Un sistema de justicia para los que nunca lo tuvieron (Revista Ideele Nº 192)

Christine Benoit y María Alejandra González

El trabajo sostenido en comunidades campesinas del Cusco a lo largo de los 10 últimos años permitió al IDL acompañar procesos novedosos de coordinación entre actores comunitarios de justicia para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y niños. En este articulo, presentamos parte de los avances conseguidos en el desarrollo de un sistema local de justicia que responda de manera más adecuada a las necesidades de la población vulnerable y víctima de violencia.

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¿Qué diferencias hay entre las mujeres víctimas de violencia del campo y la ciudad? La diferencia fundamental no se encuentra en los índices de violencia, sino en la lejanía del sistema de justicia estatal y de los programas sociales del Estado, acompañada de altos índices de pobreza y de diferencias culturales. Cuando las mujeres deciden sacar el problema de la violencia del ámbito familiar que incluye a la familia nuclear, familia extensa y padrinos, el primer espacio para resolver estos casos es la justicia comunitaria, en la cual confluyen la junta directiva, la asamblea comunal, la ronda campesina, la defensoría comunitaria y el juez de paz. Sin embargo, muchas veces el desconocimiento de esta realidad y de las competencias que les asigna la Constitución a las comunidades campesinas, sin saber que cada una es un mundo diferente a otro, lleva a que los actores comunitarios de justicia sean denunciados por usurpación de funciones, tal como ocurrió con los ronderos de Anansaya Puna Nuñoa, en Puno. Ellos detuvieron a tres presuntos ladrones por cinco días y determinaron que debían pagar una indemnización a los agraviados. Solo así les darían libertad. Pero la tortilla se les volteó y la fiscalía de Puno formalizó una denuncia penal contra los ronderos por el delito de secuestro.

Las Defensorías

Los primeros años de la intervención fueron de sangre, sudor y lágrimas para poder consolidar el servicio de defensorías en zonas rurales y zonas urbano-marginales. De repente un día, personas voluntarias empiezan a brindar servicios gratuitos. Atienden, promocionan, protegen y vigilan sin ningún otro interés que el bien común. La vida de ellas da un giro de cien grados: “Para mí ser defensora ha significado dejar atrás los temores, dejar de pensar que la violencia que existía de niña era natural, que yo también era una persona que tenía derechos y obligaciones. Doy gracias a las defensorías comunitarias porque me han servido para ver el sufrimiento de otras personas y que yo las puedo ayudar”, explica la señora Justina.

En el año 2005, se comenzaron a notar ciertos vacíos. Las demandas hacia el servicio así como la complejidad de los casos evidenciaron la necesidad de ampliar el trabajo para llegar a la tan ansiada meta de tener el sistema de administración de justicia que se necesita: uno respetuoso de la pluralidad cultural y sensible a las necesidades de protección de las niñas y mujeres víctimas de violencia.

Por ejemplo, la señora Libertad, defensora comunitaria comenta : “La mujer pone la denuncia, y nuevamente le pegan por denunciarlo. Mientras que pasa al médico legista o a la fiscalía, la golpean nuevamente. Quiere denunciarlo otra vez y la policía no la recibe: ‘Ya te he recibido, ya te he derivado, ya no tienes que venir’, le contestan” .

El año 2006 fue de cambios. Los directivos comunales, las rondas campesinas, los jueces de paz y los defensores comunitarios fueron incorporados, porque sin ellos la cosa no funciona. Sin un trabajo coordinado no puede haber beneficio para las víctimas de violencia.
A las defensoras les costó más de un dolor de cabeza entender todo el proceso. La señora Libertad comenta: “He malogrado informes tres, cuatro veces. Después recién he entendido que hay que recibir y dependiendo del caso, derivar y saber a qué institución derivar. Después hay que hacer seguimiento a la víctima y al proceso”.

Las rutas diversas

No existe una única ruta seguida por las mujeres víctimas de violencia familiar en las zonas rurales cusqueñas. Dependen de si tienen una defensoría cerca y cuán consolidada se encuentre.
En las comunidades con defensorías bien establecidas, que son las más antiguas, se observa mayor articulación entre actores de los sistemas de justicia estatal y comunal. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Huinchiri (distrito de Quehue, provincia de Canas), que cuenta con una defensoría comunitaria desde el año 2003, existe la práctica de reunirse con integrantes de la ronda campesina y con el teniente gobernador para analizar las medidas a tomar ante un caso de violencia familiar. Dependiendo de las particularidades de los casos, se derivan a instancias como el juez de paz o al juez mixto.
En estos lugares, la población tiene más claridad sobre las competencias de las autoridades dependiendo de la gravedad de los casos de violencia y de las funciones que le corresponden a la posta de salud, por ejemplo.
En cambio, en las comunidades campesinas que cuentan con defensorías comunitarias de reciente creación, el nivel de coordinación entre los actores de una misma comunidad es menor, y también la relación entre ellos y los operadores del sistema de justicia estatal.
Todavía en varias, los casos de violencia familiar son resueltos dentro de la familia, y sólo cuando esta no los resuelve, pasan a la asamblea. Prevalece la aplicación del castigo físico como sanción, sobre todo en los casos de reincidencia.
Y respecto de comunidades donde no existe el servicio de defensoría comunitaria, los casos se suelen resolver ahí mismo, con sanciones impuestas por la asamblea, que son a su vez las sanciones más severas (que incluyen expulsión y castigos físicos tales como rampear desnudos). Los directivos de una de ellas, que paradójicamente es la más cercana a las instancias del sistema de justicia estatal, mencionan que no suelen derivar los casos sino que los resuelven ellos mismos en la comunidad.

Al final

El trabajo y la lucha continúa. Se han desarrollado capacidades en los actores comunales de justicia, especialmente en aquellas comunidades donde ha dado frutos el trabajo de promoción de derechos. Si bien los operadores demuestran la voluntad de trabajar coordinadamente los casos que afectan particularmente a las mujeres en las comunidades, constatamos que, en no pocos casos, parten de una concepción errónea acerca de los causales de la violencia y de las consecuencias para las víctimas y sus familias. La defensora María sostiene: “Los varones hacen convencer fácilmente a los juzgados. Allí les creen más a los varones que a las mujeres. Realmente para las mujeres no hay justicia. A veces el juez el fiscal les dicen que tiene la culpa porque como mujer deberían atender”. Esto dificulta que se pueda encontrar solución satisfactoria a las expectativas de esas mujeres que se atreven a denunciar la situación de maltrato que están viviendo.
Por ello es primordial seguir promoviendo espacios de mujeres dentro de la organización de las rondas campesinas y en otras instancias. Asimismo, es necesario seguir buscando y fortaleciendo canales de coordinación y articulación para mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia contra la mujer en las zonas rurales y reforzando el trabajo con los operadores jurídicos del sistema estatal, dado que sus prejuicios hacia la justicia comunitaria constituyen barreras que dificultan y hasta impiden la realización del diálogo en condición de igualdad.

(ver: http://www.revistaideele.com/node/435)