Premian las mejores y peores decisiones judiciales, relacionadas con la equidad de género en España, Latinoamérica y el Caribe

El 11 de mayo de 2009, un jurado internacional -integrado por: Juan Méndez, Presidente del Centro para la Justicia Transicional, ex-miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Rosa Montero, periodista y escritora, y Kavita N. Ramdas, Presidente y Directora Ejecutiva del Fondo Global para las Mujeres- consideró los casos postulados a los Premios Género y Justicia al Descubierto 2009 y seleccionó las mejores y peores decisiones hechas dentro de un proceso judicial, relacionados con la equidad de género en España, Latinoamérica y el Caribe.

En total, se nominaron 33 decisiones hechas en cortes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y una hecha por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Las ganadoras de los premios GARROTE fueron aquellas decisiones que tuvieron el peor efecto sobre la equidad de género.

- El Garrote de BRONCE fue otorgado a una decisión de la corte de primera instancia de Murcia, España, en la que se le niega la custodia parental a una mujer porque es lesbiana.

- El Garrote de PLATA fue otorgado a una decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, en la que se dice que las trabajadoras domésticas no deben recibir las mismas protecciones laborales que el resto de las personas trabajadoras.

- El Garrote de ORO fue dado a una decisión de la Corte Constitucional de Chile, que prohibió la distribución de anticoncepción de emergencia en hospitales públicos.

Las decisiones ganadoras de los premios MALLETE fueron aquellas que más promovieron la equidad de género.

- El Mallete de BRONCE se le dio al caso Karen Llantoy vs. Perú, en el que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas encontró que el Estado peruano violó los derechos de una mujer a quien le impidieron tener un aborto, a pesar de que el feto era anencefálico y moriría al nacer.

- El Mallete de PLATA fue otorgado a la decisión de la Corte Constitucional de Colombia en la que ordena al gobierno tomar medidas para proteger a las mujeres desplazadas, cuyos derechos han sido violados de forma sistemática, extensa y masiva.

- El Mallete de ORO fue para la Corte Suprema de México, que establece que la ley del Distrito Federal que legaliza el aborto en las primeras 12 semanas del embarazo, es constitucional, en tanto garantiza los derechos fundamentales de las mujeres.

Premios del público

Se recibieron más de 1.500 votos del público, que en la categoría GARROTE para la peor decisión, otorgó el premio al Tribunal Constitucional de Ecuador por suspender indefinidamente el registro farmacéutico de la anticoncepción de emergencia y así prevenir su venta y distribución.

Y en la categoría MALLETE a la mejor decisión, ganó, por un amplio margen, la de la Corte Constitucional de Colombia que reconoce los derechos de las parejas del mismo sexo.

Para ver un resumen de las decisiones ir a: http://uncovered.womenslinkworldwide.org/es/nominations

La Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez

Por Mariana Carbajal

En los últimos 15 años se calcula que desaparecieron unas 15 mil mujeres; la mayoría no fue encontrada.La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará por primera vez sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los femicidios ocurridos en la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en la última década y media. La sentencia se conocerá en las próximas semanas: probablemente haya una condena contra el país por no proteger a las mujeres de la violencia de género. El fallo sentará importante jurisprudencia en la región. “El problema no es exclusivo de Ciudad Juárez. De lo que estamos hablando es de violencia contra las mujeres, donde todas las mujeres estamos expuestas a sufrirla”, señaló la abogada mexicana Andrea Medina Rosas, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una de las organizaciones que representan a familiares de las víctimas en la demanda. “Aquí también sucede y en otros países también. Tenemos varias ciudades Juárez”, advirtió la socióloga e investigadora Silvia Chejter, directora del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (Cecym), en un panel en el que se analizó el emblemático caso.
La demanda contra el gobierno de México fue presentada en 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de analizar la denuncia que elevaron a ese órgano las madres de tres jóvenes –dos de ellas adolescentes– cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 con signos de violencia y tortura sexual enterrados en un terreno baldío que había sido un campo algodonero. Junto a los restos de Claudia Ivette González, de 21 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monarrez, de 17, se hallaron cinco cadáveres femeninos más. El equipo argentino de antropología forense trabajó en la identificación de las víctimas. “Uno de los cuerpos sigue todavía sin tener identificación”, destacó Medina Rosas, quien vino a la Argentina para participar de una serie de actividades académicas y de difusión del caso junto a la abogada Andrea de la Barrera, también mexicana y de Cladem. Medina Rosas y De la Barrera llegaron al país desde Santiago, Chile, donde tuvo lugar el 28 y 29 de abril la última audiencia pública convocada por la Corte Interamericana antes de que se conozca el fallo.

Según registros que llevan organizaciones civiles mexicanas, unas 450 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han sido identificadas desde 1993, muchas de las cuales fueron violadas. Y hay más de cinco mil que permanecen aún desaparecidas. De manera casi sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, con frecuencia manifestaron que las víctimas tenían la culpa por sus homicidios y trataron a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos asesinatos fueron llevados a la justicia, “lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres”, apuntó Medina Rosas.

El caso de “Campo Algodonero” es importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez. La demanda que enfrenta el Estado mexicano es por la violación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en particular por la desaparición, tortura y homicidio de las tres muchachas. Concretamente se les imputa a las autoridades mexicanas que no cumplieron con su obligación de prevenir y castigar con eficacia la constante violencia que padecen allí las mujeres, un compromiso asumido al suscribir la Convención Interamericana de Belem do Pará.

El caso que analiza la Corte Interamericana es muy parecido a otros que han sucedido en Ciudad Juárez, destacó Chejter: en dos semanas la policía tenía las “confesiones” de los presuntos responsables de los crímenes. Pero hay dudas fundadas de que realmente sean ellos: “Los inculpados inmediatamente denunciaron torturas: las irregularidades que se comenzaron a ver respondían a un patrón de cómo estaban respondiendo las autoridades”, señaló Medina Rosas. “Uno de los imputados murió en la cárcel y el otro, al año siguiente de dictarle una sentencia de 50 años de prisión lo absolvieron porque las pruebas en su contra no eran suficientes”, explicó De la Barrera. En 2006 se inicia otra investigación. A ocho años del hallazgo de los cuerpos, las muertes de Claudia, Esmeralda y Laura siguen impunes.

También es paradigmático el caso porque como en otros de Ciudad Juárez, las madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas han recibido múltiples amenazas para que silencien su reclamo y se abstengan de difundirlo, destacaron las abogadas. Al punto de que una de ellas, la madre de Laura, tuvo que pedir asilo en Estados Unidos y acaban de otorgárselo. También las defensoras han sido blanco de amedrentamientos y amenazas.

Las autoridades mexicanas han sostenido que en los últimos años se tomaron medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en el país y para investigar con eficacia los asesinatos. “El Estado dice que hizo reformas legislativas y que incorporó la perspectiva de género en el Presupuesto. ¿Cuál es el indicador de que la situación no ha cambiado en Ciudad Juárez? Que siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo asesinadas, continúa la violencia contra las madres, con un daño social muy grande por la impunidad”, indicó Medina Rosas.

El panel en el que participaron las abogadas mexicanas fue organizado por Cladem.

Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha identificado al menos a 177 funcionarios estatales, posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos.

“Se han creado muchas leyendas urbanas en torno de Ciudad Juárez. No sabemos qué pasa. Pero el gobierno local, los empresarios y los medios de comunicación han tomado las denuncias de los asesinatos de mujeres como un ataque a la ciudad. Y responsabilizan a las mujeres por la violencia que viven. La jerarquía de la Iglesia Católica no se ha pronunciado ni una vez. Pero sí ha dicho que las mujeres sufren violencia porque usan minifalda”, observó Medina Rosas. Chejter recordó que diversas investigaciones sobre los femicidios de Ciudad Juárez determinaron que no existe un patrón determinado en las muertes. “Sólo el 16 por ciento de las mujeres trabajan en las maquilas. Hay muchos cuerpos que aparecen mutilados y otros no. Aquí sucede y en otros países del mundo también. En la Argentina cada dos días es asesinada una mujer como consecuencia de violencia de género. En nuestro país el homicidio conyugal es altísimo: casi el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres. Hay varias ciudades Juárez”, concluyó.
En: "Página 12" del 11/05/2009

Cusco: Estado, sociedad y políticas pro mujeres (Revista Ideele Nº 192)

Roxana Vergara Rodríguez
Coordinadora local en Cusco IDL – CBC

Los temas centrales para las mujeres en el Cusco o en cualquier parte son el de la violencia, el de la salud sexual y reproductiva, la generación de trabajo y el de su participación ciudadana. La novedad no es que estos temas se discutan, como ocurrió en el Encuentro Provincial de Mujeres del Cusco, sino que no se queden pintados en el papel. Y eso es lo que está ocurriendo: se han plasmado en programas y propuestas de alcance regional.

********

Desde hace aproximadamente dos años, el Gobierno Regional, a iniciativa de organizaciones de mujeres e instituciones que trabajan con ellas, implementa políticas públicas en favor de las mujeres. Se ha formado una gerencia de desarrollo social, un consejo de la mujer, y se ha aprobado un plan regional de igualdad de oportunidades. Todo el peso y preocupación que se merecen las mujeres lo tienen ahora, pero no fue con varita mágica ni por influencias chamánicas. Casi se quedan en el tintero y en bonitos enunciados la aprobación el plan de igualdad de oportunidades y la gerencia de la mujer. Pero el movimiento de mujeres hizo presión y luego de diversas marchas, manifestaciones, pronunciamientos y la sustentación de propuestas ante el Consejo Regional del Gobierno Regional, el mes pasado se aprobó este señor plan que abarca hasta el año 2015.

También debemos decir que hubo una intención y un esfuerzo de instituciones como el Centro Bartolomé de las Casas y el Instituto de Defensa Legal que estuvieron detrás, como pulga en la oreja.

Un parto difícil que ha demorado dos años y que ya tiene varios hijos en su haber: Para empezar, se ha aprobado y lanzado el Allin Kausay que en castellano es el Programa Regional Contra la Violencia Hacia la Mujer del Cusco, adaptado a la realidad de ese departamento donde dos de cada tres mujeres son maltratadas. En él participa el estado y la sociedad civil, con su paquete de iniciativas.

Además, ya se inició uno de los proyectos centrales del Programa, que busca mejorar la atención que brindan los servicios comunitarios de justicia a las mujeres campesinas víctimas de violencia. Para esto la justicia comunitaria es el punto medular y debe ser apoyada en varios aspectos; uno de ellos es que debe mejorar su coordinación con la justicia estatal: Todo para beneficiar a las mujeres del campo.

Tampoco se han olvidado de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, sobre todo de la prevención de los embarazos y el contagio del VIH. Para ellos funciona el Plan Regional por la Niñez y la Adolescencia (PRANA).

Esta persistencia y compromiso han permitido que casi la totalidad de los programas y proyectos mencionados hayan sido elaborados y aprobados. Luego, cuando se ejecuten, deben tener una característica esencial: deberán ser participativos. Como consecuencia, el contenido de los mismos resulta bastante innovador, pues incluye como ejes transversales y centrales las perspectivas interculturales y de género, no incluidas en otros planes similares. Es un desafío si consideramos el contexto, caracterizado por la discriminación, el machismo y la violencia institucionalizados. Otro desafío es el del proceso, que debe mantener su carácter participativo y consensuado entre la población, las instancias estatales y los gobiernos regional y locales. ¿Es entonces posible que logren implementar una política pública con estas características? Pues será un proceso sumamente interesante, cuyos logros y dificultades merecen seguir siendo observados.

(Ver: http://www.revistaideele.com/node/436)

Un sistema de justicia para los que nunca lo tuvieron (Revista Ideele Nº 192)

Christine Benoit y María Alejandra González

El trabajo sostenido en comunidades campesinas del Cusco a lo largo de los 10 últimos años permitió al IDL acompañar procesos novedosos de coordinación entre actores comunitarios de justicia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y niños. En este articulo, presentamos parte de los avances conseguidos en el desarrollo de un sistema local de justicia que responda de manera más adecuada a las necesidades de la población vulnerable y víctima de violencia.

********

¿Qué diferencias hay entre las mujeres víctimas de violencia del campo y la ciudad? La diferencia fundamental no se encuentra en los índices de violencia, sino en la lejanía del sistema de justicia estatal y de los programas sociales del Estado, acompañada de altos índices de pobreza y de diferencias culturales. Cuando las mujeres deciden sacar el problema de la violencia del ámbito familiar que incluye a la familia nuclear, familia extensa y padrinos, el primer espacio para resolver estos casos es la justicia comunitaria, en la cual confluyen la junta directiva, la asamblea comunal, la ronda campesina, la defensoría comunitaria y el juez de paz. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de esta realidad y de las competencias que les asigna la Constitución a las comunidades campesinas, sin saber que cada una es un mundo diferente a otro, lleva a que los actores comunitarios de justicia sean denunciados por usurpación de funciones, tal como ocurrió con los ronderos de Anansaya Puna Nuñoa, en Puno. Ellos detuvieron a tres presuntos ladrones por cinco días y determinaron que debían pagar una indemnización a los agraviados. Solo así les darían libertad. Pero la tortilla se les volteó y la fiscalía de Puno formalizó una denuncia penal contra los ronderos por el delito de secuestro.

Las Defensorías

Los primeros años de la intervención fueron de sangre, sudor y lágrimas para poder consolidar el servicio de defensorías en zonas rurales y zonas urbano-marginales. De repente un día, personas voluntarias empiezan a brindar servicios gratuitos. Atienden, promocionan, protegen y vigilan sin ningún otro interés que el bien común. La vida de ellas da un giro de cien grados: “Para mí ser defensora ha significado dejar atrás los temores, dejar de pensar que la violencia que existía de niña era natural, que yo también era una persona que tenía derechos y obligaciones. Doy gracias a las defensorías comunitarias porque me han servido para ver el sufrimiento de otras personas y que yo las puedo ayudar”, explica la señora Justina.

En el año 2005, se comenzaron a notar ciertos vacíos. Las demandas hacia el servicio así como la complejidad de los casos evidenciaron la necesidad de ampliar el trabajo para llegar a la tan ansiada meta de tener el sistema de administración de justicia que se necesita: uno respetuoso de la pluralidad cultural y sensible a las necesidades de protección de las niñas y mujeres víctimas de violencia.

Por ejemplo, la señora Libertad, defensora comunitaria comenta : “La mujer pone la denuncia, y nuevamente le pegan por denunciarlo. Mientras que pasa al médico legista o a la fiscalía, la golpean nuevamente. Quiere denunciarlo otra vez y la policía no la recibe: ‘Ya te he recibido, ya te he derivado, ya no tienes que venir’, le contestan” .

El año 2006 fue de cambios. Los directivos comunales, las rondas campesinas, los jueces de paz y los defensores comunitarios fueron incorporados, porque sin ellos la cosa no funciona. Sin un trabajo coordinado no puede haber beneficio para las víctimas de violencia.
A las defensoras les costó más de un dolor de cabeza entender todo el proceso. La señora Libertad comenta: “He malogrado informes tres, cuatro veces. Después recién he entendido que hay que recibir y dependiendo del caso, derivar y saber a qué institución derivar. Después hay que hacer seguimiento a la víctima y al proceso”.

Las rutas diversas

No existe una única ruta seguida por las mujeres víctimas de violencia familiar en las zonas rurales cusqueñas. Dependen de si tienen una defensoría cerca y cuán consolidada se encuentre.
En las comunidades con defensorías bien establecidas, que son las más antiguas, se observa mayor articulación entre actores de los sistemas de justicia estatal y comunal. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Huinchiri (distrito de Quehue, provincia de Canas), que cuenta con una defensoría comunitaria desde el año 2003, existe la práctica de reunirse con integrantes de la ronda campesina y con el teniente gobernador para analizar las medidas a tomar ante un caso de violencia familiar. Dependiendo de las particularidades de los casos, se derivan a instancias como el juez de paz o al juez mixto.
En estos lugares, la población tiene más claridad sobre las competencias de las autoridades dependiendo de la gravedad de los casos de violencia y de las funciones que le corresponden a la posta de salud, por ejemplo.
En cambio, en las comunidades campesinas que cuentan con defensorías comunitarias de reciente creación, el nivel de coordinación entre los actores de una misma comunidad es menor, y también la relación entre ellos y los operadores del sistema de justicia estatal.
Todavía en varias, los casos de violencia familiar son resueltos dentro de la familia, y sólo cuando esta no los resuelve, pasan a la asamblea. Prevalece la aplicación del castigo físico como sanción, sobre todo en los casos de reincidencia.
Y respecto de comunidades donde no existe el servicio de defensoría comunitaria, los casos se suelen resolver ahí mismo, con sanciones impuestas por la asamblea, que son a su vez las sanciones más severas (que incluyen expulsión y castigos físicos tales como rampear desnudos). Los directivos de una de ellas, que paradójicamente es la más cercana a las instancias del sistema de justicia estatal, mencionan que no suelen derivar los casos sino que los resuelven ellos mismos en la comunidad.

Al final

El trabajo y la lucha continúa. Se han desarrollado capacidades en los actores comunales de justicia, especialmente en aquellas comunidades donde ha dado frutos el trabajo de promoción de derechos. Si bien los operadores demuestran la voluntad de trabajar coordinadamente los casos que afectan particularmente a las mujeres en las comunidades, constatamos que, en no pocos casos, parten de una concepción errónea acerca de los causales de la violencia y de las consecuencias para las víctimas y sus familias. La defensora María sostiene: “Los varones hacen convencer fácilmente a los juzgados. Allí les creen más a los varones que a las mujeres. Realmente para las mujeres no hay justicia. A veces el juez el fiscal les dicen que tiene la culpa porque como mujer deberían atender”. Esto dificulta que se pueda encontrar solución satisfactoria a las expectativas de esas mujeres que se atreven a denunciar la situación de maltrato que están viviendo.
Por ello es primordial seguir promoviendo espacios de mujeres dentro de la organización de las rondas campesinas y en otras instancias. Asimismo, es necesario seguir buscando y fortaleciendo canales de coordinación y articulación para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer en las zonas rurales y reforzando el trabajo con los operadores jurídicos del sistema estatal, dado que sus prejuicios hacia la justicia comunitaria constituyen barreras que dificultan y hasta impiden la realización del diálogo en condición de igualdad.

(ver: http://www.revistaideele.com/node/435)

El 18% de partos en ex Maternidad de Lima corresponden a madres adolescentes

Alrededor de 3 mil 240 partos de madres adolescentes de hasta 18 años atiende al año el Instituto Materno Perinatal (ex Maternidad de Lima), lo que representa el 18 por ciento del total de partos anuales, tendencia que no ha variado en los últimos años.

Así lo señaló en diálogo con la agencia Andina el director institucional, Pedro Mascaró Sánchez, quien refirió que el Instituto Materno Perinatal atiende en general un promedio de 18 mil partos anuales.

Recordó que si la mujer tiene embarazos tempranos podría sufrir una serie de problemas de naturaleza obstétrica relacionados al puerperio, el aborto y hasta cáncer uterino, entre otras complicaciones.

Además, en casi todos los casos el parto de la madre adolescente es por cesárea, dado que su organismo no está preparado para un embarazo desde el punto de vista físico y emocional, dijo.

Un embarazo adolescente está asociado a alteraciones y malformaciones del bebé, nacimientos prematuros, problemas de bajo peso y otros que indican lo inconveniente de tener una embarazo a temprana edad.

“Esta casuística debería estar disminuyendo, pero se mantiene y no ha mejorado sustantivamente. Y lo que es más preocupante para nosotros es que hay adolescentes que tienen más de un embarazo antes de los 18 años”, manifestó.

Señaló que el Instituto Materno Perinatal se encarga de hacer el control y seguimiento del embarazo, así como atender el embarazo. Pero también se hace educación para la salud, prevención del embarazo a través de la difusión de métodos de planificación familiar, enfatizando en evitar que las adolescentes tengan varios embarazos.

“Nosotros vemos la parte recuperativa y preventiva, pero se requiere de todo un soporte de información en el que participen otros sectores como Educación, así como los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto para sumar esfuerzos y no tener que ver esta problemática sólo en su última etapa, sino con un enfoque preventivo integral”, expresó.

Mascaró Sánchez afirmó que en la parte recuperativa, el Instituto Materno Perinatal ofrece las condiciones necesarias para una atención de calidad a las gestantes adolescentes, con una dotación de 55 camas disponibles para atender a esta población.

Indicó que la atención de las madres adolescentes es diferenciada e involucra no sólo una intervención médica, sino también en los ámbitos psicológica, social y legal. “Es un grupo de madres que no se mezcla con el resto de la población que atendemos, sino que recibe una atención diferenciada”, anotó. (FIN) LZD/RRC
(Andina, 08/05/2009)

Más focos de explotación sexual fueron detectados

María Mosquera, directora de la ONG Acción por los Niños, informó que se detectaron focos de explotación sexual y laboral infantil en locales nocturnos y centros de abastos de Áncash. Las zonas analizadas fueron Huaraz, Chimbote, Huarmey, Huari y Yungay. En discotecas, bares y restaurantes de la Plaza de Armas de la ciudad de Huaraz, se detectó explotación sexual de menores. Y la explotación laboral se confirmó en minas de carbón así como en centros de abastos.
La Primera (08/05/2009)