María Alejandra González Luna
IDL - Justicia Viva
(03/09/09)
En un acertado cumplimiento de sus funciones, el Gobierno Regional de Madre de Dios ha declarado de interés regional la prevención, atención y protección de la población, frente al hostigamiento sexual, mediante la Ordenanza Regional Nº 018-2009-GRMDD/CR. Asimismo, ha creado el Comité Regional para la prevención, atención y protección de la población frente al hostigamiento sexual en la región Madre de Dios.
Este Comité tiene entre sus funciones la de distribuir información entre los trabajadores públicos y privados; realizar talleres de capacitación y módulos que promuevan la toma de conciencia y cambios en los patrones socioculturales que toleren o legitimen el hostigamiento sexual; implementar y promover acciones afirmativas para la prevención, atención y protección de la población frente a la violencia de género y hostigamiento sexual; elaborar un registro sobre denuncias, trámites y sanciones que sobre hostigamiento sexual se hayan realizado; y difundir información en los medios de comunicación a nivel regional.
El hostigamiento sexual típico consiste, de acuerdo a la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual (Ley Nº 27942), en la conducta física o verbal reiterada de naturaleza sexual no deseada y/o rechazada, realizada por una o más personas que se aprovechan de una posición de autoridad o jerarquía, o cualquier otra situación ventajosa, en contra de otra u otras, quienes rechazan estas conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Esta conducta es considerada como una forma de violencia hacia la mujer en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia - "Convención de Belém do Pará". Como sabemos, es la mujer quien generalmente es víctima de estos actos, lo que no significa que no haya varios varones agredidos de esta manera.
En el año 2007, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a través del Plan anual de transferencias de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y locales del año 2007 (anexo del Decreto Supremo Nº 036-2007-PCM), transfirió algunas funciones a los gobiernos regionales; entre ellas, las de formular políticas, regular, dirigir, ejecutar, promover, supervisar y controlar las acciones orientadas a la prevención de la violencia política, familiar y sexual. Esta función también esta contemplada en el artículo 60, inciso “c” de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley 27867.
Sin embargo, a pesar de las normas señaladas, varios gobiernos regionales prefieren invertir sólo en infraestructura, debido a que el resultado de estas obras se ve a corto plazo y por toda la población de la región, de tal manera que aumenta la aprobación de la gestión del gobierno regional de turno. No perciben la importancia de las obras de desarrollo humano, las que mejoran no sólo la calidad de vida de la víctima, sino también la de toda la población, ya que al reducir las cifras de violencia mejoran los lazos de confianza entre las personas, con lo que tenemos una sociedad cuyos miembros se relacionan mejor y tienen herramientas para ello.
Es por ello que felicitamos la iniciativa del Gobierno Regional de Madre de Dios, que toma un especial interés por combatir el hostigamiento sexual. Sobre todo, teniendo en cuenta que el presidente de la Corte de Madre de Dios, Tony Changaray Segura, se encuentra suspendido por la OCMA, como medida preventiva debido a que dos servidoras judiciales lo acusan de haberlas acosado sexualmente aprovechándose de su cargo.
Invitamos a que los demás gobiernos regionales sigan este ejemplo, el que esperemos no quede en el papel sino que sea implementado adecuadamente.
miércoles, 9 de septiembre de 2009
Emblemático. Magistratura está obligada a actuar con celeridad y diligencia para evitar impunidad
Sanción por retardo de la administración de justicia. Ocma suspende a jueza por no dictar medidas de protección oportuna
Dicha renuencia ponía a víctimas de violencia familiar en grave riesgo
Aissa Tejada
Abogada (*)
El Peruano, (28/08/2009)
En una resolución ejemplar, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial sancionó con 30 días de suspensión sin goce de haber a la Jueza del Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho (Queja Nº 7043-2008-OCMA) por el retardo en la administración de justicia en un proceso por violencia familiar que inició la señora E.B.B. en el 2006.
Pese a que, en dicho proceso, la ciudadana afectada solicitó, en reiteradas ocasiones, el otorgamiento de medidas de protección, la decisión judicial se produjo nueve meses después de haber sido solicitadas. Sin embargo, además de esta demora, las medidas fueron ejecutadas 10 meses después de dictarse la sentencia.
Según el consenso internacional, la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de sus DDHH, pero afecta a la sociedad en su conjunto. En razón de ello, los Estados deben prevenirla y sancionarla tanto en lo público como en lo privado.
En el Perú, la problemática de la violencia familiar contra la mujer es abordada en el TUO de la Ley Nº 26260, de protección frente a la violencia familiar, y su reglamento, aprobado mediante el DS Nº 002-98-JUS. Estas normas prescriben, entre otras, la obligación de jueces y fiscales de dictar las medidas de protección necesarias para proteger la integridad física y/o psicológica de la víctima, a su solicitud o de oficio.
Al establecer expresamente dicha obligación se procura evitar que se produzcan nuevos actos de violencia familiar y que, de ese modo, se generen mayores daños a la integridad física y/o psicológica de la víctima, o se le mantenga en situación de riesgo frente a posibles futuras agresiones. Sin embargo, a pesar de la existencia del referido marco normativo internacional y nacional, aún no se ha logrado el cumplimiento cabal y efectivo de las normas sin que se apliquen las sanciones que correspondan a los operadores y operadoras de justicia que se muestran renuentes a proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar.
(*) Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
Dicha renuencia ponía a víctimas de violencia familiar en grave riesgo
Aissa Tejada
Abogada (*)
El Peruano, (28/08/2009)
En una resolución ejemplar, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Poder Judicial sancionó con 30 días de suspensión sin goce de haber a la Jueza del Segundo Juzgado Mixto de San Juan de Lurigancho (Queja Nº 7043-2008-OCMA) por el retardo en la administración de justicia en un proceso por violencia familiar que inició la señora E.B.B. en el 2006.
Pese a que, en dicho proceso, la ciudadana afectada solicitó, en reiteradas ocasiones, el otorgamiento de medidas de protección, la decisión judicial se produjo nueve meses después de haber sido solicitadas. Sin embargo, además de esta demora, las medidas fueron ejecutadas 10 meses después de dictarse la sentencia.
Según el consenso internacional, la violencia contra las mujeres constituye una grave vulneración de sus DDHH, pero afecta a la sociedad en su conjunto. En razón de ello, los Estados deben prevenirla y sancionarla tanto en lo público como en lo privado.
En el Perú, la problemática de la violencia familiar contra la mujer es abordada en el TUO de la Ley Nº 26260, de protección frente a la violencia familiar, y su reglamento, aprobado mediante el DS Nº 002-98-JUS. Estas normas prescriben, entre otras, la obligación de jueces y fiscales de dictar las medidas de protección necesarias para proteger la integridad física y/o psicológica de la víctima, a su solicitud o de oficio.
Al establecer expresamente dicha obligación se procura evitar que se produzcan nuevos actos de violencia familiar y que, de ese modo, se generen mayores daños a la integridad física y/o psicológica de la víctima, o se le mantenga en situación de riesgo frente a posibles futuras agresiones. Sin embargo, a pesar de la existencia del referido marco normativo internacional y nacional, aún no se ha logrado el cumplimiento cabal y efectivo de las normas sin que se apliquen las sanciones que correspondan a los operadores y operadoras de justicia que se muestran renuentes a proteger los derechos de las víctimas de violencia familiar.
(*) Comisionada de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo.
7 de setiembre: “Día de los Derechos Cívicos de la Mujer"
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS
Fecha conmemorativa en recuerdo del día en que se reconoció el derecho al voto a las mujeres en el Perú, vía la Ley Nº 12391 publicada el 7 de setiembre de 1955.
La conquista del derecho al voto para las mujeres fue el resultado del trabajo y la acción de muchas mujeres como Clorinda Matto de Turner, María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres quien proclamó el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad jurídica, entre otras.
Las mujeres que fueron por primera vez elegidas en 1956 para el Parlamento fueron las diputadas, Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco de Montesinos, María Eleonora Silva Silva, María Colina de Gotuzzo, Manuela Billinghurst, Matilde Pérez Palacio Carranza, Juana Ubilluz de Palacios y Carlota Ramos de Santolalla. Irene Silva de Santolalla fue elegida como senadora.
Desde esa fecha, las mujeres han ido ganado más posiciones en las esferas del poder formal y en las instancias de toma de decisiones, pese a ello, aun se constata la subrepresentació n en materia política. Reconociendo esta situación, la Organización de las Naciones Unidas alienta a los Estados miembros que adopten medidas para favorecer la mayor participación de las mujeres y a su vez eliminen las barreras para el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegidas. A nivel regional, el año 2007, en la X Conferencia Regional de la Mujer, Perú suscribió el "Consenso de Quito" que contiene el compromiso de avanzar hacia la paridad en la participación política de las mujeres. Existen compromisos expresos y vinculantes que el Estado peruano debe recordar y dar cuenta de su cumplimiento.
Hoy en el Perú, tenemos alrededor de 30% de mujeres en los tres niveles de gobierno. Para el Congreso 2006-2011, fueron elegidas 35 (29%) de mujeres. Para los municipios 28% de regidoras y para los gobiernos regionales, 28% de consejeras regionales. Este significativo incremento es resultado de la aplicación de la cuota electoral de género equivalente al 30%, adoptada en el Perú en 1997, también por impulso y acción de las mujeres. Pese a este incremento, aun estamos subrepresentadas en las instancias donde se toman decisiones que impactan en la vida de hombres y mujeres por lo que días como el 7 de setiembre, sirven para recordar que tenemos que seguir trabajando por mejorar los mecanismos para garantizar la efectiva participación política de las mujeres de todas las diversidades así como vigilar que las autoridades cumplan con los mandatos legales en esta materia.
Ad portas de los nuevos procesos electorales de los años 2010 y 2011, las mujeres tenemos que seguir trabajando porque se respete lo ya ganado y se sigan mejorando los mecanismos para lograr la igualdad real en materia política. El 7 de setiembre de cada año es una oportunidad para reconocer los avances, refirmarnos como ciudadanas y comprometernos con la agenda pendiente para el desarrollo con justicia, paz, democracia e igualdad de género que nos plantea nuestro país.
Lima, 7 de setiembre de 2009.
Programa Participación Política y Ciudadanía
Movimiento Manuela Ramos
Fecha conmemorativa en recuerdo del día en que se reconoció el derecho al voto a las mujeres en el Perú, vía la Ley Nº 12391 publicada el 7 de setiembre de 1955.
La conquista del derecho al voto para las mujeres fue el resultado del trabajo y la acción de muchas mujeres como Clorinda Matto de Turner, María Jesús Alvarado, Zoila Aurora Cáceres quien proclamó el derecho de la mujer al voto político y a la igualdad jurídica, entre otras.
Las mujeres que fueron por primera vez elegidas en 1956 para el Parlamento fueron las diputadas, Lola Blanco de la Rosa Sánchez, Alicia Blanco de Montesinos, María Eleonora Silva Silva, María Colina de Gotuzzo, Manuela Billinghurst, Matilde Pérez Palacio Carranza, Juana Ubilluz de Palacios y Carlota Ramos de Santolalla. Irene Silva de Santolalla fue elegida como senadora.
Desde esa fecha, las mujeres han ido ganado más posiciones en las esferas del poder formal y en las instancias de toma de decisiones, pese a ello, aun se constata la subrepresentació n en materia política. Reconociendo esta situación, la Organización de las Naciones Unidas alienta a los Estados miembros que adopten medidas para favorecer la mayor participación de las mujeres y a su vez eliminen las barreras para el ejercicio de su derecho a elegir y ser elegidas. A nivel regional, el año 2007, en la X Conferencia Regional de la Mujer, Perú suscribió el "Consenso de Quito" que contiene el compromiso de avanzar hacia la paridad en la participación política de las mujeres. Existen compromisos expresos y vinculantes que el Estado peruano debe recordar y dar cuenta de su cumplimiento.
Hoy en el Perú, tenemos alrededor de 30% de mujeres en los tres niveles de gobierno. Para el Congreso 2006-2011, fueron elegidas 35 (29%) de mujeres. Para los municipios 28% de regidoras y para los gobiernos regionales, 28% de consejeras regionales. Este significativo incremento es resultado de la aplicación de la cuota electoral de género equivalente al 30%, adoptada en el Perú en 1997, también por impulso y acción de las mujeres. Pese a este incremento, aun estamos subrepresentadas en las instancias donde se toman decisiones que impactan en la vida de hombres y mujeres por lo que días como el 7 de setiembre, sirven para recordar que tenemos que seguir trabajando por mejorar los mecanismos para garantizar la efectiva participación política de las mujeres de todas las diversidades así como vigilar que las autoridades cumplan con los mandatos legales en esta materia.
Ad portas de los nuevos procesos electorales de los años 2010 y 2011, las mujeres tenemos que seguir trabajando porque se respete lo ya ganado y se sigan mejorando los mecanismos para lograr la igualdad real en materia política. El 7 de setiembre de cada año es una oportunidad para reconocer los avances, refirmarnos como ciudadanas y comprometernos con la agenda pendiente para el desarrollo con justicia, paz, democracia e igualdad de género que nos plantea nuestro país.
Lima, 7 de setiembre de 2009.
Programa Participación Política y Ciudadanía
Movimiento Manuela Ramos
Fiscal archiva investigaciones sobre esterilizaciones forzadas
ALERTA DEMUS (01/09/09)
El pasado 26 de mayo de 2009, el Fiscal Jaime José Schwartz Azpur de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, determinó NO formular denuncia penal contra los presuntos implicados y archivar definitivamente el caso que investigaba las esterilizaciones forzadas; las que fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Con esta resolución se pondría fin a la investigación fiscal, que se inició en el año 2002 y que involucra a 2, 074 mujeres denunciantes a nivel nacional, que incluye por lo menos 18 casos de fallecidas como consecuencia de la esterilización. Además esta investigación incluía a altas autoridades del Ministerio de Salud, como los ex Ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra entre otros involucrados.
Las mujeres afectadas en sus derechos reproductivos son en su mayoría campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza. Estas características, fueron aprovechadas por personal médico para lograr las metas de las esterilizaciones, vulnerando el derecho al consentimiento informado, a la libertad, a la salud, a la integridad y a la vida.
El archivamiento incluye también el caso emblemático del fallecimiento de la señora Mamerita Mestanza Ch. a consecuencia de una esterilización en Cajamarca, que fue objeto de un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1); en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar y sancionar a los responsables en este caso así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa antes mencionado.
La resolución señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos. Con esta resolución, desconoce que existió una política estatal, que mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, se llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas.
En este sentido, la resolución deja de lado que, por las características antes señaladas, los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos.
(1) Este caso fue copatrocinado por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el CRR.
Lima,1 de junio de 2009.
Elaboración de Alerta: Diana Portal
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
El pasado 26 de mayo de 2009, el Fiscal Jaime José Schwartz Azpur de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, determinó NO formular denuncia penal contra los presuntos implicados y archivar definitivamente el caso que investigaba las esterilizaciones forzadas; las que fueron realizadas en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, durante el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori.
Con esta resolución se pondría fin a la investigación fiscal, que se inició en el año 2002 y que involucra a 2, 074 mujeres denunciantes a nivel nacional, que incluye por lo menos 18 casos de fallecidas como consecuencia de la esterilización. Además esta investigación incluía a altas autoridades del Ministerio de Salud, como los ex Ministros Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Jorge Parra entre otros involucrados.
Las mujeres afectadas en sus derechos reproductivos son en su mayoría campesinas, andinas, indígenas, rurales, con poca instrucción formal y en situación de pobreza. Estas características, fueron aprovechadas por personal médico para lograr las metas de las esterilizaciones, vulnerando el derecho al consentimiento informado, a la libertad, a la salud, a la integridad y a la vida.
El archivamiento incluye también el caso emblemático del fallecimiento de la señora Mamerita Mestanza Ch. a consecuencia de una esterilización en Cajamarca, que fue objeto de un Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(1); en el cual el Estado peruano reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a reparar y sancionar a los responsables en este caso así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en la ejecución del Programa antes mencionado.
La resolución señala que los hechos denunciados no configuran delito de genocidio ni de tortura y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado o estarían prescritos. Con esta resolución, desconoce que existió una política estatal, que mediante diferentes formas de coacción, cuotas y directivas al personal médico a nivel nacional, se llevó a cabo un número considerable de esterilizaciones sin consentimiento de las personas afectadas.
En este sentido, la resolución deja de lado que, por las características antes señaladas, los hechos denunciados configuran delito de lesa humanidad en la modalidad de esterilización forzada; lo cual hace que sean imprescriptibles y que deban ser sancionados los responsables, tanto inmediatos como mediatos.
(1) Este caso fue copatrocinado por DEMUS, APRODEH, CEJIL y el CRR.
Lima,1 de junio de 2009.
Elaboración de Alerta: Diana Portal
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
Las Mujeres y la Memoria: A seis años de la entrega del Informe Final de la CVR
ALERTA DEMUS (27/08/09)
A fines de marzo del presente año se formalizó la creación de una Comisión que presidirá el proyecto del Museo de la Memoria. Sin embargo, nos encontramos en un contexto adverso a los procesos de justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado interno. En ese sentido, nos preguntamos por las intenciones políticas del Gobierno cuando asume la construcción de este proyecto pero por otro lado da señales claras de no tener un compromiso real con las víctimas del conflicto armado interno, cumpliéndose ya seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Muestras de ello son: el uso asistencialista que el gobierno le da a las reparaciones colectivas, desvirtuando su fin reparador; un Ministerio de Defensa que se niega a dar los nombres de los responsables directos de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, dificultando así los procesos de justicia; un recorte permanente al presupuesto que se asigna al Consejo de Reparaciones, llevándolo a una lenta extinción que no le permite terminar con la tarea que le fue asignada: registrar y acreditar a todos los afectados y afectadas, entre otros.
¿Tendremos algún día el tan esperado “Museo de la Memoria”?, ¿en un contexto como el que nos brinda este gobierno, ese museo será inclusivo de todos y todas?, tenemos algunas dudas.
A lo largo de estos años se viene intentando desvirtuar la importancia de recordar y seguir esclareciendo la verdad sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú. Se aduce que como sociedad no estamos preparados para ver la verdad, que se necesita que pasen muchas décadas para poder tener espacios de memoria o que esto sólo recrudecería conflictos que ya son parte del pasado. Consideramos éste y otros argumentos del mismo tipo como intentos por soslayar la intención política de negar la historia de los últimos 30 años de nuestro país y las consecuentes responsabilidades.
El Informe Final de la CVR, en su Plan Integral de Reparaciones, señala que "es importante ubicar espacios destinados a la memoria y el recuerdo del proceso"(1). Esto implica que el Estado Peruano tiene la obligación de construir espacios de memoria que tengan, además, el sentido de reparar simbólicamente a todos los peruanos y peruanas.
Nos preocupa entonces qué habrá en ese lugar destinado a mantener viva la memoria, y en ese sentido, nos adelantamos a posibles omisiones y a la invisibilización y la negación de un sector de la población y, por ende, de una parte de la historia de nuestro país.
La creación de memoria y los procesos de historización están inmersos en las relaciones de poder que subyacen a todos los vínculos en nuestra sociedad, por lo tanto siempre corremos el riesgo de reproducir, en el intento de reconstruir la memoria, dinámicas de exclusión y discriminación que niegan un lugar a sectores de la población y a procesos históricos complejos.
Sabemos que recordar y repensar la historia es también una forma de recobrar la identidad. Éste es un proceso doloroso y es frecuente el argumento de que es mejor “olvidar” como una forma de protegerse del dolor. Sin embargo la violencia emerge y aparece a través de síntomas, comportamientos y fenómenos sociales que muchas veces no pueden ser entendidos ni explicados a menos que se establezca un continuo con nuestro pasado y se sitúe los hechos dentro de una historia y un contexto social, cultural y político.
Como señala Costa(2) lo paradójico es que, desde la perspectiva de la salud mental, sabemos que es a través del recuerdo que se logra la elaboración del trauma, el cual de otra manera se conservaría intacto y llevaría a una repetición. La vía para el olvido, entendido en términos saludables, pasaría, necesariamente, por el procesamiento de las vivencias dolorosas, de lo indecible, lo incontable, transformándolo en una historia posible de ser narrada.
Exigimos respuestas a preguntas centrales: qué lugar tendrán en él las mujeres y las diferentes formas de afectación que sufrieron durante el conflicto armado, así como sus agencias y recursos, los cuales fueron también desplegados en tan difícil contexto.
Las mujeres fueron víctimas de tortura, violaciones sexuales, embarazos y abortos forzados, tocamientos y desnudamientos, trabajo forzado, esclavitud sexual. También hicieron frente a una serie de situaciones complejas como asumir la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las mujeres llegaron a constituir y liderar importantes organizaciones, impulsaron procesos de justicia y reparación, afrontaron el cuidado de sus hijos e hijas y asumieron la responsabilidad total de sus hogares cuando sus hombres fueron asesinados, desaparecidos; así como asumieron roles de liderazgo al interior de sus comunidades.
Las mujeres, sus diferentes vivencias, afectaciones e historias tienen que estar contenidos en dicho proyecto si es que realmente queremos una memoria de lo sucedido. Esta vez ¿desde quiénes y para quiénes se contará la historia de ellas?, ¿qué rol tendrán ellas en la construcción de su propia historia?
No olvidemos que en una sociedad machista como la nuestra, muchas veces las mujeres son invisibilizadas y este proyecto del Museo de la Memoria es una oportunidad para reivindicar el importante rol que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado, así como brindarles un espacio de reconocimiento en tanto víctimas de diferentes formas de violaciones a los derechos humanos por su condición de mujeres.
Si no queremos que este espacio se convierta sólo en un lugar que cumpla con ciertos parámetros estéticos, sino que realmente aporte al proceso de reconstrucción de nuestro país y en ese sentido a la salud mental de la sociedad debemos estar atentos y hacer un seguimiento a todo el proceso de construcción del mismo.
(1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IX, página 166.
(2) Costa, MP. (1998) “La elaboración: una tarea posible”, en Frente al espejo vacío. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Lima.
Lima,27 de agosto de 2009.
Elaboración de Alerta: Paula Escribens Pareja
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
A fines de marzo del presente año se formalizó la creación de una Comisión que presidirá el proyecto del Museo de la Memoria. Sin embargo, nos encontramos en un contexto adverso a los procesos de justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado interno. En ese sentido, nos preguntamos por las intenciones políticas del Gobierno cuando asume la construcción de este proyecto pero por otro lado da señales claras de no tener un compromiso real con las víctimas del conflicto armado interno, cumpliéndose ya seis años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
Muestras de ello son: el uso asistencialista que el gobierno le da a las reparaciones colectivas, desvirtuando su fin reparador; un Ministerio de Defensa que se niega a dar los nombres de los responsables directos de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, dificultando así los procesos de justicia; un recorte permanente al presupuesto que se asigna al Consejo de Reparaciones, llevándolo a una lenta extinción que no le permite terminar con la tarea que le fue asignada: registrar y acreditar a todos los afectados y afectadas, entre otros.
¿Tendremos algún día el tan esperado “Museo de la Memoria”?, ¿en un contexto como el que nos brinda este gobierno, ese museo será inclusivo de todos y todas?, tenemos algunas dudas.
A lo largo de estos años se viene intentando desvirtuar la importancia de recordar y seguir esclareciendo la verdad sobre el conflicto armado interno que vivió el Perú. Se aduce que como sociedad no estamos preparados para ver la verdad, que se necesita que pasen muchas décadas para poder tener espacios de memoria o que esto sólo recrudecería conflictos que ya son parte del pasado. Consideramos éste y otros argumentos del mismo tipo como intentos por soslayar la intención política de negar la historia de los últimos 30 años de nuestro país y las consecuentes responsabilidades.
El Informe Final de la CVR, en su Plan Integral de Reparaciones, señala que "es importante ubicar espacios destinados a la memoria y el recuerdo del proceso"(1). Esto implica que el Estado Peruano tiene la obligación de construir espacios de memoria que tengan, además, el sentido de reparar simbólicamente a todos los peruanos y peruanas.
Nos preocupa entonces qué habrá en ese lugar destinado a mantener viva la memoria, y en ese sentido, nos adelantamos a posibles omisiones y a la invisibilización y la negación de un sector de la población y, por ende, de una parte de la historia de nuestro país.
La creación de memoria y los procesos de historización están inmersos en las relaciones de poder que subyacen a todos los vínculos en nuestra sociedad, por lo tanto siempre corremos el riesgo de reproducir, en el intento de reconstruir la memoria, dinámicas de exclusión y discriminación que niegan un lugar a sectores de la población y a procesos históricos complejos.
Sabemos que recordar y repensar la historia es también una forma de recobrar la identidad. Éste es un proceso doloroso y es frecuente el argumento de que es mejor “olvidar” como una forma de protegerse del dolor. Sin embargo la violencia emerge y aparece a través de síntomas, comportamientos y fenómenos sociales que muchas veces no pueden ser entendidos ni explicados a menos que se establezca un continuo con nuestro pasado y se sitúe los hechos dentro de una historia y un contexto social, cultural y político.
Como señala Costa(2) lo paradójico es que, desde la perspectiva de la salud mental, sabemos que es a través del recuerdo que se logra la elaboración del trauma, el cual de otra manera se conservaría intacto y llevaría a una repetición. La vía para el olvido, entendido en términos saludables, pasaría, necesariamente, por el procesamiento de las vivencias dolorosas, de lo indecible, lo incontable, transformándolo en una historia posible de ser narrada.
Exigimos respuestas a preguntas centrales: qué lugar tendrán en él las mujeres y las diferentes formas de afectación que sufrieron durante el conflicto armado, así como sus agencias y recursos, los cuales fueron también desplegados en tan difícil contexto.
Las mujeres fueron víctimas de tortura, violaciones sexuales, embarazos y abortos forzados, tocamientos y desnudamientos, trabajo forzado, esclavitud sexual. También hicieron frente a una serie de situaciones complejas como asumir la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Las mujeres llegaron a constituir y liderar importantes organizaciones, impulsaron procesos de justicia y reparación, afrontaron el cuidado de sus hijos e hijas y asumieron la responsabilidad total de sus hogares cuando sus hombres fueron asesinados, desaparecidos; así como asumieron roles de liderazgo al interior de sus comunidades.
Las mujeres, sus diferentes vivencias, afectaciones e historias tienen que estar contenidos en dicho proyecto si es que realmente queremos una memoria de lo sucedido. Esta vez ¿desde quiénes y para quiénes se contará la historia de ellas?, ¿qué rol tendrán ellas en la construcción de su propia historia?
No olvidemos que en una sociedad machista como la nuestra, muchas veces las mujeres son invisibilizadas y este proyecto del Museo de la Memoria es una oportunidad para reivindicar el importante rol que cumplieron las mujeres durante el conflicto armado, así como brindarles un espacio de reconocimiento en tanto víctimas de diferentes formas de violaciones a los derechos humanos por su condición de mujeres.
Si no queremos que este espacio se convierta sólo en un lugar que cumpla con ciertos parámetros estéticos, sino que realmente aporte al proceso de reconstrucción de nuestro país y en ese sentido a la salud mental de la sociedad debemos estar atentos y hacer un seguimiento a todo el proceso de construcción del mismo.
(1) Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo IX, página 166.
(2) Costa, MP. (1998) “La elaboración: una tarea posible”, en Frente al espejo vacío. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos: Lima.
Lima,27 de agosto de 2009.
Elaboración de Alerta: Paula Escribens Pareja
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer.
Calle Caracas 2624 – Jesús María.
463-1236
www.demus.org.pe
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