El plan regional de igualdad de oportunidades de Cusco: Implicancias para el sistema de justicia

Fuente: Roxana Vergara Rodríguez
Perú23-04-2009

Esta semana, el Gobierno Regional de Cusco publicó la Ordenanza Nº 051-2009-CR.GRC/CUSCO, del 18 de marzo del presente año, mediante la cual aprueba el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Varones 2009-2015. Esta decisión es una respuesta a las acciones de incidencia y concertación impulsadas desde las organizaciones de la sociedad civil y se enmarca en las disposiciones de la Ley Nº 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (LIO), del 08 de marzo de 2007.

Los planes de igualdad de oportunidades son instrumentos orientados a implementar políticas públicas con equidad de género en todas las instancias y sectores de gobierno. Esto significa que en Cusco, el mencionado Plan deberá tener impacto en las normas, decisiones y políticas de la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas a fin lograr relaciones equitativas entre hombres y mujeres.

En principio, en dos de los seis ejes se establecen lineamientos y acciones que involucran directamente al sector justicia. De un lado, el eje de participación política y ciudadana identifica como un problema central para la equidad de género, las limitaciones en la participación de mujeres en instancias estatales de gobierno. En ese sentido, propone proyectos orientados a la sensibilización y capacitación de autoridades así como la implementación de normas y resoluciones que aseguren cupos para las mujeres en altos puestos.

De otro lado, el eje de violencia hacia las mujeres establece como problemas centrales: 1) Los deficientes y escasos servicios de atención en violencia contra la mujer en zonas rurales y urbano – marginales, el desconocimiento de procedimientos, la poca sensibilidad frente al problema, la corrupción y el poco uso del idioma quechua. Frente a ello, propone proyectos orientados a la mejora de los servicios para la prevención, atención y recuperación de las mujeres víctimas de violencia y el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a operadores de justicia; 2) La discriminación a personas con otra opción sexual, para lo cual se establecen acciones de sensibilización a la población y operadores de justicia para eliminar la discriminación y el establecimiento de normas a nivel regional y local de protección.

Estas propuestas resultan interesantes, en tanto el mencionado plan no sólo ha considerado los problemas de inequidad de género en el acceso a la justicia sino también en el servicio de justicia mismo, es decir, respecto de quienes lo administran. Pero además de las medidas mencionadas, existen otras que también tendrán impacto en el Poder Judicial y que deberán ser determinadas en el diseño mismo de los proyectos propuestos.

Este nuevo panorama plantea tres interesantes desafíos a nivel local: 1) la identificación de las disposiciones relacionadas con el tema de justicia y las medidas concretas que deben tomarse para su implementación; 2) que las instancias implicadas –el gobierno regional y la corte superior de justicia de Cusco y Cotabambas– puedan ejercer el nivel de autonomía, respecto al Estado central, que se requerirá para implementar las medidas; y, 3) la implementación de una adecuada coordinación entre ambas instituciones, sin afectar su independencia. Y este desafío es relativamente complejo en tanto el plan establece como enfoques centrales: género, derechos, interculturalidad e inclusión social. De este modo, se coloca en manos del Poder Judicial la tarea de lograr una justicia más equitativa para mujeres y varones en un contexto particular y complejo como es la región de Cusco. Su ejecución podría resultar una interesante e innovadora experiencia, estaremos al tanto.