Publicado en "Página 12" el 22/04/2009Por Raúl KollmannEl acusado José Arce usó las cámaras de televisión hasta último momento antes de la detención para denigrar a su ex mujer.Un testigo clave aportó la evidencia decisiva para que la Justicia detuviera a José Arce por el asesinato de su ex esposa Rossana Galliano. El testigo les entregó a los investigadores policiales una vaina y una ojiva de un proyectil de los varios usados por los hermanos Leguizamón en una especie de práctica de tiro que hicieron cerca de su domicilio. La marca ya fue un primer impacto: Speed Bullet, justito la del proyectil que se usó en el homicidio. Las pruebas balísticas demostraron después que, por las estrías y demás elementos, el proyectil y la vaina salieron de la misma pistola calibre 45 con la que mataron a Rossana. Eso ya vinculó a los hermanos Leguizamón con el crimen. Pero después apareció un segundo testimonio decisivo, de la pareja de uno de los Leguizamón: admitió que la madre de Arce, Elsa Aguilar, le pagó por matar a Rossana. Algunas fuentes señalaron a Página/12 que alcanzó los 20.000 dólares; otras, que el pago fue de 10.000. En todo caso no fue una cifra chica, porque otra de las pruebas de la causa es la compra de electrodomésticos por parte de los Leguizamón enseguida después del homicidio. Todos los elementos convencieron finalmente al fiscal Marcelo Pernisi y luego a la jueza de Garantías de Zárate-Campana, Graciela Cione, de que Arce debía ser imputado y detenido. El caso es un símbolo de la violencia de género: las advertencias previas a la muerte de la mujer no fueron escuchadas por el Estado, después del homicidio el hombre denigró ante los medios a su ex esposa y mostró hasta con morbosidad su desprecio por ella, acusándola de su propia muerte. A fines de diciembre y principios de enero de este año, el testigo clave le aportó los elementos vitales a la pesquisa que encabezó el comisionado Rubén Lobos, de Investigaciones de la Bonaerense, quien fue enhebrando las piezas para concluir en la detención. Todos creen que el testigo de identidad reservada presenció el hecho, pero nunca se animó a declarar por temor a una represalia de Arce o de los hermanos Leguizamón. De todas maneras, al final entregó las dos pruebas objetivas de mayor importancia, el proyectil y la vaina. Ambos elementos provenían de una especie de práctica de tiro que hicieron los hermanos Leguizamón, según parece para probar el arma que después usarían en el crimen. El proyectil y la vaina se compararon con los proyectiles que se extrajeron en la autopsia de Ro-ssana y las vainas que se encontraron en El Remanso, la quinta en la que vivía la mujer con sus dos hijos y en la que fue asesinada. Hubo coincidencias plenas en la prueba balística: - En primer lugar en la marca, Speed Bullet. Y no es un dato menor, porque son proyectiles norteamericanos, muy inhabituales en la Argentina y caros. - En la vaina, la pericia indicó identidad en el golpe del percutor, en los rastros dejados por el resorte que lanza la vaina hacia fuera, en la marca de la uña extractora y en el espaldón. - En el proyectil, las estrías que se marcan cuando sale por el caño también resultaron idénticas en el aportado por el testigo y en las extraídas del cuerpo de Rossana. Esto ya indicaba con claridad que uno de los ejecutores del asesinato fue o Gabriel o Pablo Leguizamón. En noviembre pasado, en Capilla del Señor, se produjo un asalto en el casco de una estancia. Los delincuentes fueron interceptados por efectivos policiales. En la persecución tiraron sus armas. Resultaron detenidos Gabriel Leguizamón y su pareja. Ambos están presos desde entonces. Los hombres de Investigaciones recorrieron una y otra vez la ruta de escape de Leguizamón para ver si encontraban la pistola y si ésa era la que se usó en el homicidio de Rossana. El arma no se pudo encontrar, aunque también es probable que en el asalto no se hubiera usado la misma pistola del asesinato de El Remanso: un arma con tanto ruido como la del caso Rossana seguramente se tiró a algún río o fue enterrada. Sin embargo, muy poco tiempo después del asalto a la estancia, apareció en escena el testigo con el proyectil y la vaina. Cuando Investigaciones de la Bonaerense y el fiscal Pernisi recibieron los resultados de la prueba balística, todos los esfuerzos se pusieron en lograr alguna declaración, en especial de la pareja de Gabriel Leguizamón. Según han hecho trascender los investigadores, ésta terminó admitiendo que la madre de Arce les había pagado una suma de dinero por el homicidio. En la causa judicial ya figuraban algunos elementos que demostraban que los Leguizamón habían comprado cosas después del asesinato y se percibió –siempre según los investigadores– una mejora en sus condiciones de vida.Los abogados de la familia de Rossana Galliano, Roberto Babington y Víctor Stinfale, insistieron con que Arce debía ser imputado por el homicidio, teniendo en cuenta una numerosa cantidad de pruebas que están en el expediente desde los primeros meses. El fiscal Pernisi nunca consideró suficientes las evidencias hasta que el nuevo testigo cambió las cosas.El móvil del asesinato pareció claro desde un principio. Rossana, de 29 años, rompió su relación con Arce, de 59, y estaba en pleno trámite de divorcio. Además, había empezado a establecer otras relaciones. El ahora viudo empezó una escalada de violencia, sobre la que hay sobradas pruebas en el expediente, al punto que Arce tenía prohibido acercarse a la casa de El Remanso. Con Ro-ssana en vida la perspectiva era la de una división de bienes, algo que implicaba la pérdida de patrimonio por parte de Arce y de su madre, que había comprado parte de las propiedades; la tenencia de los dos hijos iba a corresponder a Rossana y, encima, Arce tenía una especie de fiebre por los celos. En el medio, se habló también de una historia relacionada con el robo y doblaje de autos. La familia de Rossana sostiene que ésta tenía registradas en su celular las patentes de autos robados que Arce y los hermanos Leguizamón, ambos mecánicos, doblaban después en el campo de Arce, llamado La Dulzura. Lo que se sugiere es que ella amenazaba a su ex marido con denunciarlo si no la dejaba tranquila. Muchos criminalistas afirman que un método elemental para esbozar el móvil de un delito es determinar a quién beneficia. El resultado de la muerte de Rossana fue el siguiente: Arce se fue a vivir a la casa de El Remanso, el lugar en el que ella vivía y donde la mataron, y, por supuesto, se quedó con los dos hijos. Es indudable que la defensa de Arce pedirá su excarcelación en forma casi inmediata. Alegarán que el viudo siempre estuvo a derecho y que tiene que ocuparse de sus dos pequeños hijos. Respecto de su madre, mayor de 70, los letrados Ramiro Rúa y Claudia Zakhem, sostendrán que tiene derecho a la prisión domiciliaria y que tampoco amagó nunca con evadir la Justicia. En Zárate-Campana dicen que los pedidos de la defensa tienen chance, tarde o temprano, de prosperar. Más allá de esa mirada a corto plazo, todo indica que en el juicio oral que inevitablemente se realizará, Arce afronta la perspectiva de una condena a reclusión perpetua.
Por qué es femicidioMarcela Rodríguez, diputada y expertaPor Mariana Carbajal“La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género”, sostiene la diputada Marcela Rodríguez, de la Coalición Cívica, al analizar el homicidio de Ro-ssana Galliano, presuntamente encargado por su ex marido. Antes de ocupar una banca en la Cámara de Diputados, Marcela Rodríguez dirigió entre 1993 y 2001 el Centro Municipal de la Mujer de la localidad bonaerense de Vicente López, que se especializó en la atención de mujeres víctimas de malos tratos y se convirtió en un centro modelo: en 1998 fue distinguido con un premio de las Naciones Unidas a la Mejor Gestión de Derechos Humanos de las Mujeres. En diálogo con Página/12, la legisladora y abogada enmarca el caso en un sistema de administración de justicia que no presta la atención debida a las denuncias de violencia doméstica de las mujeres y abre así el camino para el peor desenlace. “Si no responde la Justicia, genera un escenario más proclive a la escalada de violencia. En la medida en que hay una respuesta inmediata, hay más posibilidades de prevenir”, opinó. Y destacó como imperiosa la implementación de políticas públicas desde el Poder Ejecutivo que apunten a consolidar una sociedad que “no fomente ni consienta la violencia de género”.
–¿Por qué el asesinato de Rossana Galliano se debe encuadrar como un femicidio, es decir, un homicidio de género?
–Tomando en cuenta la información que trasciende a la prensa a partir de la investigación de la fiscalía que interviene, el que la quiere muerta es el ex marido, por el manejo del dinero en la separación de bienes, en el marco del divorcio. Como en otros casos, existe una falta de reconocimiento del aporte que hacemos las mujeres a la sociedad conyugal, en términos de responsabilidades y tareas domésticas, que sigue invisibilizado. La violencia económica es una de las manifestaciones de la violencia de género. Esta violencia se incrementa y termina en la expresión más grave que puede tener y es el homicidio de la mujer. Lo que está en juego tiene que ver con un vínculo de pareja, aunque ya estuviera rota, y el manejo de ese dinero de ambos. La diferencia con otros casos de femicidios es que haya sido realizado por un sicario, pero no cambia la estructura básica de la violencia de género. Había un vínculo violento anterior, según surge de las denuncias que Rossana había presentado en la policía en varias oportunidades; que haya habido otras personas que participaron como autores por encargo no obsta la calificación de este asesinato como femicidio o resultado de la violencia de género. –No se trata de un caso aislado. Según relevamientos realizados por la Asociación Civil Casa de Encuentro, al menos en promedio, cada semana en el 2008 fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano. ¿Se pueden evitar esas muertes? –
Lamentablemente para las mujeres, en Argentina es más peligroso el hogar que la calle. Lo que sucede en la mayoría de los casos donde hay una escalada de la violencia, el sistema no protege a la víctima y ella queda en el desamparo. Es muy difícil evitar un crimen en todas las condiciones. Lo que se puede hacer es disminuir las posibilidades de que ocurra. Rossana, según la información periodística, lo había denunciado por amenazas y también después de recibir un golpe en el cuello. Las consecuencias de ese golpe fueron consideradas como “lesiones leves”. Es probable, se podría hipotetizar, que pudiera haber sido un intento de homicidio, dado que la agresión fue en el cuello. Si se lo hubiera juzgado y condenado por ese delito, aun cuando hubiese recibido una condena en suspenso, podría haber tenido algún tipo de poder disuasorio. Pero al no ser castigadas las lesiones, brinda la sensación de impunidad. En este como en otros resonantes como el de Carolina Aló, hubo hechos previos de violencia que no fueron tenidos en cuenta con la gravedad que tenían. Adriana García, cuyos dos hijos terminaron asesinados por su ex marido Ariel Bualo en Mar del Plata, había hecho varias denuncias por violencia familiar también. –Daría la sensación que el hombre violento va dando avisos... –Tiene que ver con la dinámica de la violencia. El ciclo empieza con un aumento de la tensión, que termina en golpe. Después viene la llamada luna de miel: él le dice que esa va a ser la última vez que le pega, que la ama, que si ella lo deja, se suicida, le regala bombones, etc, etc. La mujer, que está enamorada, quiere creerle. La rueda gira cada vez con más intensidad y velocidad. Y las manifestaciones de violencia son cada vez más graves. Por eso es tan importante la mano de la Justicia para ponerle un freno. –¿Qué efecto puede tener la aplicación de la nueva ley, que entró en vigencia una semana atrás, para prevenir otros femicidios? –La prevención, fundamentalmente, se puede realizar a través de políticas públicas que ponga en marcha el Poder Ejecutivo en términos de encaminar a la sociedad a una cultura que no fomente ni consienta la violencia de género. La ley prevé algunas medidas, que van desde la educación, la educación en derechos, que las mujeres cuenten con patrocinios jurídicos gratuitos, que tengan algún sistema que vaya más allá de los refugios, de acceso a créditos, para facilitarle que puedan mudarse e irse lejos de donde vive el agresor. Otras medidas dependen del funcionamiento de la administración de Justicia, una vez que reciben las denuncias.
Los casos que siguen sumandoLa ausencia de registros oficiales de las muertes de mujeres por violencia de género empujó a distintas entidades a contar los femicidios en el país, a través de las noticias periodísticas que los reflejan. Los relevamientos dan distintos resultados, dado que se aplican diversos criterios teóricos para definir un femicidio y a la vez las fuentes consultadas varían. De todos modos, muestran una tendencia: el problema es grave. El conteo de la Asociación Civil Casa del Encuentro concluyó que a lo largo de 2008 hubo al menos 207 femicidios, teniendo en cuenta los casos publicados en diarios de distribución nacional, provincial y agencias de noticias. En promedio, cada semana fueron muertas cuatro mujeres como consecuencia de violencia sexista, a manos de esposos, concubinos, parejas, novios o ex parejas, algún desconocido que ejerció violencia sexual o un familiar cercano.
También llevan un registro Artemisa Comunicación y Amnistía Internacional. Según los números de Artemisa Comunicación, desde que comenzó el 2009 y hasta el lunes, fueron 46 los femicidios: “En lo que va de abril suman 8”, señaló a Página/12 la periodista Gabriela Barcaglione, encargada del relevamiento de las noticias de agencias y diarios nacionales para esa ONG
La inseguridad que no conmueve Por Mariana Carbajal Hace unos días en Pueblo San José, una pequeña localidad del partido de Coronel Suárez, la policía detuvo a Raúl Peña, de 42 años, acusado de haber matado a golpes a su ex esposa María Cristina Huber, de 41. Como José Arce, Peña también había sido denunciado por situaciones de violencia: fue acusado de abusar de dos hijas del matrimonio. La Justicia le había ordenado no acercarse a menos de 200 metros de la casa en la que vivían María Cristina y los seis hijos que habían tenido juntos. Pero en la mañana del 16 de abril, Peña habría violado la prohibición, se habría acercado a la vivienda y habría discutido con su ex mujer y uno de los chicos, de 14 años. Luego, habría descargado toda su furia contra ella, dándole golpes con una plancha de hierro. Y una vez que la vio rendida en el piso, la habría matado con un bate de béisbol.Arce no se podía acercar a menos de 300 metros de la casa de El Remanso, donde vivían Rossana Galliano y los dos hijos de ambos, de 4 y 3 años. Una jueza lo había dispuesto después de la cuarta denuncia que presentó Rossana por violencia doméstica. No fue necesario que violara la orden judicial. No apeló a una plancha de hierro ni a un bate de béisbol: Arce, según la investigación fiscal, habría contratado sicarios. Pudo mandarla a matar, siguiendo la acusación, porque tenía plata. Es la privatización de femicidio. Otros hombres estrangulan, disparan un arma con su propia mano o apuñalan a sus parejas o ex esposas para liquidarlas. Algunos, después se suicidan. Antes, casi siempre, hay otras manifestaciones violentas.Muchas mujeres viven con esa inseguridad de puertas adentro. Es una inseguridad histórica, eterna, real, palpable en rostros violáceos de moretones. Es una inseguridad que conmueve poco o nada a la clase política, salvo algunas excepciones. La violencia contra las mujeres es una de las caras más dolorosas de la discriminación y tal vez la violación más frecuente, silenciada e impune de los derechos humanos. Tiene su raíz en la desigualdad de género y en el status subordinado de las mujeres en relación con los hombres en las sociedades. En el país no se conoce la verdadera cantidad de femicidios. No hay estadísticas oficiales, a pesar de que el Estado tiene la obligación de llevar un registro por compromisos internacionales. La flamante Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, vuelve a encargarle la tarea, entre múltiples directivas, que apuntan a instaurar políticas públicas desde el Poder Ejecutivo para frenar este flagelo. Es una deuda pendiente que se cobra alrededor de cuatro vidas por semana de mujeres a lo largo de cada año, de acuerdo con relevamientos de la sociedad civil, en base a noticias periodísticas. Y deja mujeres vivas, pero muertas por dentro hasta que pueden pedir ayuda y la consiguen efectivamente. “El asesinato de mujeres es la forma más extrema del terrorismo sexista. Una nueva palabra es necesaria para comprender su significado político”, escribieron Diana Russell y Jill Radford casi dos décadas atrás (Femicide. The politics of woman killing, Revista Ms, Nueva York, 1990), para justificar el uso de “femicidio” para describir “los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por el desprecio, el odio, el placer o el sentido de propiedad sobre ellas”. Es necesario un fuerte compromiso de todos los gobiernos (nacional, provinciales, municipales) para poder enfrentarlos: trabajar para desnaturalizar la violencia contra las mujeres es uno de los caminos.
