Sin embargo, muy poco tiempo después del asalto a la estancia, apareció en escena el testigo con el proyectil y la vaina. Cuando Investigaciones de la Bonaerense y el fiscal Pernisi recibieron los resultados de la prueba balística, todos los esfuerzos se pusieron en lograr alguna declaración, en especial de la pareja de Gabriel Leguizamón. Según han hecho trascender los investigadores, ésta terminó admitiendo que la madre de Arce les había pagado una suma de dinero por el homicidio. En la causa judicial ya figuraban algunos elementos que demostraban que los Leguizamón habían comprado cosas después del asesinato y se percibió –siempre según los investigadores– una mejora en sus condiciones de vida.Los abogados de la familia de Rossana Galliano, Roberto Babington y Víctor Stinfale, insistieron con que Arce debía ser imputado por el homicidio, teniendo en cuenta una numerosa cantidad de pruebas que están en el expediente desde los primeros meses. El fiscal Pernisi nunca consideró suficientes las evidencias hasta que el nuevo testigo cambió las cosas.El móvil del asesinato pareció claro desde un principio. Rossana, de 29 años, rompió su relación con Arce, de 59, y estaba en pleno trámite de divorcio. Además, había empezado a establecer otras relaciones. El ahora viudo empezó una escalada de violencia, sobre la que hay sobradas pruebas en el expediente, al punto que Arce tenía prohibido acercarse a la casa de El Remanso. Con Ro-ssana en vida la perspectiva era la de una división de bienes, algo que implicaba la pérdida de patrimonio por parte de Arce y de su madre, que había comprado parte de las propiedades; la tenencia de los dos hijos iba a corresponder a Rossana y, encima, Arce tenía una especie de fiebre por los celos. En el medio, se habló también de una historia relacionada con el robo y doblaje de autos. La familia de Rossana sostiene que ésta tenía registradas en su celular las patentes de autos robados que Arce y los hermanos Leguizamón, ambos mecánicos, doblaban después en el campo de Arce, llamado La Dulzura. Lo que se sugiere es que ella amenazaba a su ex marido con denunciarlo si no la dejaba tranquila. Muchos criminalistas afirman que un método elemental para esbozar el móvil de un delito es determinar a quién beneficia. El resultado de la muerte de Rossana fue el siguiente: Arce se fue a vivir a la casa de El Remanso, el lugar en el que ella vivía y donde la mataron, y, por supuesto, se quedó con los dos hijos. Es indudable que la defensa de Arce pedirá su excarcelación en forma casi inmediata. Alegarán que el viudo siempre estuvo a derecho y que tiene que ocuparse de sus dos pequeños hijos. Respecto de su madre, mayor de 70, los letrados Ramiro Rúa y Claudia Zakhem, sostendrán que tiene derecho a la prisión domiciliaria y que tampoco amagó nunca con evadir la Justicia. En Zárate-Campana dicen que los pedidos de la defensa tienen chance, tarde o temprano, de prosperar. Más allá de esa mirada a corto plazo, todo indica que en el juicio oral que inevitablemente se realizará, Arce afronta la perspectiva de una condena a reclusión perpetua.
Por qué es femicidio
Marcela Rodríguez, diputada y experta
Por Mariana Carbajal
“La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género”, sostiene la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, al analizar el homicidio de Ro-ssana Galliano, presuntamente encargado por su ex marido. Antes de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Marcela Rodríguez dirigió entre 1993 y 2001 el Centro Municipal de la Mujer de la localidad bonaerense de Vicente López, que se especializó en la atención de mujeres víctimas de malos tratos y se convirtió en un centro modelo: en 1998 fue distinguido con un premio de las Naciones Unidas a la Mejor Gestión de Derechos Humanos de las Mujeres. En diálogo con Página/12, la legisladora y abogada enmarca el caso en un sistema de administración de justicia que no presta la atención debida a las denuncias de violencia doméstica de las mujeres y abre así el camino para el peor desenlace. “Si no responde la Justicia, genera un escenario más proclive a la escalada de violencia. En la medida en que hay una respuesta inmediata, hay más posibilidades de prevenir”, opinó. Y destacó como imperiosa la implementación de políticas públicas desde el Poder Ejecutivo que apunten a consolidar una sociedad que “no fomente ni consienta la violencia de género”.
–¿Por qué el asesinato de Rossana Galliano se debe encuadrar como un femicidio, es decir, un homicidio de género?
–Tomando en cuenta la información que trasciende a la prensa a partir de la investigación de la fiscalía que interviene, el que la quiere muerta es el ex marido, por el manejo del dinero en la separación de bienes, en el marco del divorcio. Como en otros casos, existe una falta de reconocimiento del aporte que hacemos las mujeres a la sociedad conyugal, en términos de responsabilidades y tareas domésticas, que sigue invisibilizado. La violencia económica es una de las manifestaciones de la violencia de género. Esta violencia se incrementa y termina en la expresión más grave que puede tener y es el homicidio de la mujer. Lo que está en juego tiene que ver con un vínculo de pareja, aunque ya estuviera rota, y el manejo de ese dinero de ambos. La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género. Había un vínculo violento anterior, según surge de las denuncias que Rossana había presentado en la policía en varias oportunidades; que haya habido otras personas que participaron como autores por encargo no obsta la calificación de este asesinato como femicidio o resultado de la violencia de género. –No se trata de un caso aislado. Según relevamientos realizados por la Asociación Civil Casa de Encuentro, al menos en promedio, cada semana en el 2008 fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano. ¿Se pueden evitar esas muertes? –
Lamentablemente para las mujeres, en Argentina es más peligroso el hogar que la calle. Lo que sucede en la mayoría de los casos donde hay una escalada de la violencia, el sistema no protege a la víctima y ella queda en el desamparo. Es muy difícil evitar un crimen en todas las condiciones. Lo que se puede hacer es disminuir las posibilidades de que ocurra. Rossana, según la información periodística, lo había denunciado por amenazas y también después de recibir un golpe en el cuello. Las consecuencias de ese golpe fueron consideradas como “lesiones leves”. Es probable, se podría hipotetizar, que pudiera haber sido un intento de homicidio, dado que la agresión fue en el cuello. Si se lo hubiera juzgado y condenado por ese delito, aun cuando hubiese recibido una condena en suspenso, podría haber tenido algún tipo de poder disuasorio. Pero al no ser castigadas las lesiones, brinda la sensación de impunidad. En este como en otros resonantes como el de Carolina Aló, hubo hechos previos de violencia que no fueron tenidos en cuenta con la gravedad que tenían. Adriana García, cuyos dos hijos terminaron asesinados por su ex marido Ariel Bualo en Mar del Plata, había hecho varias denuncias por violencia familiar también. –Daría la sensación que el hombre violento va dando avisos... –Tiene que ver con la dinámica de la violencia. El ciclo empieza con un aumento de la tensión, que termina en golpe. Después viene la llamada luna de miel: él le dice que esa va a ser la última vez que le pega, que la ama, que si ella lo deja, se suicida, le regala bombones, etc, etc. La mujer, que está enamorada, quiere creerle. La rueda gira cada vez con más intensidad y velocidad. Y las manifestaciones de violencia son cada vez más graves. Por eso es tan importante la mano de la Justicia para ponerle un freno. –¿Qué efecto puede tener la aplicación de la nueva ley, que entró en vigencia una semana atrás, para prevenir otros femicidios? –La prevención, fundamentalmente, se puede realizar a través de políticas públicas que ponga en marcha el Poder Ejecutivo en términos de encaminar a la sociedad a una cultura que no fomente ni consienta la violencia de género. La ley prevé algunas medidas, que van desde la educación, la educación en derechos, que las mujeres cuenten con patrocinios jurídicos gratuitos, que tengan algún sistema que vaya más allá de los refugios, de acceso a créditos, para facilitarle que puedan mudarse e irse lejos de donde vive el agresor. Otras medidas dependen del funcionamiento de la administración de Justicia, una vez que reciben las denuncias.
Los casos que siguen sumando
La ausencia de registros oficiales de las muertes de mujeres por violencia de género empujó a distintas entidades a contar los femicidios en el país, a través de las noticias periodísticas que los reflejan. Los relevamientos dan distintos resultados, dado que se aplican diversos criterios teóricos para definir un femicidio y a la vez las fuentes consultadas varían. De todos modos, muestran una tendencia: el problema es grave. El conteo de la Asociación Civil Casa del Encuentro concluyó que a lo largo de 2008 hubo al menos 207 femicidios, teniendo en cuenta los casos publicados en diarios de distribución nacional, provincial y agencias de noticias. En promedio, cada semana fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano.
También llevan un registro Artemisa Comunicación y Amnistía Internacional. Según los números de Artemisa Comunicación, desde que comenzó el 2009 y hasta el lunes, fueron 46 los femicidios: “En lo que va de abril suman 8”, señaló a Página/12 la periodista Gabriela Barcaglione, encargada del relevamiento de las noticias de agencias y diarios nacionales para esa ONG
La inseguridad que no conmueve
Por Mariana Carbajal
Hace unos días en Pueblo San José, una pequeña localidad del partido de Coronel Suárez, la policía detuvo a Raúl Peña, de 42 años, acusado de haber matado a golpes a su ex esposa María Cristina Huber, de 41. Como José Arce, Peña también había sido denunciado por situaciones de violencia: fue acusado de abusar de dos hijas del matrimonio. La Justicia le había ordenado no acercarse a menos de 200 metros de la casa en la que vivían María Cristina y los seis hijos que habían tenido juntos. Pero en la mañana del 16 de abril, Peña habría violado la prohibición, se habría acercado a la vivienda y habría discutido con su ex mujer y uno de los chicos, de 14 años. Luego, habría descargado toda su furia contra ella, dándole golpes con una plancha de hierro. Y una vez que la vio rendida en el piso, la habría matado con un bate de béisbol.Arce no se podía acercar a menos de 300 metros de la casa de El Remanso, donde vivían Rossana Galliano y los dos hijos de ambos, de 4 y 3 años. Una jueza lo había dispuesto después de la cuarta denuncia que presentó Rossana por violencia doméstica. No fue necesario que violara la orden judicial. No apeló a una plancha de hierro ni a un bate de béisbol: Arce, según la investigación fiscal, habría contratado sicarios. Pudo mandarla a matar, siguiendo la acusación, porque tenía plata. Es la privatización de femicidio. Otros hombres estrangulan, disparan un arma con su propia mano o apuñalan a sus parejas o ex esposas para liquidarlas. Algunos, después se suicidan. Antes, casi siempre, hay otras manifestaciones violentas.Muchas mujeres viven con esa inseguridad de puertas adentro. Es una inseguridad histórica, eterna, real, palpable en rostros violáceos de moretones. Es una inseguridad que conmueve poco o nada a la clase política, salvo algunas excepciones. La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación y tal vez la violación más frecuente, silenciada e impune de los derechos humanos. Tiene su raíz en la desigualdad de género y en el status subordinado de las mujeres en relación con los hombres en las sociedades. En el país no se conoce la verdadera cantidad de femicidios. No hay estadísticas oficiales, a pesar de que el Estado tiene la obligación de llevar un registro por compromisos internacionales. La flamante Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, vuelve a encargarle la tarea, entre múltiples directivas, que apuntan a instaurar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo para frenar este flagelo. Es una deuda pendiente que se cobra alrededor de cuatro vidas por semana de mujeres a lo largo de cada año, de acuerdo con relevamientos de la sociedad civil, en base a noticias periodísticas. Y deja mujeres vivas, pero muertas por dentro hasta que pueden pedir ayuda y la consiguen efectivamente. “El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra es necesaria para comprender su significado político”, escribieron Diana Russell y Jill Radford casi dos décadas atrás (Femicide. The politics of woman killing, Revista Ms, Nueva York, 1990), para justificar el uso de “femicidio” para describir “los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas”. Es necesario un fuerte compromiso de todos los gobiernos (nacional, provinciales, municipales) para poder enfrentarlos: trabajar para desnaturalizar la violencia contra las mujeres es uno de los caminos.
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